RETOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Lo trascendente es más allá de reducir la pobreza, acortar la desigualdad.

Y por fin se designó a la persona que se hará cargo del recientemente creado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que abordará las políticas públicas que más atención ha centrado el actual gobierno inclusive desde la campaña electoral, referida a la lucha contra la pobreza y la desigualdad entre los peruanos. La flamante ministra es la economista Carolina Trivelli Sporke, quien hasta hace poco se desenvolvió como Directora General del Instituto de Estudios Peruanos, la misma que cuenta con una alta experiencia como investigadora en temas de pobreza rural y desarrollo social. Dicha designación se llevó a cabo en la ciudad del Cuzco, aprovechando la primera Sesión de Consejo de Ministros descentralizada la cual ha creado una gran expectativa en la sociedad, que espera se pueda llevar a cabo eficazmente los programas sociales.

Como sabemos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS – administrará los programas Juntos, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), el Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (Pronaa), el Programa Wawa Wasi, además de los nuevos programas creados por este gobierno: Cuna Más y Pensión 65, quedando el Ministerio de la Mujer, como encargado de velar por las políticas públicas principalmente en los temas que tengan que ver con la igualdad de género. Para tales efectos el Gobierno designará inicialmente un presupuesto de S/. Dos mil Millones de soles y se espera que el MIDIS pueda realizar un trabajo coordinado con otros organismos de gobierno como son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y también con la participación de los diversos gobiernos regionales y locales, a fin de que se puedan articular los trabajos enfocados en las políticas sociales.

Tal como podemos apreciar, existe un delineamiento claro de los programas sociales a realizar y sobretodo un compromiso de articular a los demás entes del gobierno, a que sumen a esta ardua tarea de contribuir con la erradicación de la pobreza y eliminar las brechas de desigualdad en nuestro país. Sin embargo un aspecto importante que tiene que tener en cuenta el gobierno es que la eficacia de estos programas sociales pasa por la aplicación de políticas sociales que no sean permanentes, asistencialistas, ni mucho menos clientelistas; sino que por el contrario, la población de extrema pobreza pueda alcanzar la oportunidad de tener mejores condiciones de vida a través de estos programas sociales. En ese sentido el carácter de temporal, es el mejor calificativo que se le puede otorgar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en virtud de que los peruanos que viven en la extrema pobreza, no pueden seguir sobreviviendo en esas condiciones, pero a su vez, tampoco pueden pasar toda su vida dependiendo de estos programas sociales sin buscar una integración verdadera al sistema social y económico de nuestro país.

Un caso emblemático de cómo NO se deben aplicar las políticas sociales, es lo que sucede en nuestro país hermano de Ecuador, el mismo que cuenta también con un Ministerio de Inclusión Social promovido por el Presidente Rafael Correa, el cual curiosamente en vez de reducir la pobreza, la ha aumentado pese a contar con dicha cartera ministerial; y esto se demuestra con el incremento de la pobreza en dicho país que bordea el 35% y la extrema pobreza que estaría sobrepasando el 30%. Asimismo con el objeto de mantener una “alta popularidad” entre la población, su enfoque se ha basado en promover la inversión social en salud entre los ecuatorianos, transfiriendo cinco mil millones de dólares en lo que va de su gestión, con lo cual bajo ese régimen asistencialista, pretende tener asegurado el apoyo de los más pobres que seguirán siendo pobres, porque no conviene que salgan de esa situación.

Por otro lado, otro factor que paradójicamente se encarga de “excluir” a la población ecuatoriana es el aumento excesivo de la burocracia, la cual al puro estilo populista del primer gobierno del Apra, han pasado de 15 a 37 ministerios en lo que va del gobierno del Presidente Correa, es decir 22 ministerios de más que se traduce en 100 mil nuevas personas que han entrado al aparato burocrático, con lo cual no solamente traba la burocracia, sino que también extiende las brechas de desigualdad, a través de los altos salarios de sus funcionarios, los cuales están excesivamente por encima del millón doscientos mil pobres en Ecuador que viven con menos de un dólar al día.

Así como en Ecuador, la desigualdad sigue manteniéndose en auge a nivel mundial; ya sea en gobiernos populistas de dizque “izquierda” que promueven el asistencialismo y el clientelismo en sus países y que solamente adormecen el hambre con dádivas periódicas que buscan tener coaptadas a la población aprovechándose de su situación; como también de gobiernos liberales que se han centrado en promover un capitalismo abusivo, dejando que el libre mercado ordene las cosas sin tener el más mínimo interés por parte del gobierno de afrontar problemas de Estado como son la educación, la salud y el trabajo. Esa falta de intervención del Estado, es lo que ha erosionado actualmente en la marcha de los “indignados” por toda Europa y en los Estados Unidos, con lo cual se demuestra que países capitalistas por excelencia, hoy sufren del embate de sus propios pueblos, producto de su excesivo apego a los grupos económicos y sus políticas neoliberales, dejando de lado su papel como Estado regulador y promotor del desarrollo económico y social de sus sociedades. 

Bajo esa perspectiva, considero que nosotros debemos de trazar nuestro propio camino en lo que se refiere a políticas sociales; concientizándonos en primer lugar que el MIDIS no es un fin, sino un medio para buscar la igualdad de los peruanos, teniendo como uno de sus objetivos reducir la pobreza y la extrema pobreza, pero bajo un criterio responsable que busque integrar a estas personas a la actividad económica y social en un corto y mediano plazo. Estamos en una situación económica como país muy propicia para llevar a cabo estos propósitos, es el momento de empezar a acortar las brechas de desigualdad, promoviendo desde el Estado el aprovechamiento de los recursos provenientes de las inversiones en Educación, Salud y sobretodo en la búsqueda de proyectos productivos que integren al mercado laboral a las nuevas generaciones brindándoles la oportunidad de crecer en igualdad de condiciones, siendo para eso importante también la labor que cumplan los gobiernos regionales y locales en esta primera etapa de búsqueda de la inclusión social y paralelamente ir trabajando en el aspecto productivo dentro de sus respectivas jurisdicciones.

LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS DE CACHICHE

Así como en el futbol, el Congreso “no se mancha”.

Y al parecer este mal endémico de un desprestigiado Congreso no tiene cuando acabar. Cuando recién estábamos terminando de asimilar las denuncias hechas a la congresista “roba cable” y procesando la larga lista emitida por la Fiscalía de la Nación de actuales congresistas con procesos judiciales en pleno proceso de investigación mencionadas esta semana por el Presidente del Congreso Daniel Abugattas; se suma el reciente escándalo propiciado por el mismísimo segundo vicepresidente de la república y actual congresista Omar Chehade, quien en un acto de completa irresponsabilidad, se ha visto envuelto en un nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias en donde estarían implicados también miembros de la Policía Nacional del Perú.

Este nuevo revuelco salió a la luz a raíz de una investigación realizada por el IDL Reporteros, quienes informaron que habrían participado de una cena realizada en el conocido restaurante miraflorino “Las Brujas de Cachiche”, por un lado el congresista Omar Chehade con su hermano y un primo, y por el otro lado, un grupo de generales de la PNP, entre los que figuraban el actual director Raúl Salazar acompañado de los otros generales Abel Gamarra y Guillermo Arteta. Este tipo de reuniones, si bien es cierto no están prohibidas legalmente, si van contra la ética y transparencia que deben mantener las autoridades, para que puedan realizar reuniones en lugares adecuados como los respectivos despachos y oficinas institucionales, evitando así toda forma de malinterpretación por parte de la sociedad.

Al margen de este acto irresponsable reconocido también por el implicado principal Omar Chehade, se suma la denuncia propalada por el general Guillermo Arteta, quien aduce que fue citado a dicha reunión para que pueda encargarse del desalojo en Andahuasi con el fin de que la familia Wong tome posesión de la empresa azucarera que hace bastante tiempo se encuentra en un litigio judicial utilizando la policía para claramente favorecer a un grupo empresarial. Asimismo se agrega a la denuncia que, al no haber aceptado el general Arteta dicha proposición, fue pasado al retiro dentro de la reciente purga policial; por el contrario el General Salazar, al mostrarse más dispuesto a los requerimientos del segundo vicepresidente, fue promovido como nuevo Director de la PNP; con lo cual estaríamos frente a un evidente delito de tráfico de influencias, lo cual podría desencadenar luego de realizadas las investigaciones pertinentes, en un desaforo del congresista Chehade y su posterior apertura de proceso penal.   

Como se podrá recordar, el control jurídico de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA, se encuentra en una maraña jurídica en donde tres grupos económicos afirman ser los verdaderos  dueños de la empresa, entre ellos se encuentran, el Sindicato de trabajadores quienes actualmente cuentan con la administración judicial de esta empresa; el Grupo Bustamante quienes están reconocidos actualmente por la SUNARP como miembros del directorio, y el Grupo Wong, implicado también en este escandaloso episodio de gobierno, quienes al amparo de  CONASEV, fueron reconocidos también como parte del directorio de este gran laberinto jurídico. Es en este escenario, en donde innecesariamente representantes del gobierno, por cuenta propia meten sus narices y consecuentemente son cuestionados por sus malas prácticas y aparente parcialidad en procesos jurídicos en los cuales nada tiene que hacer.

Felizmente, el Gobierno ha tenido reflejos rápidos al tratar este delicado tema y tanto el Presidente del Congreso como el Presidente de la República han salido a manifestar su completo apoyo a las investigaciones pertinentes, dentro de un Estado de Derecho que jurídicamente respalda la inocencia del investigado hasta que se demuestre lo contrario. Por lo que es una muestra de que no se pretende blindar a las autoridades, por más que estas provengan del oficialismo las cuales deben ser sometidas a los procesos de investigación, ya sean a través del propio Congreso de la República, como también del Ministerio Público; en ese sentido, vemos que no hay un respaldo a la persona, como en anteriores gobiernos se ha hecho, por el contrario no se pretende avalar ninguna irregularidad, teniendo que asumir la responsabilidad de sus actos el congresista Chehade, si es que estos dan a lugar su culpabilidad.

Algo que tenemos que tener en claro, es que los anteriores escándalos como estos recientes actos intolerables y bochornosos protagonizados por nuestros actuales congresistas, tanto en sus legajos de vida con los que entraron al Congreso, como en su comportamiento posterior a su juramentación como tales, debe llevarnos a la reflexión de que la institución, como lo parafraseó en su oportunidad el jugador argentino Diego Maradona, “no se mancha”. Es decir, que los peruanos debemos defender la institucionalidad del Congreso de la República, sobre todas las cosas porque forma parte de nuestra esencia democrática. Esto lo menciono a raíz de las desafortunadas declaraciones del hermano del Presidente, Ulises Humala quien señaló que el Gobierno si decide cerrar el Congreso, sería aplaudido por la opinión pública, comparando el actual parlamento con el que cerró Fujimori en el autogolpe de 1992.

Esta posición del mayor de los Humala es inaceptable, y atenta contra la democracia, por lo que los peruanos debemos rechazarla contundentemente, respaldando por el contrario el Estado de Derecho en el que vivimos y que hemos recuperado después de más de una década de dictadura fujimontesinista. En ese entender, necesariamente el cuestionamiento más allá de la calidad de congresistas que tenemos, porque el problema ya está enquistado; debe trascender y centrarse en las reformas urgentes que deben propiciarse en el ámbito electoral por medio de la modificación del sistema de partidos políticos que actualmente tenemos, fortaleciendo por un lado la Ley de Partidos Políticos y los filtros que estos deben realizar al momento de exponer ante la ciudadanía sus candidatos a cargos públicos, y por otro lado, la atención que le tome la Comisión de Constitución del Congreso ante la propuesta del JNE para eliminar el voto preferencial a fin de promover la consolidación partidista, pero la cual debe implicar también el fortalecimiento de los partidos en sus elecciones internas a fin de garantizar la selección de sus mejores cuadros, pero sin favoritismo ni elitismo.

EL PERIODISMO Y LA DELGADA LINEA ROJA

El equilibrio que se debe mantener entre informar y difamar.

Del 14 al 18 de este mes se llevó a cabo en la ciudad de Lima, la sexagésima sétima asamblea general organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP (entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas), la misma que estuvo dedicada a tratar temas como el análisis de los adelantos tecnológicos y cibernéticos en la industria del periodismo, la violencia contra la prensa en el continente y por ahí un tema filtrado dada nuestra coyuntura nacional, referente a la despenalización de los delitos de prensa.

Esta asamblea coincide con los problemas que viene sufriendo la prensa peruana, sobretodo la que se rige fuera de Lima, a través de los constantes abusos a los que son sometidos periodistas independientes los mismos que son perseguidos judicialmente para callar su voz y buscar que sus investigaciones queden en el aire. Un caso emblemático es el del periodista de Pucallpa Paul Garay, quien ha sido puesto en la cárcel por un Fiscal a quien llamó “enano erótico”, en lo que se puede considerar como un exceso de la administración de justicia, puesto que el juzgamiento se realizó sin respetar el debido proceso y en una evidente venganza personal contra el periodista a quién todavía no se le ha demostrado culpabilidad alguna.

Por otro lado, casos como el mencionado anteriormente, si bien es cierto son merecedores del repudio de la sociedad debido al abuso de la autoridad. También existen otros casos por ejemplo de abuso del “periodismo” el cual lo vemos a diario en titulares noticiosos y portadas de diarios y revistas; el mismo Presidente Humala en la inauguración de la asamblea general del SIP, manifestó que había sido víctima (y somos testigos los peruanos) de una campaña de demolición orquestada por diversos medios de comunicación, los cuales inclusive contrataron específicamente comunicadores para que de forma parcializada y sistematizada lo ataquen, violando todo ejercicio responsable del periodismo y asimismo trayendo abajo dentro de plena campaña electoral, toda ética y decencia periodística persuadida por intereses económicos evidentes.

Es decir que el comportamiento reprochable no proviene tan solamente por parte de jueces y malos políticos, sino que hay que tener en cuenta y ser objetivos, en que también existen malos periodistas y es allí donde se centra el debate. Por un lado la autoridad considera que se debe castigar severamente y hasta con cárcel, a los periodistas que incurran en delitos de difamación, calumnia o injuria y asimismo en respuesta los periodistas piensan que estas medidas son excesivas y por el contrario se deben despenalizar los delitos de prensa, evitando así que exista alguna forma de censura que afecte la libertad de expresión.

Observando este panorama y queriendo llegar a una reflexión, cuáles serían las acciones que representan los extremos dentro de este debate separado por una delgada línea roja entre lo que es informar y lo que significa difamar por parte del periodismo.

Por un lado el SIP manifiesta que existen dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro continente, estos son: el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. En ambos casos la libertad de expresión, se ve restringida y limitada debido a que los dos persiguen un mismo fin que es controlar la información, ya sea por medio del asesinato de periodistas para que no difundan más investigaciones de los delitos de las mafias, o en todo caso la prisión o amordazamiento para periodistas que investiguen hechos de corrupción en los gobiernos autoritarios ajenos a la democracia.

Dentro de los países que más destacan en cuanto a problemas con la prensa tenemos: Argentina, el cual a través de organismos públicos pretende premiar u hostigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial y en un acto completamente ilegal, controlar el insumo de papel que utilizan los medios gráficos declarándolos de interés nacional. Bolivia, con la promulgación de dos leyes que amenazan cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Ecuador, con la propuesta de endurecer las penas por delitos de injuria sobretodo si afectan autoridades, lo cual viene ocasionando una autocensura de la prensa por temor a las represalias del gobierno y las consecuencias legales. México, considerado el país latinoamericano más peligroso y violento para ejercer el periodismo, contando en lo que va del año con cinco periodistas asesinados por los carteles de las mafias. Venezuela, en donde los mecanismos de censura son ejercidos de forma indirecta por parte del gobierno evitando que los medios ajenos al Presidente Chávez recurran a fuentes claves para realizar sus investigaciones.

Por otro lado, la sociedad y autoridades que se desenvuelven dentro de un juego democrático también cuestionan y condenan muchas veces el accionar de los medios de comunicación los cuales más se parecen a relacionistas públicos de los grupos económicos del país o del gobierno de turno que beneficia sus intereses económicos. Esto lo pudimos observar claramente en la campaña presidencial pasada, cuando se intentaba desprestigiar por todos los medios a una candidatura que representaba un cambio en la sociedad a nivel económico y social, ya sea contratando sicarios políticos para demolerlos o en su defecto, despidiendo periodistas independientes que defienden la pluralidad, objetividad e imparcialidad. En ese sentido entiendo que lamentablemente muchas veces existe una necesidad de relación comercial entre el gobierno de turno o anunciantes privados que solventan de alguna forma al medio de comunicación, pero eso no significa que se deba perder o vulnerar la verdadera libertad de expresión bajo un dicho popular que dice “caiga quien caiga” sin importar el “corazoncito” o en muchos casos el bolsillo.

Finalmente como podemos apreciar, existe un entrampamiento de índole legal, social y hasta moral los cuales deben de superarse por el bien de la verdadera libertad de prensa, en donde si bien es cierto lo que menciona el SIP en cuanto a que la prensa no es perfecta, pero un gobierno no puede calificarla, también es cierto que la autorregulación y la ética, constituyen las principales herramientas para un periodismo plural y objetivo. Es en ese equilibrio sin mordaza, pero también con responsabilidad por parte de los medios de comunicación para proteger más allá de la noticia, los derechos del honor y la privacidad de las personas, como debe realmente llevarse a cabo.

EL PERIODISMO Y LA DELGADA LINEA ROJA

El equilibrio que se debe mantener entre informar y difamar.

Del 14 al 18 de este mes se llevó a cabo en la ciudad de Lima, la sexagésima sétima asamblea general organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP (entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas), la misma que estuvo dedicada a tratar temas como el análisis de los adelantos tecnológicos y cibernéticos en la industria del periodismo, la violencia contra la prensa en el continente y por ahí un tema filtrado dada nuestra coyuntura nacional, referente a la despenalización de los delitos de prensa.

Esta asamblea coincide con los problemas que viene sufriendo la prensa peruana, sobretodo la que se rige fuera de Lima, a través de los constantes abusos a los que son sometidos periodistas independientes los mismos que son perseguidos judicialmente para callar su voz y buscar que sus investigaciones queden en el aire. Un caso emblemático es el del periodista de Pucallpa Paul Garay, quien ha sido puesto en la cárcel por un Fiscal a quien llamó “enano erótico”, en lo que se puede considerar como un exceso de la administración de justicia, puesto que el juzgamiento se realizó sin respetar el debido proceso y en una evidente venganza personal contra el periodista a quién todavía no se le ha demostrado culpabilidad alguna.

Por otro lado, casos como el mencionado anteriormente, si bien es cierto son merecedores del repudio de la sociedad debido al abuso de la autoridad. También existen otros casos por ejemplo de abuso del “periodismo” el cual lo vemos a diario en titulares noticiosos y portadas de diarios y revistas; el mismo Presidente Humala en la inauguración de la asamblea general del SIP, manifestó que había sido víctima (y somos testigos los peruanos) de una campaña de demolición orquestada por diversos medios de comunicación, los cuales inclusive contrataron específicamente comunicadores para que de forma parcializada y sistematizada lo ataquen, violando todo ejercicio responsable del periodismo y asimismo trayendo abajo dentro de plena campaña electoral, toda ética y decencia periodística persuadida por intereses económicos evidentes.

Es decir que el comportamiento reprochable no proviene tan solamente por parte de jueces y malos políticos, sino que hay que tener en cuenta y ser objetivos, en que también existen malos periodistas y es allí donde se centra el debate. Por un lado la autoridad considera que se debe castigar severamente y hasta con cárcel, a los periodistas que incurran en delitos de difamación, calumnia o injuria y asimismo en respuesta los periodistas piensan que estas medidas son excesivas y por el contrario se deben despenalizar los delitos de prensa, evitando así que exista alguna forma de censura que afecte la libertad de expresión.

Observando este panorama y queriendo llegar a una reflexión, cuáles serían las acciones que representan los extremos dentro de este debate separado por una delgada línea roja entre lo que es informar y lo que significa difamar por parte del periodismo.

Por un lado el SIP manifiesta que existen dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro continente, estos son: el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. En ambos casos la libertad de expresión, se ve restringida y limitada debido a que los dos persiguen un mismo fin que es controlar la información, ya sea por medio del asesinato de periodistas para que no difundan más investigaciones de los delitos de las mafias, o en todo caso la prisión o amordazamiento para periodistas que investiguen hechos de corrupción en los gobiernos autoritarios ajenos a la democracia.

Dentro de los países que más destacan en cuanto a problemas con la prensa tenemos: Argentina, el cual a través de organismos públicos pretende premiar u hostigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial y en un acto completamente ilegal, controlar el insumo de papel que utilizan los medios gráficos declarándolos de interés nacional. Bolivia, con la promulgación de dos leyes que amenazan cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Ecuador, con la propuesta de endurecer las penas por delitos de injuria sobretodo si afectan autoridades, lo cual viene ocasionando una autocensura de la prensa por temor a las represalias del gobierno y las consecuencias legales. México, considerado el país latinoamericano más peligroso y violento para ejercer el periodismo, contando en lo que va del año con cinco periodistas asesinados por los carteles de las mafias. Venezuela, en donde los mecanismos de censura son ejercidos de forma indirecta por parte del gobierno evitando que los medios ajenos al Presidente Chávez recurran a fuentes claves para realizar sus investigaciones.

Por otro lado, la sociedad y autoridades que se desenvuelven dentro de un juego democrático también cuestionan y condenan muchas veces el accionar de los medios de comunicación los cuales más se parecen a relacionistas públicos de los grupos económicos del país o del gobierno de turno que beneficia sus intereses económicos. Esto lo pudimos observar claramente en la campaña presidencial pasada, cuando se intentaba desprestigiar por todos los medios a una candidatura que representaba un cambio en la sociedad a nivel económico y social, ya sea contratando sicarios políticos para demolerlos o en su defecto, despidiendo periodistas independientes que defienden la pluralidad, objetividad e imparcialidad. En ese sentido entiendo que lamentablemente muchas veces existe una necesidad de relación comercial entre el gobierno de turno o anunciantes privados que solventan de alguna forma al medio de comunicación, pero eso no significa que se deba perder o vulnerar la verdadera libertad de expresión bajo un dicho popular que dice “caiga quien caiga” sin importar el “corazoncito” o en muchos casos el bolsillo.

Finalmente como podemos apreciar, existe un entrampamiento de índole legal, social y hasta moral los cuales deben de superarse por el bien de la verdadera libertad de prensa, en donde si bien es cierto lo que menciona el SIP en cuanto a que la prensa no es perfecta, pero un gobierno no puede calificarla, también es cierto que la autorregulación y la ética, constituyen las principales herramientas para un periodismo plural y objetivo. Es en ese equilibrio sin mordaza, pero también con responsabilidad por parte de los medios de comunicación para proteger más allá de la noticia, los derechos del honor y la privacidad de las personas, como debe realmente llevarse a cabo.

LA SOCIEDAD, EL CONGRESO Y SUS “PARALAMENTARNOS”

Para que huir por mis delitos, si puedo postular al Congreso.

Si la gastronomía, nuestro turismo, artistas e intelectuales y hasta nuestro deporte, son razones por las cuales los peruanos nos llenamos de orgullo, pasa todo lo contrario cada vez que nos referimos a la política y sobre todo si mencionamos al Congreso de la República. Y es que dicha vergüenza nacional que sentimos todos, no pasa exclusivamente por catalogar así al Congreso como institución, sino que el repudio se basa en los ciudadanos que conforman dicha institución y que cada cinco años vienen con un prontuariado nuevo y se convierten en actores mediáticos no por su labor legislativa, sino por sus escándalos en el ejercicio de sus funciones o peor aún, debido a sus antecedentes policiales y penales que pretenden “limpiar”, postulando y llegando al Parlamento.

Y es que cuando se pensaba que había sido un mal y aislado episodio el sufrido hace apenas un mes, al enterarnos los peruanos que contábamos nuevamente entre nosotros, a padres de la patria que responden a los “alias” de: comeoro, proxeneta, contaminador y otros personajes más; se suma esta semana a través de una investigación periodística, la ahora llamada “robacable”, nos referimos a la congresista Celia Anicama Ñañez de Gana Perú, quien es propietaria de un negocio ilícito de pirateo de TV por cable, el cual pone a disposición señal robada a sus clientes en la ciudad de Pisco, por tan solo la “módica” suma de treinta nuevos soles; y que además de eso, tenía como negocio un Pub que servía como fachada para el ejercicio de la prostitución en dicha ciudad. Que tal “trayectoria” la que acompaña a nuestros actuales congresistas, y eso que vamos tan solo tres meses de gobierno.

Pero eso no es todo, todas estas denuncias la mayoría de ellas periodísticas, ha desencadenado en que el propio Ministerio Público, exponga ante la presidencia del Congreso, una lista en la cual once legisladores tienen investigaciones y procesos abiertos ante la justicia antes de que estos juramentaran como tales, entre ellos se encuentra el congresista por Moquegua Vicente Antonio Zeballos Salinas de Solidaridad Nacional, quien fuera acusado por Delito contra la fe pública ante la Segunda Fiscalía Superior de Moquegua, a quien lamentablemente para vergüenza de sus votantes es conocido hoy en día a través de los medios de comunicación como el popular “comechifa”.

Un dato que hay que resaltar es que la mayoría de estos once legisladores (es decir los que no fueron reelectos) investigados por el Ministerio Público, fueron acusados antes de ser congresistas, por lo que no podrán ampararse por medio de la famosa y desprestigiada inmunidad parlamentaria y asimismo tendrán que responder a los interrogatorios correspondientes sin necesidad de que el Legislativo les retire su “blindaje impunitivo”. Por otro lado, tendrán que responder también frente a la reciente conformada Comisión de Ética presidida por el Pastor Humberto Lay, para que proceda a examinar las sanciones correspondientes que pueden finalizar hasta en 120 días de suspensión. 

Estos once congresistas señalados por el Ministerio Público, ahora bautizados por este columnista como “PARALAMENTARNOS” peruanos, no son los únicos que deberían estar en la lista negra entregada a la Presidencia del Congreso, puesto que no estarían inmersos además de la señora “robacable”, otros siete congresistas más que son investigados por delitos de Peculado Doloso, Narcotráfico, Falsedad Ideológica, Defraudación Tributaria, Tráfico de Influencias, y otras acusaciones que podrían fácilmente completar un Código Penal. A razón de eso, si sumamos los casos en la Fiscalía y en el Poder Judicial, además de los denunciados por la prensa, los PARALAMENTARNOS investigados por distintos delitos llegan en total a cuarenta y dos, y eso que como mencione anteriormente, recién estamos empezando por lo que estaríamos a puertas de confirmar la leyenda de que cada vez tenemos un congreso peor que el anterior.

Pero haciendo un análisis en frío pasando de la indignación y la resignación a la reflexión; sobre quien recaería la responsabilidad de enviar al Congreso a cada impresentable muy aparte de nosotros por supuesto como ciudadanía; pienso que los partidos y movimientos políticos tienen aún mucha más responsabilidad, y esto debido a que por un lado como lo señaló @alvarezrodrich, el método de reclutamiento de las listas de candidatos, privilegia el dinero aportado al financiamiento de la campaña electoral, y esto lo podemos ver claramente reflejado en que la mayoría, por no decir todos los PARALAMENTARNOS cuestionados, son personas adineradas que aprovechándose de sus muchas veces ilícitos negocios, despliegan una gran cantidad de recursos que son bien recibidos por el movimiento político que los acoge, para que sin ningún reparo los coloquen preferencialmente en sus listas, sin antes realizar una revisión sanitaria de los legajos de vida de estos personajes, y peor aún que logrado el objetivo de llegar al Congreso, se colocan en comisiones que favorecen directamente sus respectivos negocios.

Por otro lado, está la responsabilidad del propio Congreso, que no realiza las reformas necesarias en la Ley de Partidos Políticos, para replantear la forma de hacer política y prever los mejores mecanismos de financiamiento de las campañas electorales, y esto debido a que son los propios congresistas los que se vienen beneficiando de este deplorable e inexistente sistema de partidos políticos. Por lo que finalmente comparto la opinión del Congresista Galarreta, en cuanto al debate que debe propiciarse en el Pleno del Congreso, a fin de establecer como mecanismo de castigo a los partidos y movimientos políticos, con la pérdida de un escaño congresal por cada congresista perteneciente a sus filas y que fuera desaforado. Esa podría ser una medida preventiva y/o en todo caso correctivo, a fin de que los partidos políticos asuman la responsabilidad de llevar al Congreso de la República algún proxeneta, ladrón o narcotraficante.

LOS INDIGNADOS Y EL DECLIVE MUNDIAL DEL CAPITALISMO

Reducción de la Pobreza no significa reducción de la desigualdad

La epidemia de los “indignados” se extiende desde Europa y los Estados Unidos, y su propagación que en un principio se vio como una amenaza, hoy es un hecho y esto lo vemos reflejado en América Latina, a raíz de las manifestaciones estudiantiles tanto en Chile, como las recientemente sumadas en Colombia y a lo que se integran protestas y marchas en los demás países latinoamericanos, ante un sistema económico mundial que ha ocasionado una profunda brecha de desigualdad, resquebrajando las sociedades de muchos países sin distinción alguna.

Pero qué son realmente los “indignados”, es acaso una movida social que se ha puesto de moda recientemente a nivel mundial. Por supuesto que no. Esta problemática que hoy se refleja en los “indignados”, es más bien una respuesta y/o consecuencia de una cruel política socioeconómica capitalista impuesta por muchos gobiernos a los largo de estos años, la cual se ha visto más evidenciada a raíz de la crisis económica mundial, la cual ha provocado que la gente sea más consciente de que necesitamos cambiar profundamente el sistema capitalista, porque se necesita más justicia e interés para que las personas sean más iguales.

En el mundo entero, la palabra que hoy mueve más fuertemente que nunca y sobretodo está uniendo a los jóvenes es sin duda la “igualdad”. En Europa se ha iniciado esta corriente en España, en donde decenas de miles de jóvenes españoles ocuparon desde el 15 de mayo pasado, las plazas de unas sesenta ciudadades del país para protestar contra el desempleo y las severas medidas de austeridad impuestas por su gobierno. Este movimiento se ha transformado en toda una epidemia contagiando a los jóvenes de otros países como Grecia, Francia, Alemania, Bélgica e Italia, quienes también se ven afectados por un elevado desempleo y sin perspectivas claras de futuro por parte de sus gobiernos.

Una característica de estás marchas son la utilización de las nuevas tecnologías, como el internet, los mensajes de texto y las redes sociales, las cuales han favorecido para la propagación de los movimientos juveniles en protesta en Europa y que ha permitido extenderse al resto del mundo a la velocidad de la luz. Por otro lado el agua y la comida están gratuitamente a disposición de los manifestantes, en donde algunos jóvenes se entretienen en talleres y otros voluntarios informan de los incidentes a los periodistas.

Claras evidencias de que esta corriente ha pasado de ser una ola para convertirse en un Tsunami, son casos como por ejemplo en Grecia, otro país que como España está sumergido en una profunda crisis económica y social, lo cual ha propiciado que unas cuarenta mil personas en su mayoría jóvenes invadan hace unas semanas la plaza Syntagma frente al Parlamento griego, en protesta tras el anuncio de su primer ministro Georges Papandreu acerca del endurecimiento del plan de austeridad nacional combinado con privatizaciones que arrastran nuevas medidas de ajustes. En Francia, sucede lo mismo, la cantidad de “indignados” aumenta hora tras hora, reclamando un “Democracia Verdadera Ahora” en vista de que esta democracia ha sido secuestrada por los mercados financieros hace muchos años, desmantelando los servicios públicos, la educación, la salud, las jubilaciones, etc. Los jóvenes belgas también salieron a protestar en el corazón de Bruselas, ciudad simbólica por ser la sede de la Unión Europea. También hubo protestas en Italia, Alemania y Portugal, otro país gravemente afectado por la crisis.  

Estados Unidos tampoco ha sido ajeno a este problema mundial, por el contrario el conjunto de “indignados” en este gigante país crece también de manera exorbitante, siendo las ciudades que más han sido tocadas por este fenómeno New York y Washington bajo el lema “Toma a Wall Street”, en donde ciudadanos se vuelcan a las calles protestando contra la avaricia de los bancos y las corporaciones, y contra el sistema político que los ha socorrido en sus operaciones en las medidas dispuestas cuando ocurrió la primera crisis financiera en los Estados Unidos.

Por otro lado, América Latina desde hace semanas también vive particularmente su contexto de protestas, siendo las más notables en Chile y ahora Colombia, en donde las movilizaciones universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema de desigualdad, buscando con eso terminar con el manejo abusivo de la educación como un instrumento de lucro y por el contrario ubicar la educación como un derecho que el Estado debe garantizar permitiendo el desarrollo de capacidades y las oportunidades para todos. Es un abuso que los estudiantes de universidades públicas en dicho país, tengan que pagar por sus estudios, de cuestionada calidad a través de créditos que deben cancelar terminados sus estudios y con los intereses comerciales adicionados.

Asimismo, el Perú también se encuentra inmerso dentro de este problema mundial, en vista de que por muchos años ha optado por este modelo de crecimiento económico, mercado libre, apertura total, reducción de pobreza, estabilidad política, etc. Es por eso que tenemos que tener en claro, ahora que estamos tomando un nuevo rumbo como país a través de un gobierno que tiene como bandera la inclusión social, que esta no pasa exclusivamente por reducir la pobreza, la cual es necesaria, pero que el enfoque debe estar en acortar las brechas de desigualdad que marcan a la sociedad peruana. Las políticas sociales deben  ser más participativas e inclusivas. Esto quiere decir, como lo señala el Profesor Carlos Figueroa, en convertir a la población beneficiaria en un actor de su desarrollo y no en un sujeto pasivo atento a la caridad del Estado o de alguna empresa privada, la cual más bien debe convertirse en socio estratégico de las comunidades donde opera, con lo que se ingresaría a un proceso donde la cogestión y la corresponsabilidad se abren paso frente a las políticas asistencialistas o clientelistas pasivas que se deben desterrar. Sino nuestros “indignados” estarían por brotar en cualquier momento.

NARCOTRAFICO EN EL PERU: ¿DISCUSIÓN DE IDEAS O PERSONAS?

La desastrosa situación social, política y policial en las zonas cocaleras

Al parecer el tema puesto en discusión hace semanas sobre la permanencia de Ricardo Soberón como Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas (Devida), ha quedado a un lado, el especialista en temas sobre narcotráfico y cultivo ilegal de hoja de coca se mantiene en el cargo, respaldado fuertemente desde el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros como de la Presidencia de la República. Pero ese debate sobre si se quedaba o no en el puesto, era acaso realmente lo relevante. Al parecer no, puesto que el problema del narcotráfico y el cultivo ilegal de la hoja de coca sigue creciendo exorbitantemente en nuestro país, en donde la solución al parecer no dependería sobre qué persona dirige esta iniciativa de erradicación, sino en el plan conjunto de ideas que se tomen para acabar con este problema enquistado en nuestra sociedad hace muchos años y que al parecer no tiene cuando acabar.

Estuve viendo hace unos días en un informe preparado por un programa periodístico, que el crecimiento de las zonas cocaleras había sobrepasado abruptamente todo límite de control por parte del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), el mismo que no se abastecía para poder erradicar los cultivos ilícitos los cuales se habían multiplicado en pocos meses en diversas zonas, pese a que en anteriores oportunidades habían sido previamente controlados por dicha autoridad, siendo los propios pobladores los que contraviniendo las disposiciones de erradicación, estaban volviendo a sembrar en demasía la hoja de coca, sobrepasando el límite de lo permitido y de utilización lícita.

Por lo que ante dicha situación, cuál es el contexto actual que se vive en estas zonas cocaleras ubicadas en la selva peruana, pues como lo mencioné anteriormente, está fuera de control. Por poner un ejemplo, en el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt ubicado en el departamento de Ucayali, el cual está destinado para fines de estudio forestal, hace ya buen tiempo, producto de la indolencia de sucesivos gobiernos de turno, las mafias de la droga vienen incentivando a los campesinos de Aguaytía perteneciente a la Provincia ucayalina del Padre Abad, a arrasar con miles de árboles desforestando dicho parque, utilizando luego los terrenos para sembrar coca, no la de uso tradicional, sino la que está destinada para el narcotráfico. Convirtiendo a Aguaytía en uno de los principales lugares a nivel nacional de producción de coca con aproximadamente tres mil quinientas hectáreas de hoja de coca, las cuales son entregadas para actividades ilícitas. La situación en dicho lugar es tan caótica que en solo tres semanas, tanto el CORAH como la DIRANDRO encontraron y destruyeron cincuenta y tres pozas de maceración de droga.

Pero eso no es todo, ya que el Estado no solamente tiene que confrontar el problema del narcotráfico, sino que también existe un problema social en dicha comunidad, la misma que hace unas semanas bloqueó carreteras, alzando su voz de protesta frente a la erradicación que viene realizando el gobierno, la cual consideran abusiva, puesto que están atentando contra su integridad, su economía y hasta con su cultura misma, la cual es chacchar el producto que ellos cultivan. Pero qué tanto de cierto tienen estas protestas o que grado de responsabilidad podríamos derivar por un lado a los productores cocaleros y por el otro al gobierno.

En el caso de los cocaleros, señalan que principalmente derivan su producto para tres fines, el primero es la venta que realizan a la Empresa Nacional de Coca (ENACO), la cual compra su producto el mismo que vendría a ser sembrado para uso permitido o lícito; el segundo es para su consumo propio, lo cual en cierta parte es cuestionado puesto que a veces superarían los límites normales de consumo, y un tercero que si es completamente cuestionable, el que derivan a la venta dentro de un mercado que dicen ellos, se mueve de acuerdo a la oferta y demanda, en donde el kilo de hoja de coca suele costar alrededor de diez soles, a comparación de los dos soles que reciben de ENACO, convirtiéndose este cultivo en ilegal puesto que es obvio que la venta que realizan es para el narcotráfico, sobretodo teniendo en cuenta indicadores que muestran una relación entre los cultivos excesivos de hoja de coca y los pozos de maceración que se encuentran en dicho lugar.

Por otro lado el Gobierno más allá del control y erradicación que viene realizando en las zonas cocaleras, puede acaso realizar algo más en el aspecto social, pues considero que sí, puesto que existen muchas zonas aledañas a Aguaytía que anteriormente vivían de los “excedentes” de su producción legal vendida a ENACO, la cual como sabemos era utilizada ilícitamente, pero que ahora debido a la presión y prohibición del Estado, se dedican a cultivar otra clase de productos como el cacao, hierbas medicinales y algunos frutos, pero tales iniciativas no vienen siendo apoyadas por el Estado, y eso se demuestra con una falta de inversión en la comercialización de dichos productos, la falta de carreteras que permitan trasladarse a los productores, la búsqueda de mercados específicos, etc. Es decir una serie de deficiencias estatales que solo hacen que el campesino se desaliente y sea nuevamente “animado” por el narcotraficante para la producción de la hoja de coca, siendo esta más productiva, rentable y que no implica mucha inversión.

Entonces frente a este problema, se podría acaso concluir fríamente que los pobladores son los propiciadores del narcotráfico en nuestro país contraviniendo las normas de control; pues considero que no. El problema real pasa por una inexistente planificación del Estado el cual no solamente se debe dedicar a erradicar el cultivo de hoja de coca, sino a promover el cultivo alternativo de otras especies que sean rentables, pero que a su vez puedan ser insertadas en un mercado específico ya sea nacional o internacional. Solo bajo un planteamiento serio e integral que no se base solo en erradicar plantita por plantita y que a los tres meses vuelve a producirse, podrá al menos combatirse este mal que nos ha convertido junto a Colombia en los principales productores de hoja de coca ilegal del mundo.