El equilibrio que se debe mantener entre informar y difamar.
Del 14 al 18 de este mes se llevó a cabo en la ciudad de Lima, la sexagésima sétima asamblea general organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP (entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas), la misma que estuvo dedicada a tratar temas como el análisis de los adelantos tecnológicos y cibernéticos en la industria del periodismo, la violencia contra la prensa en el continente y por ahí un tema filtrado dada nuestra coyuntura nacional, referente a la despenalización de los delitos de prensa.
Esta asamblea coincide con los problemas que viene sufriendo la prensa peruana, sobretodo la que se rige fuera de Lima, a través de los constantes abusos a los que son sometidos periodistas independientes los mismos que son perseguidos judicialmente para callar su voz y buscar que sus investigaciones queden en el aire. Un caso emblemático es el del periodista de Pucallpa Paul Garay, quien ha sido puesto en la cárcel por un Fiscal a quien llamó “enano erótico”, en lo que se puede considerar como un exceso de la administración de justicia, puesto que el juzgamiento se realizó sin respetar el debido proceso y en una evidente venganza personal contra el periodista a quién todavía no se le ha demostrado culpabilidad alguna.
Por otro lado, casos como el mencionado anteriormente, si bien es cierto son merecedores del repudio de la sociedad debido al abuso de la autoridad. También existen otros casos por ejemplo de abuso del “periodismo” el cual lo vemos a diario en titulares noticiosos y portadas de diarios y revistas; el mismo Presidente Humala en la inauguración de la asamblea general del SIP, manifestó que había sido víctima (y somos testigos los peruanos) de una campaña de demolición orquestada por diversos medios de comunicación, los cuales inclusive contrataron específicamente comunicadores para que de forma parcializada y sistematizada lo ataquen, violando todo ejercicio responsable del periodismo y asimismo trayendo abajo dentro de plena campaña electoral, toda ética y decencia periodística persuadida por intereses económicos evidentes.
Es decir que el comportamiento reprochable no proviene tan solamente por parte de jueces y malos políticos, sino que hay que tener en cuenta y ser objetivos, en que también existen malos periodistas y es allí donde se centra el debate. Por un lado la autoridad considera que se debe castigar severamente y hasta con cárcel, a los periodistas que incurran en delitos de difamación, calumnia o injuria y asimismo en respuesta los periodistas piensan que estas medidas son excesivas y por el contrario se deben despenalizar los delitos de prensa, evitando así que exista alguna forma de censura que afecte la libertad de expresión.
Observando este panorama y queriendo llegar a una reflexión, cuáles serían las acciones que representan los extremos dentro de este debate separado por una delgada línea roja entre lo que es informar y lo que significa difamar por parte del periodismo.
Por un lado el SIP manifiesta que existen dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro continente, estos son: el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. En ambos casos la libertad de expresión, se ve restringida y limitada debido a que los dos persiguen un mismo fin que es controlar la información, ya sea por medio del asesinato de periodistas para que no difundan más investigaciones de los delitos de las mafias, o en todo caso la prisión o amordazamiento para periodistas que investiguen hechos de corrupción en los gobiernos autoritarios ajenos a la democracia.
Dentro de los países que más destacan en cuanto a problemas con la prensa tenemos: Argentina, el cual a través de organismos públicos pretende premiar u hostigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial y en un acto completamente ilegal, controlar el insumo de papel que utilizan los medios gráficos declarándolos de interés nacional. Bolivia, con la promulgación de dos leyes que amenazan cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Ecuador, con la propuesta de endurecer las penas por delitos de injuria sobretodo si afectan autoridades, lo cual viene ocasionando una autocensura de la prensa por temor a las represalias del gobierno y las consecuencias legales. México, considerado el país latinoamericano más peligroso y violento para ejercer el periodismo, contando en lo que va del año con cinco periodistas asesinados por los carteles de las mafias. Venezuela, en donde los mecanismos de censura son ejercidos de forma indirecta por parte del gobierno evitando que los medios ajenos al Presidente Chávez recurran a fuentes claves para realizar sus investigaciones.
Por otro lado, la sociedad y autoridades que se desenvuelven dentro de un juego democrático también cuestionan y condenan muchas veces el accionar de los medios de comunicación los cuales más se parecen a relacionistas públicos de los grupos económicos del país o del gobierno de turno que beneficia sus intereses económicos. Esto lo pudimos observar claramente en la campaña presidencial pasada, cuando se intentaba desprestigiar por todos los medios a una candidatura que representaba un cambio en la sociedad a nivel económico y social, ya sea contratando sicarios políticos para demolerlos o en su defecto, despidiendo periodistas independientes que defienden la pluralidad, objetividad e imparcialidad. En ese sentido entiendo que lamentablemente muchas veces existe una necesidad de relación comercial entre el gobierno de turno o anunciantes privados que solventan de alguna forma al medio de comunicación, pero eso no significa que se deba perder o vulnerar la verdadera libertad de expresión bajo un dicho popular que dice “caiga quien caiga” sin importar el “corazoncito” o en muchos casos el bolsillo.
Finalmente como podemos apreciar, existe un entrampamiento de índole legal, social y hasta moral los cuales deben de superarse por el bien de la verdadera libertad de prensa, en donde si bien es cierto lo que menciona el SIP en cuanto a que la prensa no es perfecta, pero un gobierno no puede calificarla, también es cierto que la autorregulación y la ética, constituyen las principales herramientas para un periodismo plural y objetivo. Es en ese equilibrio sin mordaza, pero también con responsabilidad por parte de los medios de comunicación para proteger más allá de la noticia, los derechos del honor y la privacidad de las personas, como debe realmente llevarse a cabo.
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