LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS DE CACHICHE

Así como en el futbol, el Congreso “no se mancha”.

Y al parecer este mal endémico de un desprestigiado Congreso no tiene cuando acabar. Cuando recién estábamos terminando de asimilar las denuncias hechas a la congresista “roba cable” y procesando la larga lista emitida por la Fiscalía de la Nación de actuales congresistas con procesos judiciales en pleno proceso de investigación mencionadas esta semana por el Presidente del Congreso Daniel Abugattas; se suma el reciente escándalo propiciado por el mismísimo segundo vicepresidente de la república y actual congresista Omar Chehade, quien en un acto de completa irresponsabilidad, se ha visto envuelto en un nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias en donde estarían implicados también miembros de la Policía Nacional del Perú.

Este nuevo revuelco salió a la luz a raíz de una investigación realizada por el IDL Reporteros, quienes informaron que habrían participado de una cena realizada en el conocido restaurante miraflorino “Las Brujas de Cachiche”, por un lado el congresista Omar Chehade con su hermano y un primo, y por el otro lado, un grupo de generales de la PNP, entre los que figuraban el actual director Raúl Salazar acompañado de los otros generales Abel Gamarra y Guillermo Arteta. Este tipo de reuniones, si bien es cierto no están prohibidas legalmente, si van contra la ética y transparencia que deben mantener las autoridades, para que puedan realizar reuniones en lugares adecuados como los respectivos despachos y oficinas institucionales, evitando así toda forma de malinterpretación por parte de la sociedad.

Al margen de este acto irresponsable reconocido también por el implicado principal Omar Chehade, se suma la denuncia propalada por el general Guillermo Arteta, quien aduce que fue citado a dicha reunión para que pueda encargarse del desalojo en Andahuasi con el fin de que la familia Wong tome posesión de la empresa azucarera que hace bastante tiempo se encuentra en un litigio judicial utilizando la policía para claramente favorecer a un grupo empresarial. Asimismo se agrega a la denuncia que, al no haber aceptado el general Arteta dicha proposición, fue pasado al retiro dentro de la reciente purga policial; por el contrario el General Salazar, al mostrarse más dispuesto a los requerimientos del segundo vicepresidente, fue promovido como nuevo Director de la PNP; con lo cual estaríamos frente a un evidente delito de tráfico de influencias, lo cual podría desencadenar luego de realizadas las investigaciones pertinentes, en un desaforo del congresista Chehade y su posterior apertura de proceso penal.   

Como se podrá recordar, el control jurídico de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA, se encuentra en una maraña jurídica en donde tres grupos económicos afirman ser los verdaderos  dueños de la empresa, entre ellos se encuentran, el Sindicato de trabajadores quienes actualmente cuentan con la administración judicial de esta empresa; el Grupo Bustamante quienes están reconocidos actualmente por la SUNARP como miembros del directorio, y el Grupo Wong, implicado también en este escandaloso episodio de gobierno, quienes al amparo de  CONASEV, fueron reconocidos también como parte del directorio de este gran laberinto jurídico. Es en este escenario, en donde innecesariamente representantes del gobierno, por cuenta propia meten sus narices y consecuentemente son cuestionados por sus malas prácticas y aparente parcialidad en procesos jurídicos en los cuales nada tiene que hacer.

Felizmente, el Gobierno ha tenido reflejos rápidos al tratar este delicado tema y tanto el Presidente del Congreso como el Presidente de la República han salido a manifestar su completo apoyo a las investigaciones pertinentes, dentro de un Estado de Derecho que jurídicamente respalda la inocencia del investigado hasta que se demuestre lo contrario. Por lo que es una muestra de que no se pretende blindar a las autoridades, por más que estas provengan del oficialismo las cuales deben ser sometidas a los procesos de investigación, ya sean a través del propio Congreso de la República, como también del Ministerio Público; en ese sentido, vemos que no hay un respaldo a la persona, como en anteriores gobiernos se ha hecho, por el contrario no se pretende avalar ninguna irregularidad, teniendo que asumir la responsabilidad de sus actos el congresista Chehade, si es que estos dan a lugar su culpabilidad.

Algo que tenemos que tener en claro, es que los anteriores escándalos como estos recientes actos intolerables y bochornosos protagonizados por nuestros actuales congresistas, tanto en sus legajos de vida con los que entraron al Congreso, como en su comportamiento posterior a su juramentación como tales, debe llevarnos a la reflexión de que la institución, como lo parafraseó en su oportunidad el jugador argentino Diego Maradona, “no se mancha”. Es decir, que los peruanos debemos defender la institucionalidad del Congreso de la República, sobre todas las cosas porque forma parte de nuestra esencia democrática. Esto lo menciono a raíz de las desafortunadas declaraciones del hermano del Presidente, Ulises Humala quien señaló que el Gobierno si decide cerrar el Congreso, sería aplaudido por la opinión pública, comparando el actual parlamento con el que cerró Fujimori en el autogolpe de 1992.

Esta posición del mayor de los Humala es inaceptable, y atenta contra la democracia, por lo que los peruanos debemos rechazarla contundentemente, respaldando por el contrario el Estado de Derecho en el que vivimos y que hemos recuperado después de más de una década de dictadura fujimontesinista. En ese entender, necesariamente el cuestionamiento más allá de la calidad de congresistas que tenemos, porque el problema ya está enquistado; debe trascender y centrarse en las reformas urgentes que deben propiciarse en el ámbito electoral por medio de la modificación del sistema de partidos políticos que actualmente tenemos, fortaleciendo por un lado la Ley de Partidos Políticos y los filtros que estos deben realizar al momento de exponer ante la ciudadanía sus candidatos a cargos públicos, y por otro lado, la atención que le tome la Comisión de Constitución del Congreso ante la propuesta del JNE para eliminar el voto preferencial a fin de promover la consolidación partidista, pero la cual debe implicar también el fortalecimiento de los partidos en sus elecciones internas a fin de garantizar la selección de sus mejores cuadros, pero sin favoritismo ni elitismo.