RETOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Lo trascendente es más allá de reducir la pobreza, acortar la desigualdad.

Y por fin se designó a la persona que se hará cargo del recientemente creado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que abordará las políticas públicas que más atención ha centrado el actual gobierno inclusive desde la campaña electoral, referida a la lucha contra la pobreza y la desigualdad entre los peruanos. La flamante ministra es la economista Carolina Trivelli Sporke, quien hasta hace poco se desenvolvió como Directora General del Instituto de Estudios Peruanos, la misma que cuenta con una alta experiencia como investigadora en temas de pobreza rural y desarrollo social. Dicha designación se llevó a cabo en la ciudad del Cuzco, aprovechando la primera Sesión de Consejo de Ministros descentralizada la cual ha creado una gran expectativa en la sociedad, que espera se pueda llevar a cabo eficazmente los programas sociales.

Como sabemos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS – administrará los programas Juntos, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), el Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (Pronaa), el Programa Wawa Wasi, además de los nuevos programas creados por este gobierno: Cuna Más y Pensión 65, quedando el Ministerio de la Mujer, como encargado de velar por las políticas públicas principalmente en los temas que tengan que ver con la igualdad de género. Para tales efectos el Gobierno designará inicialmente un presupuesto de S/. Dos mil Millones de soles y se espera que el MIDIS pueda realizar un trabajo coordinado con otros organismos de gobierno como son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y también con la participación de los diversos gobiernos regionales y locales, a fin de que se puedan articular los trabajos enfocados en las políticas sociales.

Tal como podemos apreciar, existe un delineamiento claro de los programas sociales a realizar y sobretodo un compromiso de articular a los demás entes del gobierno, a que sumen a esta ardua tarea de contribuir con la erradicación de la pobreza y eliminar las brechas de desigualdad en nuestro país. Sin embargo un aspecto importante que tiene que tener en cuenta el gobierno es que la eficacia de estos programas sociales pasa por la aplicación de políticas sociales que no sean permanentes, asistencialistas, ni mucho menos clientelistas; sino que por el contrario, la población de extrema pobreza pueda alcanzar la oportunidad de tener mejores condiciones de vida a través de estos programas sociales. En ese sentido el carácter de temporal, es el mejor calificativo que se le puede otorgar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en virtud de que los peruanos que viven en la extrema pobreza, no pueden seguir sobreviviendo en esas condiciones, pero a su vez, tampoco pueden pasar toda su vida dependiendo de estos programas sociales sin buscar una integración verdadera al sistema social y económico de nuestro país.

Un caso emblemático de cómo NO se deben aplicar las políticas sociales, es lo que sucede en nuestro país hermano de Ecuador, el mismo que cuenta también con un Ministerio de Inclusión Social promovido por el Presidente Rafael Correa, el cual curiosamente en vez de reducir la pobreza, la ha aumentado pese a contar con dicha cartera ministerial; y esto se demuestra con el incremento de la pobreza en dicho país que bordea el 35% y la extrema pobreza que estaría sobrepasando el 30%. Asimismo con el objeto de mantener una “alta popularidad” entre la población, su enfoque se ha basado en promover la inversión social en salud entre los ecuatorianos, transfiriendo cinco mil millones de dólares en lo que va de su gestión, con lo cual bajo ese régimen asistencialista, pretende tener asegurado el apoyo de los más pobres que seguirán siendo pobres, porque no conviene que salgan de esa situación.

Por otro lado, otro factor que paradójicamente se encarga de “excluir” a la población ecuatoriana es el aumento excesivo de la burocracia, la cual al puro estilo populista del primer gobierno del Apra, han pasado de 15 a 37 ministerios en lo que va del gobierno del Presidente Correa, es decir 22 ministerios de más que se traduce en 100 mil nuevas personas que han entrado al aparato burocrático, con lo cual no solamente traba la burocracia, sino que también extiende las brechas de desigualdad, a través de los altos salarios de sus funcionarios, los cuales están excesivamente por encima del millón doscientos mil pobres en Ecuador que viven con menos de un dólar al día.

Así como en Ecuador, la desigualdad sigue manteniéndose en auge a nivel mundial; ya sea en gobiernos populistas de dizque “izquierda” que promueven el asistencialismo y el clientelismo en sus países y que solamente adormecen el hambre con dádivas periódicas que buscan tener coaptadas a la población aprovechándose de su situación; como también de gobiernos liberales que se han centrado en promover un capitalismo abusivo, dejando que el libre mercado ordene las cosas sin tener el más mínimo interés por parte del gobierno de afrontar problemas de Estado como son la educación, la salud y el trabajo. Esa falta de intervención del Estado, es lo que ha erosionado actualmente en la marcha de los “indignados” por toda Europa y en los Estados Unidos, con lo cual se demuestra que países capitalistas por excelencia, hoy sufren del embate de sus propios pueblos, producto de su excesivo apego a los grupos económicos y sus políticas neoliberales, dejando de lado su papel como Estado regulador y promotor del desarrollo económico y social de sus sociedades. 

Bajo esa perspectiva, considero que nosotros debemos de trazar nuestro propio camino en lo que se refiere a políticas sociales; concientizándonos en primer lugar que el MIDIS no es un fin, sino un medio para buscar la igualdad de los peruanos, teniendo como uno de sus objetivos reducir la pobreza y la extrema pobreza, pero bajo un criterio responsable que busque integrar a estas personas a la actividad económica y social en un corto y mediano plazo. Estamos en una situación económica como país muy propicia para llevar a cabo estos propósitos, es el momento de empezar a acortar las brechas de desigualdad, promoviendo desde el Estado el aprovechamiento de los recursos provenientes de las inversiones en Educación, Salud y sobretodo en la búsqueda de proyectos productivos que integren al mercado laboral a las nuevas generaciones brindándoles la oportunidad de crecer en igualdad de condiciones, siendo para eso importante también la labor que cumplan los gobiernos regionales y locales en esta primera etapa de búsqueda de la inclusión social y paralelamente ir trabajando en el aspecto productivo dentro de sus respectivas jurisdicciones.