INCAPACIDAD DE GASTO PÚBLICO, UNA VERDAD A MEDIAS

Mejorar la eficacia en el gasto de las inversiones, es tarea de todos y también del MEF.

Estuve leyendo detenidamente la entrevista que le realizará hace unos días el diario La República al funcionario público con más poder dentro del gabinete ministerial y del propio gobierno, inclusive por encima del propio Premier Salomón Lerner, me refiero al ministro Luis Castilla, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. En dicha entrevista el ministro Castilla enfilaba su artillería en contra de las gestiones de los presidentes y alcaldes de gobiernos regionales y locales, a quienes responsabilizaba directamente de la conflictividad social que actualmente vive el país y esto debido al inadecuado gasto público que arrastran hace muchos años (es decir desde que se aperturaron las inversiones mineras en los 90’), y que producto de esa mala gestión, centenares de miles personas viven actualmente en la pobreza y no encuentran posibilidades de desarrollo porque justamente encuentran ausencia del Estado y no son beneficiados con el boom minero del que tanto alardean los gobernantes de turno.

Al parecer esta posición del Ministro Castilla se ve reforzada principalmente porque en los hechos existen regiones que desde hace años reciben cantidades extraordinarias de recursos, pero que no han logrado convertirlas en fuentes de desarrollo competitivo, productivo y eficiente para los pueblos que administran, por lo tanto no se mejora la calidad de vida de los pobladores ni se generan fuentes productivas alternas que permitan aprovechar la actividad minera, para fortalecer la agroindustria, la ganadería, la pesca u otras actividades de producción renovables. Para tales efectos, el MEF ha visto por conveniente aumentar el Presupuesto Público en S/. 8 mil millones anuales, (S/.95 mil millones en total de Presupuesto Público para el 2012) dentro de un marco que tenga como principal objetivo que la población sienta un impacto positivo en el desarrollo de su comunidad y que esta vez será monitoreada por la implementación de herramientas de control de gasto público como el Presupuesto por resultados.

Esta acción produjo naturalmente una reacción, la cual provino justamente del principal vocero de los gobiernos regionales, me refiero al Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien categóricamente rechazó tales acusaciones y por el contrario trasladó la responsabilidad de la ineficacia de gestión de la cual se le acusa precisamente al Ejecutivo, de quien refiere que es el que pone las trabas a través del MEF para que no se puedan agilizar los procesos de ejecución de las inversiones debido a la innecesaria burocracia que perjudica el accionar de los gobiernos regionales y locales.

Bajo esa perspectiva que pone en debate dos posiciones totalmente contrarias en un ánimo de “sacar cuerpo” del real problema que es el descontento social a raíz de la falta de no sentirse parte del desarrollo nacional, deben surgir interrogantes que no precisamente deben ser para buscar culpables o responsables de la conflictividad social actual, sino por el contrario, frente a esta problemática proponer alternativas de solución que permitan salir de este círculo vicioso que por años vivimos y al parecer nadie quiere abordar de manera directa y transversal desde el Ejecutivo por medio de la PCM y el MEF, hasta los gobiernos subnacionales.

Considero que las alternativas de solución van más allá de pedir más autonomía económica al MEF, aumentar el presupuesto público gradualmente o la más reciente que es establecer oficinas descentralizadas del MEF en todas las regiones (con lo cual originaría más burocracia y resulta innecesario debido al avance de las comunicaciones y la informática). Por lo que estas propuestas no están tratando los temas de fondo, por el contrario están dilatando un problema que tiene que ver principalmente con planificación y participación multilateral en las decisiones al momento de elaborar el Presupuesto Público cada año, la cual no se soluciona con ser aprobada finalmente por un Congreso escaso de legitimidad y con una cuestionada representatividad.

En ese sentido el problema medular de la incapacidad de gasto público por parte de los gobiernos regionales y locales, a mi modesta opinión, es la falta de un “Plan Nacional de Gasto Público”, el cual permita identificar de manera consensuada al momento de elaborarse el Presupuesto Público, los grandes proyectos a ejecutarse por parte de los gobiernos subnacionales los cuales deben estar enmarcados dentro de una política pública que oriente el gasto de inversiones hacia determinados objetivos nacionales. Por ejemplo si el actual gobierno tiene como objetivo la inclusión y el desarrollo social como proyecto a corto y mediano plazo, debe involucrar bajo esa misma propuesta a los gobiernos regionales y locales para que estos puedan diseñar su Plan de Inversiones Anual, distribuyendo un porcentaje considerable de su presupuesto a la ejecución de obras orientadas hacia ese objetivo nacional y lo demás distribuirlo dentro de su Plan de Desarrollo Concertado, el cual está orientado a solucionar su problemática local. Este porcentaje del Presupuesto Público orientado al objetivo nacional, puede ser propuesto por una Ley Marco o en todo caso resuelto dentro de la autonomía que debe caracterizar a los gobiernos regionales y locales y que este provenga de un Acuerdo de Consejo, lo importante aquí es que podamos orientar el gasto hacia proyectos de trascendencia nacional y que articulen un desarrollo planificado. Esta vez puede ser la inclusión social, de ahí el plan nacional puede demandar la promoción de la ciencia y la tecnología, etc.

Al parecer el gobierno tiene más o menos la idea pero está cayendo nuevamente en el centralismo, me refiero con esto al nuevo impuesto a las sobreganancias mineras y el recorte que estaría haciendo a las regiones con respecto al canon y regalías mineras, el cual pretende utilizar para resolver problemas al interior del país, principalmente en las regiones que no gozan de estos impuestos. En principio la idea es buena y necesaria dada la coyuntura actual, pero dentro de un marco de descentralización, lo que se necesita es que el gobierno ejerza más que un protagonismo que promueva la competencia con las regiones para ver quien ejecuta más obras, el liderazgo que establezca las líneas directrices de acción para la consecución de objetivos nacionales que articule a los gobiernos regionales y locales, y estos se vuelvan colaboradores de la gestión con autonomía en su economía, pero comprometidos con un Plan de Desarrollo Nacional. Esperemos que el gobierno apueste por trabajar en equipo.

EL TURNO DE LA OTRA VICEPRESIDENTA

Si seguimos así, vámonos todos y que el último apague la luz.

¿Tan difícil es caminar derecho, otra vez? Podría ser el próximo comentario en las redes sociales de la primera dama Nadine Heredia, a raíz de la reciente denuncia periodística que tendría como involucrada a la primera vicepresidenta de gobierno Marisol Espinoza en otro lamentable episodio de tráfico de influencias a tan solo cien días de ejercida la administración Humala. Todo esto en el contexto de un aniversario más del partido oficialista Gana Perú, la visita del Presidente junto a su esposa a la ciudad de Calacoa – Moquegua (agradeciendo el apoyo al levantamiento que dieran en Locumba) y la celebración de la V Cumbre Ordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) llevada a cabo en Asunción – Paraguay.

Y es que el presidente Humala debe estar más que preocupado y quizás hasta desilusionado, debido a que todavía estaba terminando de asimilar la acusación contra el segundo vicepresidente Omar Chehade producto de su desatino al invitar generales de la PNP y miembros de su familia a un lujoso restaurante para tratar temas de carácter privado, como es favorecer a una de las partes involucradas en el sonado caso de la azucarera Andahuasi; cuando sale a la luz otro caso similar, esta vez siendo protagonista su otra vicepresidenta, presuntamente por haber abusado de su poder desde el Ejecutivo para trasladar un costoso equipo médico valorizado en más de un millón de soles y que debía ser enviado a Apurímac, pero que a las finales se reasignó su traslado a Piura, ciudad natal de la actual primera vicepresidenta. 

Esta denuncia fue propiciada por propias autoridades y dirigentes sociales de Apurímac, quienes acusaron a Marisol Espinoza – Congresista por Piura - de estar detrás de la decisión de trasladar un costoso “Tomógrafo” tomando como referencia una carta de fecha 11 de agosto de este año, que la acusada habría enviado al presidente ejecutivo de Essalud – Álvaro Vidal -, pidiéndole explicaciones de por qué un tomógrafo que requería Piura desde hace cuatro años, aún no había llegado todavía. Al parecer dicha carta tuvo efectos inmediatos, puesto que el 6 de setiembre se hizo oficial el traslado del tomógrafo comprado para Abancay a la ciudad natal de la legisladora oficialista. 

Ante estos hechos, la vicepresidenta ha señalado que dicho equipo médico, lo había solicitado desde hace 4 años y además se trataba de un tomógrafo con capacidad de 6 cortes, mientras que el reasignado a Piura cuenta con 16 cortes, lo cual resulta contradictorio puesto que de la licitación pública internacional con la cual fue adquirido el tomógrafo, se desprende que esta se llevó a cabo recién a fines de 2010 cuando Essalud convocó a licitación pública para la compra de 8 tomógrafos, y otro tomógrafo adicional en el mes de abril de este año (de 16 cortes), siendo este el que debía trasladarse el Hospital II de Abancay en Apurímac, ciudad que alberga una considerable población que vive en la pobreza y la cual se encuentra ahora en una marcha de protesta debido a que este anhelado equipo médico nunca llegó, en vista de que el 6 de setiembre imprevistamente el gerente general de prestaciones de Essalud, aprobó que el equipo médico fuera reasignado al hospital José Cayetano Heredia de la ciudad de Piura, la misma que no se encontraba dentro de la lista de las ciudades beneficiadas por estos equipos.

Por otro lado, la vicepresidenta en su defensa replica acusando a los apristas - dentro de lo que se ha convertido en el nuevo discurso de defensa utilizado por funcionarios del actual gobierno ante cualquier denuncia producto de sus acciones– quienes actualmente manejan Essalud y estarían manchando su imagen para desestabilizar al actual gobierno filtrando información a los medios de comunicación.

Ante esta situación, resulta mortificante que un gobierno que tuvo como bandera en campaña electoral la lucha frontal contra la corrupción se vea envuelto en constantes denuncias y problemas que tengan que ver con el abuso de sus funciones como autoridad. Todas estas acusaciones representan una molestia para el actual gobierno quien tiene que lidiar con aparte de los problemas sociales que estarían por surgir en todo el país, con problemas internos protagonizados por miembros de su partido y figuras actuales de la actual gestión, quienes no pueden al parecer controlar sus impulsos por abusar de su poder mediático para hacer lo que mejor les parece sin respetar los procedimientos y mecanismos que establece la administración pública.

Por otro lado tenemos que tener en cuenta también que se debe tener mucha objetividad en las investigaciones, y que la noticia no se debe parcializar por ningún lado; recordemos que estamos al parecer en una guerra mediática de medios periodísticos influenciados por grupos de poder político y económico, que estarían buscando cualquier error del gobierno para sacarlo a la luz y sacar el mayor provecho posible demostrando con eso que la corrupción es “algo normal” que a todos los gobiernos les pasa y que este no estará ajeno del mismo.

Y es verdad, hay que tener cuidado del APRA, el fujimorismo y de sus medios aliados; no podemos distraernos con estos hechos, que como repito deben ser investigados rigurosamente por el Ministerio Público y el propio Congreso de la República pero sin caer en la especulación, tomando atención a lo que la Megacomisión vaya descubriendo de las próximas investigaciones que llevará a cabo de la administración del anterior gobierno aprista y sus manejos que tuvo con el erario nacional, el cual como todos sabemos, no tuvo nada de honesto y transparente. Es decir como se repetía en la campaña electoral pasada, de este gobierno podemos tener dudas, pero del anterior gobierno aprista, tenemos pruebas y muchas.

Finalmente señalar que este gobierno no debe engordar los argumentos que la oposición neoliberal pueda utilizar para desprestigiarlos y zafar de sus acusaciones pasadas, demostrando con eso que todos son pasibles de corrupción y es así como funciona el aparato estatal. Asimismo en el caso de la gestión de Susana Villarán, lamentablemente se está esperando por parte de sus opositores que fracase en su administración, es por eso que se tiene que poner las pilas y empezar a ejecutar obras a la par de los trabajos que viene haciendo con respecto a participación ciudadana. Sino los más favorecidos serán los que gobernaron mal en el pasado y que están con ansias de volver a cualquier costa, hasta con una revocatoria si es posible. Trabajar con transparencia, pero con efectividad y rapidez se requiere urgentemente.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO QUE VA DEJANDO NUESTRO PINTORESCO PERÚ

Palabras y acciones que reviven o matan pasiones

LO BUENO:

- PUESTA EN MARCHA DEL MIDIS-. Y el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que empezara como una propuesta de campaña, hoy es una realidad; y para tales efectos se ha nombrado como ministra de dicho gabinete a la Economista Carolina Trivelli, ex investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos quien a su vez es experta en temas de desarrollo rural y viene con todos los mejores pergaminos para dirigir la novísima cartera ministerial. Asimismo, cabe señalar que el trabajo que se desarrollará dentro del MIDIS radicará en el objetivo de que los ciudadanos que son beneficiarios de los programas sociales dejen de necesitarlos con el tiempo; para ello se pretende trabajar de la mano con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – MCLCP – a fin de vincular las experiencias que esta tiene, con las nuevas estrategias productivas a implementar. Esperemos que todo marche dentro de los planes programados por el bien de parte de la sociedad peruana que aún vive en la extrema pobreza y sobretodo que se encuentra alejada del verdadero desarrollo producto de una inmensa brecha de desigualdad.

- EL EJEMPLO DEL PADRE CORAJE-. Sin duda el peruano del año. La entrega y coraje del Dr. Ciro Castillo – Rojo, pasará a los anales de la historia peruana y por supuesto puede considerarse desde ya, un ejemplo de sacrificio y amor por su familia para todos nosotros. A más de 400 días de la desaparición de su hijo mayor Ciro Castillo en el Colca, este hombre jamás perdió las esperanzas y combinó a todos los peruanos para que en una cadena de plegarias, intercedan para que el sufrimiento de esta familia acabe pronto y se pueda encontrar el cuerpo del primogénito de los Castillo prontamente. Y así sucedió esta semana; justo cuando estaba por finalizarse la investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, un grupo de rescatistas financiados por el propio Padre Coraje, accedió a terrenos inhóspitos y agrestes dentro de la montaña, para que en lo que fuera su última búsqueda, pudieran hallar el cuerpo del joven Ciro sin vida en el fondo del abismo. Más allá del terrible desenlace para la familia, queda por un lado la tranquilidad para ellos de haber podido encontrar el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura, y por otro lado, el ejemplo para todos nosotros del verdadero amor que como señala la Biblia en la Carta del apóstol Pablo a los Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser.     

LO MALO:

-CHEHADE Y LAS BRUJAS DE CHACHICHE-. El primer gran golpe sufrido por el actual gobierno proviene desde su propia bancada, y es que el almuerzo que propiciara el segundo vicepresidente y actual congresista Omar Chehade en el restaurante Las Brujas de Cachiche, le está resultando demasiado caro, tan caro que estaría por poner en riesgo su propio cargo ejecutivo como vicepresidente de la república y hasta un posible desaforo del Congreso.

Las graves acusaciones dirigidas por uno de los convidados en ese desafortunado almuerzo, el general PNP en retiro Guillermo Arteta con respecto al ilegal favorecimiento de una de las partes (Grupo Wong) en el conflictivo caso de la azucarera Andahuasi, ha puesto en salmuera a Omar Chehade y en una pérdida parcial de la confianza de su partido y también del propio Gobierno. Por lo pronto el ex zar anticorrupción, ha tenido que dejar su cargo como miembro de la Megacomisión que investigará la gestión de gobierno anterior y es posible que no llegue a justificar su infeliz conducta ante la Comisión de Ética del Congreso y sea pasado su caso a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, y todo eso dentro de los 100 días de gestión como congresista, todo un record.

-LOS PRIMEROS SANCIONADOS POR LA COMISIÓN DE ÉTICA-.  Y ya no faltaría nada para que sean expedidas las primeras resoluciones de la Comisión de Ética del Congreso, conteniendo las sanciones que se aplicarían a los PARALAMENTARNOS Eulogio Amado Romero Rodríguez “Come Oro” y Elsa Celia Anicama Ñañez “Robacable”, quienes en un triste e insuficiente descargo realizado ante dicha comisión, no llenaron – como era previsible – las expectativas de sus demás colegas, por lo que serían además de suspendidos de sus funciones por 120 días; puestos ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales para su denuncia constitucional respectiva, previa conclusión de las investigaciones que ya viene realizando el Ministerio Público y que podría desencadenarse hasta en penas restrictivas de su libertad, de ser los casos.

 LO FEO:

-LA PRENSA AMARILLA Y EL CASO CIRO CASTILLO-. Parte del periodismo escrito y televisivo considerado serio en nuestro país, se vio envuelto en el sensacionalismo y la falta de respeto a sus lectores, al difundir imágenes de alto contenido violento con respecto al cuerpo hallado sin vida de Ciro Castillo. Este hecho morboso provocó la reacción de la sociedad a través de las redes sociales, que recriminó la actitud de estos medios por su falta de calidad en la información y el claro interés comercial que le dieron al impacto de esta noticia. En ese sentido los editores periodísticos de los medios agraviados, tuvieron que pedir las disculpas respectivas y comprometerse a una autorregulación ante hechos similares. Bien por las Redes Sociales.

 - REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES EN CHILE-. La represión en Chile – modelo de desarrollo tomado por muchos opinólogos – viene asolando a los jóvenes estudiantes chilenos de manera continua. Esta vez la violencia excesiva caracterizó el accionar de la policía chilena para reprimir las protestas estudiantiles consideradas pacíficas que demandan reformas en la educación de dicho país, luego de haberse cumplido cinco meses de estallado el conflicto. Sin duda el hecho de avanzar significativamente en la lucha contra la pobreza por parte del vecino país sureño, no se ha traducido en reducir las brechas de desigualdad que sufre actualmente su sociedad, en este caso con un servicio básico como es la educación. En ese sentido nuestro gobierno tiene que tomar como ejemplo estas coyunturas regionales para evitar caer en los mismos errores, traduciendo el crecimiento actual que tenemos en un verdadero desarrollo, reduciendo cuanto antes los índices de exclusión que existen y aprovechando los programas sociales para convertirlos posteriormente en motores de desarrollo productivo para sus beneficiarios.

LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS DE CACHICHE

Así como en el futbol, el Congreso “no se mancha”.

Y al parecer este mal endémico de un desprestigiado Congreso no tiene cuando acabar. Cuando recién estábamos terminando de asimilar las denuncias hechas a la congresista “roba cable” y procesando la larga lista emitida por la Fiscalía de la Nación de actuales congresistas con procesos judiciales en pleno proceso de investigación mencionadas esta semana por el Presidente del Congreso Daniel Abugattas; se suma el reciente escándalo propiciado por el mismísimo segundo vicepresidente de la república y actual congresista Omar Chehade, quien en un acto de completa irresponsabilidad, se ha visto envuelto en un nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias en donde estarían implicados también miembros de la Policía Nacional del Perú.

Este nuevo revuelco salió a la luz a raíz de una investigación realizada por el IDL Reporteros, quienes informaron que habrían participado de una cena realizada en el conocido restaurante miraflorino “Las Brujas de Cachiche”, por un lado el congresista Omar Chehade con su hermano y un primo, y por el otro lado, un grupo de generales de la PNP, entre los que figuraban el actual director Raúl Salazar acompañado de los otros generales Abel Gamarra y Guillermo Arteta. Este tipo de reuniones, si bien es cierto no están prohibidas legalmente, si van contra la ética y transparencia que deben mantener las autoridades, para que puedan realizar reuniones en lugares adecuados como los respectivos despachos y oficinas institucionales, evitando así toda forma de malinterpretación por parte de la sociedad.

Al margen de este acto irresponsable reconocido también por el implicado principal Omar Chehade, se suma la denuncia propalada por el general Guillermo Arteta, quien aduce que fue citado a dicha reunión para que pueda encargarse del desalojo en Andahuasi con el fin de que la familia Wong tome posesión de la empresa azucarera que hace bastante tiempo se encuentra en un litigio judicial utilizando la policía para claramente favorecer a un grupo empresarial. Asimismo se agrega a la denuncia que, al no haber aceptado el general Arteta dicha proposición, fue pasado al retiro dentro de la reciente purga policial; por el contrario el General Salazar, al mostrarse más dispuesto a los requerimientos del segundo vicepresidente, fue promovido como nuevo Director de la PNP; con lo cual estaríamos frente a un evidente delito de tráfico de influencias, lo cual podría desencadenar luego de realizadas las investigaciones pertinentes, en un desaforo del congresista Chehade y su posterior apertura de proceso penal.   

Como se podrá recordar, el control jurídico de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA, se encuentra en una maraña jurídica en donde tres grupos económicos afirman ser los verdaderos  dueños de la empresa, entre ellos se encuentran, el Sindicato de trabajadores quienes actualmente cuentan con la administración judicial de esta empresa; el Grupo Bustamante quienes están reconocidos actualmente por la SUNARP como miembros del directorio, y el Grupo Wong, implicado también en este escandaloso episodio de gobierno, quienes al amparo de  CONASEV, fueron reconocidos también como parte del directorio de este gran laberinto jurídico. Es en este escenario, en donde innecesariamente representantes del gobierno, por cuenta propia meten sus narices y consecuentemente son cuestionados por sus malas prácticas y aparente parcialidad en procesos jurídicos en los cuales nada tiene que hacer.

Felizmente, el Gobierno ha tenido reflejos rápidos al tratar este delicado tema y tanto el Presidente del Congreso como el Presidente de la República han salido a manifestar su completo apoyo a las investigaciones pertinentes, dentro de un Estado de Derecho que jurídicamente respalda la inocencia del investigado hasta que se demuestre lo contrario. Por lo que es una muestra de que no se pretende blindar a las autoridades, por más que estas provengan del oficialismo las cuales deben ser sometidas a los procesos de investigación, ya sean a través del propio Congreso de la República, como también del Ministerio Público; en ese sentido, vemos que no hay un respaldo a la persona, como en anteriores gobiernos se ha hecho, por el contrario no se pretende avalar ninguna irregularidad, teniendo que asumir la responsabilidad de sus actos el congresista Chehade, si es que estos dan a lugar su culpabilidad.

Algo que tenemos que tener en claro, es que los anteriores escándalos como estos recientes actos intolerables y bochornosos protagonizados por nuestros actuales congresistas, tanto en sus legajos de vida con los que entraron al Congreso, como en su comportamiento posterior a su juramentación como tales, debe llevarnos a la reflexión de que la institución, como lo parafraseó en su oportunidad el jugador argentino Diego Maradona, “no se mancha”. Es decir, que los peruanos debemos defender la institucionalidad del Congreso de la República, sobre todas las cosas porque forma parte de nuestra esencia democrática. Esto lo menciono a raíz de las desafortunadas declaraciones del hermano del Presidente, Ulises Humala quien señaló que el Gobierno si decide cerrar el Congreso, sería aplaudido por la opinión pública, comparando el actual parlamento con el que cerró Fujimori en el autogolpe de 1992.

Esta posición del mayor de los Humala es inaceptable, y atenta contra la democracia, por lo que los peruanos debemos rechazarla contundentemente, respaldando por el contrario el Estado de Derecho en el que vivimos y que hemos recuperado después de más de una década de dictadura fujimontesinista. En ese entender, necesariamente el cuestionamiento más allá de la calidad de congresistas que tenemos, porque el problema ya está enquistado; debe trascender y centrarse en las reformas urgentes que deben propiciarse en el ámbito electoral por medio de la modificación del sistema de partidos políticos que actualmente tenemos, fortaleciendo por un lado la Ley de Partidos Políticos y los filtros que estos deben realizar al momento de exponer ante la ciudadanía sus candidatos a cargos públicos, y por otro lado, la atención que le tome la Comisión de Constitución del Congreso ante la propuesta del JNE para eliminar el voto preferencial a fin de promover la consolidación partidista, pero la cual debe implicar también el fortalecimiento de los partidos en sus elecciones internas a fin de garantizar la selección de sus mejores cuadros, pero sin favoritismo ni elitismo.

EL PERIODISMO Y LA DELGADA LINEA ROJA

El equilibrio que se debe mantener entre informar y difamar.

Del 14 al 18 de este mes se llevó a cabo en la ciudad de Lima, la sexagésima sétima asamblea general organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP (entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas), la misma que estuvo dedicada a tratar temas como el análisis de los adelantos tecnológicos y cibernéticos en la industria del periodismo, la violencia contra la prensa en el continente y por ahí un tema filtrado dada nuestra coyuntura nacional, referente a la despenalización de los delitos de prensa.

Esta asamblea coincide con los problemas que viene sufriendo la prensa peruana, sobretodo la que se rige fuera de Lima, a través de los constantes abusos a los que son sometidos periodistas independientes los mismos que son perseguidos judicialmente para callar su voz y buscar que sus investigaciones queden en el aire. Un caso emblemático es el del periodista de Pucallpa Paul Garay, quien ha sido puesto en la cárcel por un Fiscal a quien llamó “enano erótico”, en lo que se puede considerar como un exceso de la administración de justicia, puesto que el juzgamiento se realizó sin respetar el debido proceso y en una evidente venganza personal contra el periodista a quién todavía no se le ha demostrado culpabilidad alguna.

Por otro lado, casos como el mencionado anteriormente, si bien es cierto son merecedores del repudio de la sociedad debido al abuso de la autoridad. También existen otros casos por ejemplo de abuso del “periodismo” el cual lo vemos a diario en titulares noticiosos y portadas de diarios y revistas; el mismo Presidente Humala en la inauguración de la asamblea general del SIP, manifestó que había sido víctima (y somos testigos los peruanos) de una campaña de demolición orquestada por diversos medios de comunicación, los cuales inclusive contrataron específicamente comunicadores para que de forma parcializada y sistematizada lo ataquen, violando todo ejercicio responsable del periodismo y asimismo trayendo abajo dentro de plena campaña electoral, toda ética y decencia periodística persuadida por intereses económicos evidentes.

Es decir que el comportamiento reprochable no proviene tan solamente por parte de jueces y malos políticos, sino que hay que tener en cuenta y ser objetivos, en que también existen malos periodistas y es allí donde se centra el debate. Por un lado la autoridad considera que se debe castigar severamente y hasta con cárcel, a los periodistas que incurran en delitos de difamación, calumnia o injuria y asimismo en respuesta los periodistas piensan que estas medidas son excesivas y por el contrario se deben despenalizar los delitos de prensa, evitando así que exista alguna forma de censura que afecte la libertad de expresión.

Observando este panorama y queriendo llegar a una reflexión, cuáles serían las acciones que representan los extremos dentro de este debate separado por una delgada línea roja entre lo que es informar y lo que significa difamar por parte del periodismo.

Por un lado el SIP manifiesta que existen dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro continente, estos son: el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. En ambos casos la libertad de expresión, se ve restringida y limitada debido a que los dos persiguen un mismo fin que es controlar la información, ya sea por medio del asesinato de periodistas para que no difundan más investigaciones de los delitos de las mafias, o en todo caso la prisión o amordazamiento para periodistas que investiguen hechos de corrupción en los gobiernos autoritarios ajenos a la democracia.

Dentro de los países que más destacan en cuanto a problemas con la prensa tenemos: Argentina, el cual a través de organismos públicos pretende premiar u hostigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial y en un acto completamente ilegal, controlar el insumo de papel que utilizan los medios gráficos declarándolos de interés nacional. Bolivia, con la promulgación de dos leyes que amenazan cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Ecuador, con la propuesta de endurecer las penas por delitos de injuria sobretodo si afectan autoridades, lo cual viene ocasionando una autocensura de la prensa por temor a las represalias del gobierno y las consecuencias legales. México, considerado el país latinoamericano más peligroso y violento para ejercer el periodismo, contando en lo que va del año con cinco periodistas asesinados por los carteles de las mafias. Venezuela, en donde los mecanismos de censura son ejercidos de forma indirecta por parte del gobierno evitando que los medios ajenos al Presidente Chávez recurran a fuentes claves para realizar sus investigaciones.

Por otro lado, la sociedad y autoridades que se desenvuelven dentro de un juego democrático también cuestionan y condenan muchas veces el accionar de los medios de comunicación los cuales más se parecen a relacionistas públicos de los grupos económicos del país o del gobierno de turno que beneficia sus intereses económicos. Esto lo pudimos observar claramente en la campaña presidencial pasada, cuando se intentaba desprestigiar por todos los medios a una candidatura que representaba un cambio en la sociedad a nivel económico y social, ya sea contratando sicarios políticos para demolerlos o en su defecto, despidiendo periodistas independientes que defienden la pluralidad, objetividad e imparcialidad. En ese sentido entiendo que lamentablemente muchas veces existe una necesidad de relación comercial entre el gobierno de turno o anunciantes privados que solventan de alguna forma al medio de comunicación, pero eso no significa que se deba perder o vulnerar la verdadera libertad de expresión bajo un dicho popular que dice “caiga quien caiga” sin importar el “corazoncito” o en muchos casos el bolsillo.

Finalmente como podemos apreciar, existe un entrampamiento de índole legal, social y hasta moral los cuales deben de superarse por el bien de la verdadera libertad de prensa, en donde si bien es cierto lo que menciona el SIP en cuanto a que la prensa no es perfecta, pero un gobierno no puede calificarla, también es cierto que la autorregulación y la ética, constituyen las principales herramientas para un periodismo plural y objetivo. Es en ese equilibrio sin mordaza, pero también con responsabilidad por parte de los medios de comunicación para proteger más allá de la noticia, los derechos del honor y la privacidad de las personas, como debe realmente llevarse a cabo.