martes, 13 de diciembre de 2011

INCAPACIDAD DE GASTO PÚBLICO, UNA VERDAD A MEDIAS


Mejorar la eficacia en el gasto de las inversiones, es tarea de todos y también del MEF.
Estuve leyendo detenidamente la entrevista que le realizará hace unos días el diario La República al funcionario público con más poder dentro del gabinete ministerial y del propio gobierno, inclusive por encima del propio Premier Salomón Lerner, me refiero al ministro Luis Castilla, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. En dicha entrevista el ministro Castilla enfilaba su artillería en contra de las gestiones de los presidentes y alcaldes de gobiernos regionales y locales, a quienes responsabilizaba directamente de la conflictividad social que actualmente vive el país y esto debido al inadecuado gasto público que arrastran hace muchos años (es decir desde que se aperturaron las inversiones mineras en los 90’), y que producto de esa mala gestión, centenares de miles personas viven actualmente en la pobreza y no encuentran posibilidades de desarrollo porque justamente encuentran ausencia del Estado y no son beneficiados con el boom minero del que tanto alardean los gobernantes de turno.
Al parecer esta posición del Ministro Castilla se ve reforzada principalmente porque en los hechos existen regiones que desde hace años reciben cantidades extraordinarias de recursos, pero que no han logrado convertirlas en fuentes de desarrollo competitivo, productivo y eficiente para los pueblos que administran, por lo tanto no se mejora la calidad de vida de los pobladores ni se generan fuentes productivas alternas que permitan aprovechar la actividad minera, para fortalecer la agroindustria, la ganadería, la pesca u otras actividades de producción renovables. Para tales efectos, el MEF ha visto por conveniente aumentar el Presupuesto Público en S/. 8 mil millones anuales, (S/.95 mil millones en total de Presupuesto Público para el 2012) dentro de un marco que tenga como principal objetivo que la población sienta un impacto positivo en el desarrollo de su comunidad y que esta vez será monitoreada por la implementación de herramientas de control de gasto público como el Presupuesto por resultados.
Esta acción produjo naturalmente una reacción, la cual provino justamente del principal vocero de los gobiernos regionales, me refiero al Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien categóricamente rechazó tales acusaciones y por el contrario trasladó la responsabilidad de la ineficacia de gestión de la cual se le acusa precisamente al Ejecutivo, de quien refiere que es el que pone las trabas a través del MEF para que no se puedan agilizar los procesos de ejecución de las inversiones debido a la innecesaria burocracia que perjudica el accionar de los gobiernos regionales y locales.
Bajo esa perspectiva que pone en debate dos posiciones totalmente contrarias en un ánimo de “sacar cuerpo” del real problema que es el descontento social a raíz de la falta de no sentirse parte del desarrollo nacional, deben surgir interrogantes que no precisamente deben ser para buscar culpables o responsables de la conflictividad social actual, sino por el contrario, frente a esta problemática proponer alternativas de solución que permitan salir de este círculo vicioso que por años vivimos y al parecer nadie quiere abordar de manera directa y transversal desde el Ejecutivo por medio de la PCM y el MEF, hasta los gobiernos subnacionales.
Considero que las alternativas de solución van más allá de pedir más autonomía económica al MEF, aumentar el presupuesto público gradualmente o la más reciente que es establecer oficinas descentralizadas del MEF en todas las regiones (con lo cual originaría más burocracia y resulta innecesario debido al avance de las comunicaciones y la informática). Por lo que estas propuestas no están tratando los temas de fondo, por el contrario están dilatando un problema que tiene que ver principalmente con planificación y participación multilateral en las decisiones al momento de elaborar el Presupuesto Público cada año, la cual no se soluciona con ser aprobada finalmente por un Congreso escaso de legitimidad y con una cuestionada representatividad.
En ese sentido el problema medular de la incapacidad de gasto público por parte de los gobiernos regionales y locales, a mi modesta opinión, es la falta de un “Plan Nacional de Gasto Público”, el cual permita identificar de manera consensuada al momento de elaborarse el Presupuesto Público, los grandes proyectos a ejecutarse por parte de los gobiernos subnacionales los cuales deben estar enmarcados dentro de una política pública que oriente el gasto de inversiones hacia determinados objetivos nacionales. Por ejemplo si el actual gobierno tiene como objetivo la inclusión y el desarrollo social como proyecto a corto y mediano plazo, debe involucrar bajo esa misma propuesta a los gobiernos regionales y locales para que estos puedan diseñar su Plan de Inversiones Anual, distribuyendo un porcentaje considerable de su presupuesto a la ejecución de obras orientadas hacia ese objetivo nacional y lo demás distribuirlo dentro de su Plan de Desarrollo Concertado, el cual está orientado a solucionar su problemática local. Este porcentaje del Presupuesto Público orientado al objetivo nacional, puede ser propuesto por una Ley Marco o en todo caso resuelto dentro de la autonomía que debe caracterizar a los gobiernos regionales y locales y que este provenga de un Acuerdo de Consejo, lo importante aquí es que podamos orientar el gasto hacia proyectos de trascendencia nacional y que articulen un desarrollo planificado. Esta vez puede ser la inclusión social, de ahí el plan nacional puede demandar la promoción de la ciencia y la tecnología, etc.
Al parecer el gobierno tiene más o menos la idea pero está cayendo nuevamente en el centralismo, me refiero con esto al nuevo impuesto a las sobreganancias mineras y el recorte que estaría haciendo a las regiones con respecto al canon y regalías mineras, el cual pretende utilizar para resolver problemas al interior del país, principalmente en las regiones que no gozan de estos impuestos. En principio la idea es buena y necesaria dada la coyuntura actual, pero dentro de un marco de descentralización, lo que se necesita es que el gobierno ejerza más que un protagonismo que promueva la competencia con las regiones para ver quien ejecuta más obras, el liderazgo que establezca las líneas directrices de acción para la consecución de objetivos nacionales que articule a los gobiernos regionales y locales, y estos se vuelvan colaboradores de la gestión con autonomía en su economía, pero comprometidos con un Plan de Desarrollo Nacional. Esperemos que el gobierno apueste por trabajar en equipo.

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