INTRANSIGENCIA + PRINCIPIO DE AUTORIDAD = ESTADO DE EMERGENCIA

No es lo mismo un país en crecimiento, que un país en desarrollo.

Está bien culantro pero no tanto versa el dicho popular y al parecer resume la reacción del actual Gobierno en relación a la conflictividad que existe en Cajamarca tras once días de toma de carreteras por parte de un sector de la población, diálogos frustrados y oposiciones con sesgos ideológicos que están revestidas de una negación total a todo lo que tenga que ver con inversión privada en nuestro país. Esta conducta promovida por las propias autoridades regionales y  locales reforzadas por los infaltables frentes de defensa, han propiciado que el Gobierno dentro del Principio de Autoridad que le otorga nuestra Constitución declare en estado de emergencia por 60 días en las provincias cajamarquinas de Celendín, Hualgayoc, Contumazá y Cajamarca la misma que ha empezado a regir desde las cero horas del día de ayer lunes 05 de diciembre.

Esta drástica pero necesaria medida que toma el Jefe de Estado se debe principalmente al rechazo por parte de la población cajamarquina al cúmulo de situaciones previas que el propio Gobierno habría facilitado para que se levante el paro indefinido de la población en aras de establecer un diálogo que permita concertar ideas y llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas. Entre algunas de estas situaciones previas podemos nombrar por ejemplo la suspensión temporal por parte de la Minera Yanacocha del Proyecto Minas Conga, el viaje hacia el lugar del conflicto de una fracción del Gabinete de Ministros encabezado por el Premier Salomón Lerner y finalmente la negación de firmar un acta de entendimiento para levantar la medida de fuerza pese a que la mayoría de los dirigentes cajamarquinos coincidían con los planteamientos del Ejecutivo. Esta negación a llegar a un entendimiento razonable pese a las condiciones que se establecían para el diálogo y principalmente la situación caótica en la que muchos cajamarquinos vivían al transgredirse sus derechos por sus propios conciudadanos, motivó finalmente esta medida constitucional.  

Ante esta situación en la que nos encontramos, me pregunto si no resulta contradictorio que estas cosas sucedan dentro de un país que recientemente fue reconocido (una vez más) por las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional como uno de los países con mejor y mayor proyección de crecimiento en Latinoamérica que oscila más o menos entre 5% a 6% al año y sobretodo en un escenario de incertidumbre financiera que viene dejando a las principales economías mundiales en cuidados intensivos, y en donde cada vez se hace más difícil volverse un país atractivo para las inversiones. Sin duda, somos un país que viene creciendo cada año pero que no trasluce dicho crecimiento necesariamente en desarrollo, y esto queda demostrado en el alto índice de pobreza y pobreza extrema en la que todavía viven miles de cientos de peruanos que paradójicamente se encuentran ubicados en las zonas que actualmente son explotadas por la actividad minera, por otro lado la falta de servicios básicos como luz, agua desagüe, la desnutrición infantil, la falta de carreteras y telecomunicaciones reflejan todavía un país que no sabe cómo transformar dicho crecimiento que proviene principalmente de la minería, en desarrollo para sus pueblos. Creo que este es el tema neurálgico a tratar dentro de la conflictividad social, más allá de la responsabilidad social y ambiental que debe mantener y ser más estricta aún por parte de las empresas mineras en relación a la sociedad que los rodea.

Esta problemática que arrastramos hace muchos años de no poder conjugar inversión – descentralización – gasto público, se ve una vez más reflejada en Cajamarca, pero que en sí, es una muestra de lo que sucede en todo el país, principalmente en las regiones denominadas mineras. En ese sentido el Estado y las empresas tienen razón en parte cuando acusan a manera de afirmación que los Gobiernos Regionales y Locales son ineficientes e incapaces de poder beneficiar a sus pueblos con los recursos que son provistos a través del canon minero y las regalías mineras, pero habría que preguntarnos qué están haciendo estas para poder dar solución a este círculo vicioso de incapacidad de gasto y retorno de la inversión que todos los años ocurre y que lo peor de todo, recrudece la relación entre el Estado y la población que legítimamente reclama mayor participación en el desarrollo nacional. Estos reclamos tanto al Gobierno como a la Empresa Privada no están siendo bien focalizados en busca de una correspondiente solución puesto que los principales actores políticos para canalizar en desarrollo, las inversiones provenientes de la minería son precisamente los gobiernos regionales y locales.

Bajo esta realidad considero que mantener una actitud como la que está tomando ahora el Gobierno de delegar la responsabilidad a otros del gravísimo problema de gasto público tampoco es saludable, es tiempo que de una vez por todas se definan las políticas públicas que permitan mejorar el proceso de descentralización y se establezcan mecanismos que favorezcan el dinamismo en la ejecución de las inversiones por parte de los gobiernos regionales y locales, más allá de la implementación de instrumentos de gestión como el Presupuesto por Resultados que sin duda es un gran paso para fiscalizar la ejecución del gasto público, pero que aún le falta ser más propositivo en cuanto a las recomendaciones que impliquen un mejor desempeño en la gestión de las inversiones públicas.

En ese sentido el Estado tiene que tomar cartas en el asunto de manera urgente, porque no es posible que la población aledaña a las zonas de explotación minera sean los únicos que no se sientan a gusto con la minería en nuestro país, precisamente porque no son parte del desarrollo que tanto se alardea que deja esta actividad económica. Esta responsabilidad implica que tanto el Gobierno como también las empresas privadas puedan aportar ya sea de manera directa o indirecta para que los gobiernos regionales y locales cuenten con las herramientas y los mecanismos de gestión necesarios para tener una mejor capacidad de gasto que redunde en el beneficio de sus pobladores y asimismo promover la capacitación constante de sus funcionarios para que estos puedan desarrollarse profesionalmente y sean parte de la implementación de las mejoras a nivel de gestión y liderazgo. Tenemos que poner fin a las críticas y a “tirarnos la pelota” cada vez que ocurren conflictos sociales, es verdad que los gobiernos regionales y locales no están pasando por un buen momento, pero es hora que el Gobierno Central y las propias empresas privadas contribuyan a solucionar este grave problema que lamentablemente trasciende hacia la población que escucha de un país que crece, pero por otro lado mira que este no se desarrolla.