martes, 13 de diciembre de 2011

TRES PRECISIONES A RESCATAR DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL PERÚ


¿Resulta ser más difícil Gobierno, que tan solamente oposición?
Al parecer el Proyecto Minas Conga ha traído más de un dolor de cabeza a este todavía improvisado e inexperto gobierno en lo que se refiere al manejo de la conflictividad social y ambiental en el país, el mismo que se ha visto reforzado por imprecisiones y contradicciones al interior del propio gobierno a raíz del arcoíris ideológico que existe desde sus inicios cuando se conformo la alianza partidaria GANA PERÚ, el mismo que predeciblemente se podía augurar que traería problemas una vez instalado como gobierno, sobretodo al momento de abordar diferentes temas que tienen que ver principalmente con la inversión privada, el medio ambiente y el desarrollo social. Esta coyuntura conflictiva en la que se encuentra Cajamarca, puede desnudar de alguna forma los matices ideológicos y el “corazoncito” con la que algunos actores políticos se mueven en la esfera gubernamental y que justamente propician las disputas e improvisaciones al momento de abordar posibles soluciones en cuanto a conflictos sociales y la actividad minera. Pero que precisiones podemos rescatar de toda esta maraña social y política.
En primer lugar como uno de los orígenes del problema en Cajamarca es la falta de credibilidad que mantiene actualmente la población cajamarquina hacia el Partido de Gobierno Gana Perú, quien a través de su candidato y ahora Presidente de la República Ollanta Humala, promoviera en ese entontes una campaña presidencial con un mensaje aparentemente políticamente correcto que iba en contra de la actividad minera en el país incitando a la confrontación entre la incompatibilidad del agua y el oro en dicha región, lo cual hoy en día le viene cobrando la factura, porque vuelve al Presidente de la República preso de sus propias palabras lo cual es muy difícil de revertir ahora desde el otro lado del balcón como Jefe de Gobierno. Por lo que una primera precisión que debemos tener en cuenta es que en política las palabras trascienden en el tiempo y que se debe ser muy cuidadoso cuando se pretende acusar o levantar alguna bandera de tinte social, principalmente si no se conoce el terreno gubernamental, porque según lo que vemos es más fácil ser oposición a ser gobierno, y todavía es más complicado si no sabes si vas a poder ser consecuente con tus ideales debido al “sistema” que no te lo permite tan fácilmente.
En segundo lugar, podemos ser testigos del radicalismo ideológico con el que se mueven algunos de los principales interlocutores por parte de la población cajamarquina como el Presidente Regional de Cajamarca – Patria Roja - y el Presidente del Frente de Defensa – ex miembro del MRTA -, los cuales al parecer por ningún motivo pretenden ceder a la paralización de la huelga indefinida que mantienen pese a haberse suspendido temporalmente el Proyecto Minas Conga por parte del Gobierno y la Minera Yanacocha para dar paso al diálogo y la concertación de propuestas viables; esto demuestra que cualquier oportunidad es buena para saltar a la “fama” sobretodo si como autoridad no vienes cumpliendo con los requerimientos del pueblo que te ha elegido y legítimamente te exige ser más eficiente con tu gestión pública y ejecutar los proyectos de inversión que aterricen en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por lo que una segunda precisión es que no todos los políticos pueden ser buenos gestores públicos, para algunos puede más su forma ideológica de ver la política, que dar buenos resultados una vez sido elegidos como autoridades, con lo cual deja el campo abierto a quienes políticamente pueden ser unos tiranos, abusivos y hasta corruptos judicialmente comprobado, pero que finalmente hacen obras y amenazan con regresar.
En tercer lugar está el pasivo social, ambiental y ético con el cual impunemente se ha manejado empresarialmente la Minera Yanacocha con la venia de anteriores gobiernos, por lo cual tiene mucho que reconocer en cuanto a la responsabilidad que mantiene en todo este conflicto social y ambiental con la población de Cajamarca. Se podrían enumerar diversos factores que actualmente acrecientan la brecha de desconfianza entre empresa – sociedad, pero por nombrar una de ellas se encuentra el derrame de mercurio en el Centro Poblado de Choropampa – Cajamarca, el cual trajo consigo la intoxicación de alrededor de 1800 habitantes los cuales a la fecha todavía se encuentran en la desatención por parte de la empresa y los daños causados en el ecosistema son irreversibles. Por lo que una tercera precisión es que la empresa minera no puede ser ajena a esta situación y por el contrario debe ser paciente en el manejo de esta conflictividad, brindando todo su apoyo al Gobierno para que este pueda desarrollar su trabajo de mediador con la población sin presión comercial alguna y asimismo asegurarse que la población de Choropampa esté siendo resarcida en su totalidad por los graves daños propiciados por el lamentable episodio ambiental de la empresa.
Podríamos encontrar muchas otras precisiones que dejan hasta el momento esta conflictividad social y ambiental en la que nos encontramos, como por el ejemplo el manejo parcializado de la información de algunos medios de comunicación que fungen de interlocutores de la empresa privada los cuales acrecientan la confrontación entre la población y el gobierno; por otro lado el pasivo dejado por el anterior gobierno en cuanto al manejo abusivo de las concesiones mineras y su política del perro del hortelano, lo cual desembalsa en toda esta conflictividad expandida por todo el país; etc. En ese sentido, resulta imprescindible que el Gobierno dentro del principio de autoridad que le otorga la Constitución, no utilice este para reprimir y “meter bala” a los pobladores cajamarquinos, sino por el contrario en una nueva etapa de manejo del Estado, promueva el diálogo y la concertación por encima de las presiones radicales que provengan de cualquier extremo político e ideológico, persé la nueva Ley de ordenamiento territorial y las nuevas políticas públicas referentes al manejo social y ambiental que se implementen para las futuras inversiones mineras permitirá paralelamente blindar mejor al Estado en la conflictividad que por lo visto siempre va a existir.

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