INTRANSIGENCIA + PRINCIPIO DE AUTORIDAD = ESTADO DE EMERGENCIA

No es lo mismo un país en crecimiento, que un país en desarrollo.

Está bien culantro pero no tanto versa el dicho popular y al parecer resume la reacción del actual Gobierno en relación a la conflictividad que existe en Cajamarca tras once días de toma de carreteras por parte de un sector de la población, diálogos frustrados y oposiciones con sesgos ideológicos que están revestidas de una negación total a todo lo que tenga que ver con inversión privada en nuestro país. Esta conducta promovida por las propias autoridades regionales y  locales reforzadas por los infaltables frentes de defensa, han propiciado que el Gobierno dentro del Principio de Autoridad que le otorga nuestra Constitución declare en estado de emergencia por 60 días en las provincias cajamarquinas de Celendín, Hualgayoc, Contumazá y Cajamarca la misma que ha empezado a regir desde las cero horas del día de ayer lunes 05 de diciembre.

Esta drástica pero necesaria medida que toma el Jefe de Estado se debe principalmente al rechazo por parte de la población cajamarquina al cúmulo de situaciones previas que el propio Gobierno habría facilitado para que se levante el paro indefinido de la población en aras de establecer un diálogo que permita concertar ideas y llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas. Entre algunas de estas situaciones previas podemos nombrar por ejemplo la suspensión temporal por parte de la Minera Yanacocha del Proyecto Minas Conga, el viaje hacia el lugar del conflicto de una fracción del Gabinete de Ministros encabezado por el Premier Salomón Lerner y finalmente la negación de firmar un acta de entendimiento para levantar la medida de fuerza pese a que la mayoría de los dirigentes cajamarquinos coincidían con los planteamientos del Ejecutivo. Esta negación a llegar a un entendimiento razonable pese a las condiciones que se establecían para el diálogo y principalmente la situación caótica en la que muchos cajamarquinos vivían al transgredirse sus derechos por sus propios conciudadanos, motivó finalmente esta medida constitucional.  

Ante esta situación en la que nos encontramos, me pregunto si no resulta contradictorio que estas cosas sucedan dentro de un país que recientemente fue reconocido (una vez más) por las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional como uno de los países con mejor y mayor proyección de crecimiento en Latinoamérica que oscila más o menos entre 5% a 6% al año y sobretodo en un escenario de incertidumbre financiera que viene dejando a las principales economías mundiales en cuidados intensivos, y en donde cada vez se hace más difícil volverse un país atractivo para las inversiones. Sin duda, somos un país que viene creciendo cada año pero que no trasluce dicho crecimiento necesariamente en desarrollo, y esto queda demostrado en el alto índice de pobreza y pobreza extrema en la que todavía viven miles de cientos de peruanos que paradójicamente se encuentran ubicados en las zonas que actualmente son explotadas por la actividad minera, por otro lado la falta de servicios básicos como luz, agua desagüe, la desnutrición infantil, la falta de carreteras y telecomunicaciones reflejan todavía un país que no sabe cómo transformar dicho crecimiento que proviene principalmente de la minería, en desarrollo para sus pueblos. Creo que este es el tema neurálgico a tratar dentro de la conflictividad social, más allá de la responsabilidad social y ambiental que debe mantener y ser más estricta aún por parte de las empresas mineras en relación a la sociedad que los rodea.

Esta problemática que arrastramos hace muchos años de no poder conjugar inversión – descentralización – gasto público, se ve una vez más reflejada en Cajamarca, pero que en sí, es una muestra de lo que sucede en todo el país, principalmente en las regiones denominadas mineras. En ese sentido el Estado y las empresas tienen razón en parte cuando acusan a manera de afirmación que los Gobiernos Regionales y Locales son ineficientes e incapaces de poder beneficiar a sus pueblos con los recursos que son provistos a través del canon minero y las regalías mineras, pero habría que preguntarnos qué están haciendo estas para poder dar solución a este círculo vicioso de incapacidad de gasto y retorno de la inversión que todos los años ocurre y que lo peor de todo, recrudece la relación entre el Estado y la población que legítimamente reclama mayor participación en el desarrollo nacional. Estos reclamos tanto al Gobierno como a la Empresa Privada no están siendo bien focalizados en busca de una correspondiente solución puesto que los principales actores políticos para canalizar en desarrollo, las inversiones provenientes de la minería son precisamente los gobiernos regionales y locales.

Bajo esta realidad considero que mantener una actitud como la que está tomando ahora el Gobierno de delegar la responsabilidad a otros del gravísimo problema de gasto público tampoco es saludable, es tiempo que de una vez por todas se definan las políticas públicas que permitan mejorar el proceso de descentralización y se establezcan mecanismos que favorezcan el dinamismo en la ejecución de las inversiones por parte de los gobiernos regionales y locales, más allá de la implementación de instrumentos de gestión como el Presupuesto por Resultados que sin duda es un gran paso para fiscalizar la ejecución del gasto público, pero que aún le falta ser más propositivo en cuanto a las recomendaciones que impliquen un mejor desempeño en la gestión de las inversiones públicas.

En ese sentido el Estado tiene que tomar cartas en el asunto de manera urgente, porque no es posible que la población aledaña a las zonas de explotación minera sean los únicos que no se sientan a gusto con la minería en nuestro país, precisamente porque no son parte del desarrollo que tanto se alardea que deja esta actividad económica. Esta responsabilidad implica que tanto el Gobierno como también las empresas privadas puedan aportar ya sea de manera directa o indirecta para que los gobiernos regionales y locales cuenten con las herramientas y los mecanismos de gestión necesarios para tener una mejor capacidad de gasto que redunde en el beneficio de sus pobladores y asimismo promover la capacitación constante de sus funcionarios para que estos puedan desarrollarse profesionalmente y sean parte de la implementación de las mejoras a nivel de gestión y liderazgo. Tenemos que poner fin a las críticas y a “tirarnos la pelota” cada vez que ocurren conflictos sociales, es verdad que los gobiernos regionales y locales no están pasando por un buen momento, pero es hora que el Gobierno Central y las propias empresas privadas contribuyan a solucionar este grave problema que lamentablemente trasciende hacia la población que escucha de un país que crece, pero por otro lado mira que este no se desarrolla.

TRES PRECISIONES A RESCATAR DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL PERÚ

¿Resulta ser más difícil Gobierno, que tan solamente oposición?

Al parecer el Proyecto Minas Conga ha traído más de un dolor de cabeza a este todavía improvisado e inexperto gobierno en lo que se refiere al manejo de la conflictividad social y ambiental en el país, el mismo que se ha visto reforzado por imprecisiones y contradicciones al interior del propio gobierno a raíz del arcoíris ideológico que existe desde sus inicios cuando se conformo la alianza partidaria GANA PERÚ, el mismo que predeciblemente se podía augurar que traería problemas una vez instalado como gobierno, sobretodo al momento de abordar diferentes temas que tienen que ver principalmente con la inversión privada, el medio ambiente y el desarrollo social. Esta coyuntura conflictiva en la que se encuentra Cajamarca, puede desnudar de alguna forma los matices ideológicos y el “corazoncito” con la que algunos actores políticos se mueven en la esfera gubernamental y que justamente propician las disputas e improvisaciones al momento de abordar posibles soluciones en cuanto a conflictos sociales y la actividad minera. Pero que precisiones podemos rescatar de toda esta maraña social y política.

En primer lugar como uno de los orígenes del problema en Cajamarca es la falta de credibilidad que mantiene actualmente la población cajamarquina hacia el Partido de Gobierno Gana Perú, quien a través de su candidato y ahora Presidente de la República Ollanta Humala, promoviera en ese entontes una campaña presidencial con un mensaje aparentemente políticamente correcto que iba en contra de la actividad minera en el país incitando a la confrontación entre la incompatibilidad del agua y el oro en dicha región, lo cual hoy en día le viene cobrando la factura, porque vuelve al Presidente de la República preso de sus propias palabras lo cual es muy difícil de revertir ahora desde el otro lado del balcón como Jefe de Gobierno. Por lo que una primera precisión que debemos tener en cuenta es que en política las palabras trascienden en el tiempo y que se debe ser muy cuidadoso cuando se pretende acusar o levantar alguna bandera de tinte social, principalmente si no se conoce el terreno gubernamental, porque según lo que vemos es más fácil ser oposición a ser gobierno, y todavía es más complicado si no sabes si vas a poder ser consecuente con tus ideales debido al “sistema” que no te lo permite tan fácilmente.

En segundo lugar, podemos ser testigos del radicalismo ideológico con el que se mueven algunos de los principales interlocutores por parte de la población cajamarquina como el Presidente Regional de Cajamarca – Patria Roja - y el Presidente del Frente de Defensa – ex miembro del MRTA -, los cuales al parecer por ningún motivo pretenden ceder a la paralización de la huelga indefinida que mantienen pese a haberse suspendido temporalmente el Proyecto Minas Conga por parte del Gobierno y la Minera Yanacocha para dar paso al diálogo y la concertación de propuestas viables; esto demuestra que cualquier oportunidad es buena para saltar a la “fama” sobretodo si como autoridad no vienes cumpliendo con los requerimientos del pueblo que te ha elegido y legítimamente te exige ser más eficiente con tu gestión pública y ejecutar los proyectos de inversión que aterricen en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por lo que una segunda precisión es que no todos los políticos pueden ser buenos gestores públicos, para algunos puede más su forma ideológica de ver la política, que dar buenos resultados una vez sido elegidos como autoridades, con lo cual deja el campo abierto a quienes políticamente pueden ser unos tiranos, abusivos y hasta corruptos judicialmente comprobado, pero que finalmente hacen obras y amenazan con regresar.

En tercer lugar está el pasivo social, ambiental y ético con el cual impunemente se ha manejado empresarialmente la Minera Yanacocha con la venia de anteriores gobiernos, por lo cual tiene mucho que reconocer en cuanto a la responsabilidad que mantiene en todo este conflicto social y ambiental con la población de Cajamarca. Se podrían enumerar diversos factores que actualmente acrecientan la brecha de desconfianza entre empresa – sociedad, pero por nombrar una de ellas se encuentra el derrame de mercurio en el Centro Poblado de Choropampa – Cajamarca, el cual trajo consigo la intoxicación de alrededor de 1800 habitantes los cuales a la fecha todavía se encuentran en la desatención por parte de la empresa y los daños causados en el ecosistema son irreversibles. Por lo que una tercera precisión es que la empresa minera no puede ser ajena a esta situación y por el contrario debe ser paciente en el manejo de esta conflictividad, brindando todo su apoyo al Gobierno para que este pueda desarrollar su trabajo de mediador con la población sin presión comercial alguna y asimismo asegurarse que la población de Choropampa esté siendo resarcida en su totalidad por los graves daños propiciados por el lamentable episodio ambiental de la empresa.

Podríamos encontrar muchas otras precisiones que dejan hasta el momento esta conflictividad social y ambiental en la que nos encontramos, como por el ejemplo el manejo parcializado de la información de algunos medios de comunicación que fungen de interlocutores de la empresa privada los cuales acrecientan la confrontación entre la población y el gobierno; por otro lado el pasivo dejado por el anterior gobierno en cuanto al manejo abusivo de las concesiones mineras y su política del perro del hortelano, lo cual desembalsa en toda esta conflictividad expandida por todo el país; etc. En ese sentido, resulta imprescindible que el Gobierno dentro del principio de autoridad que le otorga la Constitución, no utilice este para reprimir y “meter bala” a los pobladores cajamarquinos, sino por el contrario en una nueva etapa de manejo del Estado, promueva el diálogo y la concertación por encima de las presiones radicales que provengan de cualquier extremo político e ideológico, persé la nueva Ley de ordenamiento territorial y las nuevas políticas públicas referentes al manejo social y ambiental que se implementen para las futuras inversiones mineras permitirá paralelamente blindar mejor al Estado en la conflictividad que por lo visto siempre va a existir.

UNA COSA ES CON GUITARRA Y OTRA CON CONGA (2da Parte)

¿Alguien puede sentirse victorioso con la suspensión de Minas Conga?

Estuve atento a la forma en que algunos medios de comunicación abordaban la noticia que se diera el día martes 29 pasado por la noche, cuando se anunciaba la suspensión del Proyecto Minas Conga por medio de un comunicado que extendiera la Minera Yanacocha en la cual señalaba que a causa de los acontecimientos ocurridos en Cajamarca y por exigencia de la Presidencia de la República, suspendían las actividades de dicho proyecto, en aras de restablecer la tranquilidad y la paz social y asimismo brindar las condiciones para un diálogo fructífero en busca de una solución concertadora. En ese sentido pude percibir que había una ánimo de “piconería” por parte de algunos conductores de televisión de espacios noticiosos de corte político, porque cada vez que señalaban la decisión finalmente tomada por la empresa minera y el Gobierno, manifestaban que habían ganado esta “batalla” los pobladores cajamarquinos, pero que “porsiacaso” este proyecto estaba solamente suspendido, más no se había acordado su cancelación definitiva.

¿Es acaso la forma de abordar una noticia de alcance nacional? Considero que dicho comportamiento solo acrecienta la brecha de parcialidad que mantienen algunos medios de comunicación con las principales empresas privadas, sin importar mucho que digamos, el restablecimiento de la paz y la apertura del diálogo por parte del Gobierno con los pobladores. Al parecer esta forma de manejar la noticia, tiene un matiz confrontacional con el cual pretende inferir en la opinión pública para que esta pueda crearse un concepto negativo de la lucha por la defensa del medio ambiente y la salud pública, la cual para estos comunicadores, se encuentra muy por debajo de los intereses y dividendos económicos que promueve la actividad minera a través de un alto costo social y ambiental.

Por otro lado, repasando un poco los acontecimientos que motivaron la suspensión de dicho proyecto podemos encontrar que al día sexto de la huelga indefinida promovida por los pobladores cajamarquinos, y tras una arremetida de las fuerzas policiales en contra de estos, la cual dejó como saldo 18 heridos de bala, la empresa minera Yanacocha decidió acatar todas las exigencias del gobierno para establecer una minería responsable que se comprometa a facilitar el restablecimiento del diálogo y la recuperación de la confianza de la población. Sin embargo, esta decisión fue rechazada en primera instancia tanto por el Presidente Regional de Cajamarca y el Presidente del Frente de Defensa, quienes intentaban continuar con el paro hasta que se emita un pronunciamiento por parte del Gobierno que declare inviable el proyecto minero.

Esta posición que demuestra una vez más la intransigencia de las autoridades a promover un clima de tranquilidad y de apertura del diálogo conjuntamente entre los pobladores cajamarquinos y la empresa minera, intenta debilitar los intentos del Gobierno para exigir a la minera Yanacocha que priorice el agua para consumo humano respetando todos los lineamientos que le exige la normatividad ambiental y sanitaria, porque detrás de un sesgo ideológico inútil que difunden en sus pobladores, señalan que la minería simplemente no va más en Cajamarca y que todo intento de diálogo y negociación es inútil, por lo que solamente esperan la decisión del Gobierno de cancelar la ejecución del proyecto Conga, poniéndolo a este contra la pared.

En ese sentido considero que el Gobierno no debe prestarse para el “ping pong” que intentan jugar por un lado los lobbystas que fungen de periodistas a través de sus presiones mediáticas que solamente tienen como fin, crear un contexto de apoyo incondicional por parte del Estado a favor de los intereses económicos de las empresas mineras, el cual promueven a diario a través de sus medios de comunicación, con lo cual vienen generando un clima negativo ante la población que percibe que existe alguna forma de parcialización hacia la empresa privada por parte del Gobierno. Y por otro lado, no dejarse manipular por parte de los agitadores sociales que fungen de autoridades regionales, que en vez de servir de articuladores para calmar las aguas y establecer el diálogo, incitan a los pobladores a sobredimensionar la forma de exigir sus demandas, la cual llega hasta enfrentarse a la policía y destruir la propiedad privada. 

Pero ¿hay acaso un victorioso con la decisión de suspender temporalmente el Proyecto Minas Conga?, pienso que sí existe un victorioso y este es el pueblo peruano, no podemos ponernos de parte de la violencia y la represión que tanto favorecería a los extremos radicales tanto de derecha como de izquierda, quienes están esperando que el Gobierno “pise el palito”, para sostener que nos encontramos ante un fiasco de gobernabilidad, que solamente puede ser solucionado por una mano más dura que imponga el orden ante la sociedad, favoreciendo los intereses privados por encima del bien común, o por otro lado, favorezca a seudos socialistas disfrazados ahora de ambientalistas que no quieren saber nada del capital extranjero, el cual es necesario para el desarrollo de nuestro país hasta que podamos ir forjando otros medios de desarrollo productivo que paralelamente vayan suplementando nuestro crecimiento económico. Pero con estas autoridades, esto es por el momento seguirá siendo una utopía.

UNA COSA ES CON GUITARRA Y OTRA CON CONGA

¿De la gran transformación a la gran continuación?

Muchos podríamos proponer diversas opiniones frente a lo que viene ocurriendo actualmente en Cajamarca y el confrontacional proyecto Minas Conga, para algunos que intentan promover la actividad minera a cualquier costo, dirán que los cajamarquinos son unos desadaptados y violentistas que están en contra del desarrollo económico y social del país y de su región; y por otro lado, aquellas personas que bajo la fachada de “ambientalistas” sostienen un discurso radical y extremista en contra de todo acuerdo consensuado que permita una salida razonable para las partes implicadas, porque simplemente la minería no va más, dirán que la empresa Yanacocha es una abusiva e irresponsable que está destruyendo paulatinamente el ecosistema cajamarquino. Es decir para todos los gustos y colores podemos encontrar argumentos que pueden coincidir, como también pueden ser totalmente contradictorios, sin embargo si existiera algo que debiera preocuparnos es que estos argumentos totalmente opuestos puedan ser expuestos por una misma persona en tiempos y situaciones totalmente distintas,  siendo este escenario de contradicciones más grave aún si la persona que cambia de posición tan drásticamente es actualmente el Presidente de la República.

Esta situación es justamente la que está viviendo nuestro actual mandatario Ollanta Humala en relación a su posición reciente como autoridad nacional, al señalar que el Proyecto Minas Conga va sí o sí; en contraposición a su postura como candidato presidencial por Gana Perú, cuando en la plaza central cajamarquina señalaba que de ninguna manera permitiría que se toquen los recursos hídricos de esa población. Quizás esta ambivalente conducta no debería extrañarnos,  total, supuestamente todos los políticos mienten y prometen hasta llegar al poder, pero siendo un poco más reflexivos, acaso no podríamos detenernos a pensar en ¿Cómo se sentirá el pueblo cajamarquino que votó por Ollanta Humala esperanzado en la gran transformación?, el cual dicho sea de paso representó el voto más duro y fiel en campaña electoral y que hoy aparentemente se ve engañado y traicionado por su propio elegido. Me imagino que el Presidente no podrá ni dormir pensando en los argumentos para sostener su novísima posición frente a la minería y el desarrollo económico que trae consigo para el país, el cual está superpuesto a los daños ambientales que esta también genera y que está debidamente comprobado.  

Por otro lado otro factor que pone escépticos a muchos en cuanto al viraje hacia la derecha que podría tomar el gobierno tomando como punto de partida la decisión final en cuanto a Minas Conga, es la abrupta salida del gabinete de asesores de la PCM, del controvertido sociólogo y ex miembro de la Comisión de la Verdad, Carlos Tapia, quien fuera también el escudero principal de Ollanta Humala candidato tanto en las elecciones del 2006 como en las del 2011. Según lo vertido por el reciente desalojado del gobierno, su separación se debe a las declaraciones que este realizó a un medio local, en contra del supuesto asesor presidencial Luis Favre, quien estaría interviniendo en las decisiones del gobierno sobretodo en los temas que tienen que ver con conflictos mineros en una clara parcialización hacia la derecha empresarial nacional, convirtiéndose en el principal lobby que le habla al oído al Presidente Ollanta Humala.

Esta lamentable situación al entorno del gobierno debiera ser rápidamente esclarecida por el propio Presidente, quien debe no solo ser, sino también parecer el Jefe de Estado que no se deja influenciar rápidamente por lobbystas que nunca faltan en los gobiernos, tomando para eso decisiones que promuevan un consenso desde una posición que favorezca a la población, la cual finalmente le brindó la oportunidad para realizar una verdadera y gran transformación en el país, la cual por mucho tiempo se ha visto postergada debido a los grandes intereses económicos que han pasado por encima de la voluntad de los pueblos destruyendo irreversiblemente a su paso el medio ambiente.

En ese sentido señalar también que no debemos caer en el juego de los que intentan desestabilizar al actual gobierno, principalmente los que provienen desde los medios de comunicación aliados a los poderes económicos y fácticos; los cuales en su intento de promover el desgobierno, señalan traiciones y engaños del gobierno hacia la población, con lo cual exacerban los ánimos de la gente generando posiciones radicales extremas de enfrentarnos directamente a la actividad minera y por otro lado, promoverla sin importarnos los daños que esta traiga consigo hacia el medio ambiente y la sociedad. A las finales lo que tiene que prevalecer es el entendimiento que pueda promover el Gobierno para que puedan llevarse a cabo tanto la actividad minera, como la agricultura y la ganadería sin imposiciones de ningún tipo. Bajo este contexto de lograr los acuerdos necesarios y si a causa de esto la empresa minera retrasa sus actividades extractivas, ¿cuál es el apuro?, acaso puede primar la recuperación de la inversión y la explotación del oro desmedida, sobre el acuerdo por el cual la población cajamarquina se sienta en cierta forma tranquila y apruebe en consenso el trabajo en sus tierras.

Finalmente considero que el diálogo será la principal herramienta que tendrá el gobierno para poder afrontar esta crisis nacional producto de la conflictividad social y ambiental acarreada por la actividad minera. Tenemos que ponernos en el escenario de qué hubiese pasado si otro grupo partidario sería el actual gobierno que estaría afrontando la problemática actual, ¿acaso PPK, Fujimori, Castañeda o el propio Toledo tendrían la credibilidad necesaria para negociar con las empresas mineras a favor de la población?, gracias a Dios que tenemos un gobierno (espero no equivocarme), más respetuoso de la voluntad popular y que en base a la concertación puede lograr beneficios que redunden tanto en la promoción de la actividad minera responsable, como en lograr el desarrollo económico y social que tanto necesita esa parte del país. Repito, espero no equivocarme.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO QUE VA DEJANDO NUESTRO PINTORESCO PERÚ

Palabras y acciones que reviven o matan pasiones

LO BUENO:

- LA COMISIÓN DE ÉTICA Y LOS SANCIONADOS-. En estos últimos meses la Comisión de Ética del Congreso de la República presidida por el pastor Humberto Lay ha sido la vedette que ha captado toda la atención tanto de la sociedad como de los medios de comunicación, debido principalmente a factores como la excesiva carga de trabajo que mantiene en relación a los más de 40 congresistas  con procesos de posibles inconductas y faltas al código de ética lo cual deja mucho que desear y demuestra notoriamente los vacíos institucionales que todavía existen dentro de la Ley de Partidos Políticos y la normatividad electoral, la cual no permite adecuar un verdadero e irrestricto filtro que evite exponer ante la ciudadanía cualquier persona que provista de recursos económicos para las campañas electorales, sean a su vez potenciales delincuentes. Asimismo, otro factor determinante para ocupar la atención mediática de la labor del Congreso interiorizada en la Comisión de Ética, han sido los casos más llamativos como los de Celia Anicama (Robacable), Eulogio Amado Romero (Comeoro) y el paladín de la anticorrupción el todavía vicepresidente de la República, Omar Chehade; los mismos que han sido merecedores de la máxima sanción disciplinaria propuesta por dicha comisión, la cual equivale a 120 días de suspensión de sus actividades congresales, la cual tiene que ser corroborada por el Pleno del Congreso en los próximos días y por otro lado, estarían pasando a la sub comisión de acusaciones constitucionales, lo cual podría agravar más su situación, siendo un posible desenlace el desafuero del Congreso, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el sometimiento a los procesos judiciales pertinentes. Así que esto recién empieza.     

- SE APRUEBA LA PLANTA PETROQUÍMICA EN EL SUR-. Una grata y desafiante noticia para las autoridades de la región sur del país es la firma de un acta de entendimiento firmada esta semana entre la empresa estatal Petro Perú y la empresa brasileña Braskem para el estudio y la construcción de una planta petroquímica la cual de forma estratégica se estaría ubicando en la ciudad de Ilo - Moquegua. Esta propuesta consta de tres etapas, la primera es realizar el estudio de mercado y análisis técnico – económico del proyecto el cual tiene una inversión de 5 millones de dólares y un tiempo de duración de un año; la segunda etapa que es referente a la ingeniería básica que abarca una inversión de 150 millones de dólares con un tiempo de duración de dos años; y finalmente una tercera etapa que implica la construcción de la planta la cual abarca un tiempo de duración de tres a cuatro años. En total la inversión para este ambicioso proyecto llegaría a los 3 mil millones de dólares y en un plazo de seis años estaría operativa la planta, la cual serviría para la producción de polietileno, insumo básico para la industria del plástico y sintéticos. En ese sentido las autoridades regionales y locales de Moquegua tienen que ir visualizando el trabajo que corresponde realizar a corto y mediano plazo a fin de promover las actividades tecnológicas capacitando a la población para que esta pueda ser parte de este ambicioso proyecto tanto en la construcción como en la operación del mismo.

 LO MALO:

-EL PASIVO SOCIO AMBIENTAL DEL APRA-. Sin duda la crisis y desconfianza que se vive actualmente entre el gobierno y la población comprendida dentro de la actividad minera viene desde la gestión aprista anterior, la cual se encargó de promover la minería en el país a costa de contravenir todo principio social, ambiental y de respeto a la población. Este pasivo de mala gestión gubernamental viene estallándole en la cara al actual gobierno que tiene que confrontar principalmente Estudios de Impacto Ambiental mal elaborados y aprobados de forma parcializada para favorecer a las empresas privadas y estas puedan recuperar rápidamente su inversión sin importar el costo social que ello implique. En ese sentido el gobierno tiene que sobreponerse a dicha situación y desde una posición mesurada, encontrar el equilibrio a fin de promover la actividad privada, pero con un irrestricto principio de responsabilidad social y ambiental que beneficie realmente a la población sin tratarlos como ciudadanos de segunda categoría como en anteriores oportunidades.   

-EL ACCIONAR DE LA AUTORIDAD REGIONAL EN LOS CONFLICTOS-. En la conflictividad social y ambiental recientemente registrada en Cajamarca, el accionar de su autoridad regional a mi parecer no ha sido el más correcto. Una autoridad es elegida para gobernar y defender los intereses de su región pero no de la forma en que su presidente Gregorio Santos lo viene haciendo promoviendo la agitación social y con una postura cerrada que por más dialogo que se promueva, le diga tajantemente NO a la minería, lo que demuestra una actitud irresponsable porque paralelamente no promueve actividades alternativas a su posición, a fin de garantizar proyectos que puedan sustituir a la actividad minera y asimismo su población – una de las más pobres del país – pueda tener oportunidades de desarrollo las cuales ni siquiera han sido aprovechadas a través de los actuales impuestos del canon minero. En ese sentido el protagonismo mediático y las ideologías trasnochadas, no contribuyen para nada y por el contrario dejan sin oportunidades de propuestas consensuadas a la población que gobiernan.

 LO FEO:

-LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS EFECTOS-. Como hemos podido apreciar esta semana, el enfoque social acerca de la violencia no sólo se debe centrar en lo que se registra en las calles ó en los estadios, sino que este terrible problema trasciende y se desarrolla dentro de lo que debería ser el lugar más seguro y protegido para el hombre que es su familia. Esta situación que por años vivimos y que ha tomado repercusión recientemente a raíz del asesinato de una menor de 9 años en manos de su propia desadaptada madre, debe llamar la atención efectiva tanto de las autoridades de gobierno como de las judiciales, a fin de planificar un trabajo social a nivel familiar que permita promover los valores familiares determinando posibles anomalías de nivel afectivo entre padres e hijos para tratarlas a tiempo y por otro lado, la justicia debe actuar con celeridad y precisión teniendo como principal misión, salvaguardar la integridad de los menores. 

- ROSARIO PONCE INICIA EN EL MODELAJE CON CIRO (TAIPE)-. Las imágenes de Rosario Ponce en un reciente desfile de modas hablan por sí solas, y es algo que no debería en realidad sorprendernos dentro de nuestra folclórica sociedad, pero igual creo que indigna, sobretodo en el contexto de supuestamente duelo que debería mantenerse producto de la muerte de su ex novio y sobretodo encontrado su cuerpo hace poco. Que lamentable en verdad esta nueva faceta marketera de la familia Ponce – López, en permitir todo lo que sea rentable para ellos sin respetar el dolor ajeno, y que pena también por la gente que seguro luego de indignarse por estos hechos, estará corriendo a las librerías para comprar su anunciado libro de lo sucedido realmente en el Colca. ¿Bueno en realidad da pena o da risa? Ustedes juzguen.

AHORA SI LA DERECHA TIENE PRESIDENTE

Del repudio a la legitimidad, como has cambiado pelona.

Causa extrañeza combinada con cierto humor, poder leer los últimos titulares de los principales medios de comunicación considerados de oposición, los cuales desde la campaña presidencial pasada hasta hace poco habían marcado un evidente distanciamiento en cuanto a todo lo concerniente a Ollanta Humala, esta evidente actitud movida quizás por un escepticismo económico ha sido cambiada ahora por una serie de halagos y comentarios afectuosos hacia quien otrora fuera el enemigo principal del libre mercado, el Chávez peruano o el cáncer o sida según la persona que a su criterio considere cualquiera de las dos enfermedades como la más terrible.

El Comercio, Perú 21, El Correo, La Razón, Expreso, Canal N, etc., han cambiado su enfoque –al menos temporalmente- en cuanto a la forma de ver este gobierno y todo a raíz de las últimas declaraciones que diera el Presidente Humala en relación al Proyecto Conga en Cajamarca y su correspondiente aprobación más allá de las presiones sociales que arraigaban dicha decisión. Titulares como: Se hizo respetar la autoridad, Conga va sí o sí, Ollanta patea con la derecha, etc., son expresiones que denotan cierta alegría camuflada y mucha complicidad con la posición que ha adoptado el gobierno en cuanto al respeto de los contratos mineros y la búsqueda de consenso de ideas para poder articular tanto la minería con el desarrollo social y el cuidado ambiental.

Asimismo reconocidos actores económicos también vienen incorporándose a este séquito de nuevos seguidores del actual gobierno, ahí tenemos por ejemplo los comentarios de Dionisio Romero Paoletti quien señala que ahora se encuentran muy a gusto con las decisiones del Presidente porque está haciendo las cosas correctamente; a eso también se suma Roque Benavides quien ahora expresa abiertamente que con las decisiones tomadas por el Presidente en relación a la actividad minera, está demostrando que quiere hacer un buen gobierno; a eso hay que agregar algunos comentarios de la Iglesia y otros poderes fácticos que en su conjunto y en resumen, ahora ven con buenos ojos la actual gestión de gobierno.

Esta endeble y novísima moción de apoyo por parte de la derecha empresarial más que ideológica, es sin duda circunstancial y va a ir de la mano conforme no vea sus intereses dañados ni se proclamen cambios repentinos en cuanto al rumbo económico de nuestro país; mientras este laissez faire continúe no va a existir ningún problema y el apoyo incondicional a través de titulares aduladores está garantizado. Sin embargo, por otro lado habría que preguntarse si este nuevo respaldo, conviene o no al Gobierno y si Ollanta Humala se la va a creer o no; al menos las últimas encuestas demuestran que producto del actuar del Gobierno en cuanto a la conflictividad social – ambiental, sumado al caso Chehade, ha repercutido en una baja de aprobación de su gestión, sobretodo en los sectores populares. Esperemos por el bien del país que el Presidente no se deje inflar el pecho y por el contrario utilice este nuevo acercamiento con la CONFIEP y la SNMPE para comprometerlos con el desarrollo del país, poniéndole más énfasis en las zonas mineras, que es justamente donde hay más pobreza.

Por otro lado como lo mencioné en artículos pasados, los extremismos y el radicalismo no contribuyen al desarrollo que necesitamos, posiciones como la del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, no contribuyen en nada como contraparte al espectro económico de la derecha que busca promover a como dé lugar las inversiones en nuestro país; tal como lo menciona Mirko Lauer en su columna de ayer, estos movimientos sociales que hoy en día ocupan gobiernos regionales y locales –como en Cajamarca-, no forman parte de la coalición de izquierda del actual gobierno nacional, por el contrario actúan como líberos políticos que tienen un proyecto propio basado en una propuesta radical, intransigente y populista, que se agrava todavía más, producto de los diversos actos de corrupción que ocurren al interior de sus gobiernos y peor aún la ineficiencia comprobada de sus gestiones en cuanto a la adecuada capacidad de gasto público, con lo cual buscan un figuretismo mediático a nivel popular agitando a las masas queriendo ganarse su aprobación, siendo por el contrario su deber principal, promover actividades productivas que generen oportunidades de desarrollo a su población.

Finalmente señalar que para tales efectos, la mejor forma de contrarrestar estas agitaciones populares promovidas cuestionablemente por las propias autoridades regionales, es la reacción rápida del gobierno en cuanto a la revisión de los cuestionados Estudios de Impacto Ambiental aprobados en la gestión neoliberal pasada de Alan García, garantizando que se realicen nuevamente pero de forma transparente y que sea evaluado por el Ministerio del Ambiente y no por el Ministerio de Minería para evitar conflictos de intereses. En ese sentido las empresas mineras deben brindar el apoyo necesario para que este proceso se realice rápidamente y ser de igual forma ambiental y socialmente responsables con los sectores donde realizan su actividad extractiva, quizás no sea como con el gobierno pasado que estaba a su disposición para cumplir todos sus requerimientos, pero esas son las condiciones actuales y a todos nos compromete acostumbrarnos, al fin y al cabo la seguridad y la paz social debe estar por encima de cualquier interés político o privado.

OLLANTA HUMALA Y SU DILEMA HAMLETIANO

Promover la minería o no promoverla. Esa es la cuestión.

Como era previsible, al término de 100 días de gestión y de una entrecortada luna de miel, empieza nuevamente a rebrotar la conflictividad social en nuestro país, producto del pésimo manejo de anteriores gobiernos, principalmente del anterior, en lo que se refiere a la tensión que existe hace más de una década entre minería y agricultura, lo cual constituye la paradoja más notable que enfrenta nuestra sociedad en los últimos años. Estos conflictos sociales y también ambientales, que hoy intentan ser aprovechados por la oposición y poderes fácticos para enrostrar al actual gobierno algún grado de ineficiencia y de contradicción en su discurso; han sido tratados de manera inútil en anteriores oportunidades, ya sea a través de mesas de diálogo, actas firmadas inservibles y retóricas como la del perro del hortelano, las cuales solamente han significado aletargamientos para la ciudadanía, la misma que se siente “paseada” por el Gobierno, en vista de que nunca se han solucionado problemas de fondo.

Esta situación ha provocado la reacción de nuestro actual mandatario, quien de forma enérgica, para alegría de muchos y tristeza de otros, ha sido consecuente con la posición de respetar los contratos que promueven la actividad minera, señalando que no aceptará ningún ultimátum de nadie, promoviendo por el contrario una disposición abierta al diálogo, la cual permita aclarar de forma transparente las posiciones que provengan de ambos lados, respetando por un lado a las comunidades y sus recursos naturales, pero también promoviendo las actividades privadas, lo cual asienta un hito para poder determinar cuál será el rumbo económico que tomará nuestro país con este gobierno.

Esta posición de rechazar opciones extremas de solamente minería o solamente agua, buscando por el contrario que estas dos puedan articularse, ha desatado en el bando empresarial como social, posiciones obviamente distintas; por un lado con el primero al parecer el aumento de credibilidad se ha visto fortalecido notablemente, pero con el bando social, las cosas todavía no están definidas y el clima de tensión sigue vigente, lo cual resulta preocupante para la gobernabilidad y la paz social que intenta promover el actual gobierno. Por otro lado, el liderazgo que aparentemente se ha recuperado, no es tan legítimo que digamos, puesto que este solamente estaría asentado en los reconocimientos del empresariado que ven al actual gobierno como aliado a razón de beneficiar sus intereses y coincidir con sus ideas; pero que en el global, tomando como referencia el “resto de la sociedad – especialmente los que apoyaron a Humala candidato”, no se sienten totalmente de acuerdo con esta posición mesurable, sintiendo por el contrario un tufillo de traición, lo cual podría repercutir seriamente en el recrudecimiento de las protestas sociales a lo largo y ancho del país.

En este sentido, el intento de superar los extremismos por parte del gobierno debe apoyarse también en la búsqueda de un acercamiento efectivo con la población, la cual no debe percibir abandono del Estado como en anteriores oportunidades, sino por el contrario, fortalecer la comunicación es esencial actualmente, teniendo la paciencia y el manejo suficiente para instaurar la visión del gobierno, de que si es posible el crecimiento económico con respeto a las comunidades y su medio ambiente, lo cual repercutirá finalmente en la inclusión y desarrollo social.

Por otro lado, hay que examinar también el papel que están cumpliendo algunas autoridades regionales y locales en la conflictividad social actual, las cuales se están comportando como promotores de la violencia y la intolerancia dentro de sus comunidades, para ejemplo tenemos al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien trata de traidor al Presidente de la República, señalando que este último ha cedido a los chantajes de la minería, desconociendo por completo sus promesas electorales de respetar las decisiones de la población en el tema minero. ¿Es este el comportamiento que debe esperar la región de Cajamarca de su actual presidente?, considero tajantemente que no, para tales efectos, si es que piensa que nuestro país no debe creerse el cuento de desarrollarse en base a la minería, cuál es el trabajo que viene realizando su gestión dentro del fortalecimiento de otras actividades productivas que permitan ser alternativas a la actividad minera y que cumpla el objetivo de reducir la pobreza en su región la cual es una de las más pobres del Perú. Pienso que la labor psicosocial que está promoviendo esta autoridad regional le hace daño a sus pobladores y al país entero, porque en vez de servir como puente de diálogo y conciliador de intereses, está más bien cayendo en lo populoso e irresponsable, caldeando los ánimos de la gente y dentro de una pasividad de gestión que complica peor aún la situación de su gente.

Bajo ese contexto de ser un país que actualmente depende de la minería, pienso que no debemos pegarnos a los extremos y por el contrario, así sea dificultoso y tedioso el camino del diálogo y las soluciones pacíficas, este debe ser el sendero que el actual gobierno debe seguir, generando una armonía entre la actividad minera y la sociedad. Para eso, si bien es cierto lo positivo que resulta, la idea de que sin inversión no habrá crecimiento ni recursos para financiar la acción social del gobierno, también es vital que se tome en cuenta necesariamente los intereses sociales de la población, sobretodo los que tengan que ver con su calidad de vida y el respeto al medio ambiente, los cuales deben ser los pilares sobre los cuales se deben asentar todos los proyectos mineros a desarrollarse.

Finalmente señalar que además de lo productivo que puede resultar la consulta previa en este proceso, es imperativo por parte del gobierno que de una vez establezca el proyecto de ordenamiento territorial del país, el cual permita darle racionalidad y un uso productivo de la naturaleza, cerrando asimismo las brechas que existen entre la convivencia de la minería y la agricultura. Por otro lado, resulta importante también el fortalecimiento del proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, los mismos que deben estar a cargo del Ministerio del Ambiente, evitando con eso el conflicto de intereses entre el Ministerio de Energía y Minas y la actividad que administra. Es bajo esos parámetros, dentro de una actitud equilibrada del gobierno y promoviendo la concertación, que se puede fortalecer la gobernabilidad y armonizar el desarrollo económico para todos los peruanos.

AHORA SÍ, TERMINO LA LUNA DE MIEL

La convivencia entre el Gobierno y la población acaba de empezar.

Luego del fracaso matrimonial entre la población y la gestión anterior del presidente García producto de la indiferencia de este último frente a las necesidades y respeto que reclamaban a gritos los primeros; ha dejado una brecha muy grande para que esta nueva relación con el actual gobierno pueda superarse prontamente. Y es que el sabor a maltrato y abuso todavía queda a flor de piel por parte de la población, teniendo la administración Humala que redoblar esfuerzos por recuperar la confianza y establecer un clima de paz social que tanto necesita nuestro país.

Y es que este maltrato físico y psicológico sufrido por la población por cinco años apristas, no se puede solucionar de la noche a la mañana, aún quedan grandes rezagos de desconfianza producto de las falsas promesas, y peor aún, el adulterio político y económico que el gobierno anterior mantuvo con las grandes corporaciones privadas la cual ha quedado como una herida abierta muy difícil de cerrar, siendo ahora la duda y el escepticismo la forma en que la población observa el accionar del Estado, pese a tener un nuevo gobierno que supuestamente contó su respaldo para llevar a cabo la solución a sus problemas.

Esta metáfora de amor no correspondido y matrimonio resquebrajado, es el escenario que nos dejó el gobierno aprista y que hoy estamos viviendo en Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, tres regiones con mucha pobreza pero con abundante riqueza mineral, regiones a las cuales este nuevo gobierno tiene que volver a “enamorar” y ganarse nuevamente su confianza, la misma que ya ha tenido gestos positivos como la Ley de Consulta Previa y el impuesto a las sobreganancias mineras, pero que todavía ha dejado pendiente la Institucionalidad Ambiental y el Ordenamiento Territorial para la minería.

Es justamente en este último factor que el gobierno debe empezar a trabajar, porque siendo el resultado de años de postergación, se ha convertido en el principal problema que viene afectando la gobernabilidad en nuestro país, al no haberse establecido los parámetros de la expansión minera, el respeto al medio ambiente y lo peor de todo, el margen de beneficio tangible que reciben contradictoriamente los principales afectados, los cuales deberían llamarse los principales beneficiados de la actividad minera, lo cual está muy lejos de ser realidad.

En ese sentido el camino por recorrer por parte del Gobierno es largo pero de todos modos inminente; requiriendo para tal fin una adecuación del marco jurídico a la realidad con respecto  a los conflictos sociales producto de la minería y el nuevo rol que se le exige al Estado, teniendo en cuenta que cuando se estableció la ley de minería en los 90’, fue para favorecer dicha actividad y sus empresas, en un contexto de precio bajo de minerales, una cruel guerra interna, un aislamiento financiero de nuestro país, etc., siendo la actual realidad totalmente distinta, por lo cual exige necesariamente mecanismos de consulta a la población, instrumentos de ordenamiento territorial para el desarrollo de la minería y una importante  institucionalidad ambiental.

Por otro lado, el papel de los gobiernos regionales y locales es fundamental para garantizar un adecuado manejo del gasto público el cual permita generar proyectos de desarrollo productivo que permitan tener un enfoque del país que no dependa solamente de la minería, y que por el contrario esta actividad se convierta en un pilar importante para la generación de otras actividades económicas y comerciales. Ese es un enfoque importante que debe provenir del gobierno central hacia las demás instancias de gobierno, transformándose en una visión de país con actividades productivas sustentables.

Sin embargo se han generado rumores, los cuales tienen que ser despejados por el accionar del actual gobierno en cuanto a posibles acuerdos políticos con empresas mineras para la ejecución de nuevos proyectos como condicionante del nuevo impuesto al gravamen minero; y esto debido al continuismo de las mismas reglas de juego para abordar la conflictividad social a través del respaldo a los contratos privados con las empresas mineras y el establecimiento de mesas de diálogo para convencer a la población de los beneficios que esta actividad minera les dejaría; sin embargo, tendría que analizar el gobierno, el costo social y político que esta decisión traería consigo, porque no podemos nuevamente entrar a una situación de ingobernabilidad que enfrente al gobierno con la población.

Bajo esta premisa de reacción rápida del gobierno para establecer las condiciones de una minería responsable, debe asimismo transferir los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente, evitando así el conflicto de intereses entre el Ministerio de Energía y Minas – que aprueba actualmente los EIA - y la inversión minera; siendo a su vez vital (como lo mencioné anteriormente), el proceso de ordenamiento territorial para que no se priorice la minería, la cual al margen de los dividendos que deja para el Estado, no debe estar sobre el medio ambiente.

Finalmente señalar que si no se actúa rápido con respecto a Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, quedan pendientes todavía según la Defensoría del Pueblo, 217 conflictos sociales en todo el país, representando los de tipo socio ambiental el 57.1% del total; por lo que de la intervención del gobierno en estos tres primeros conflictos, determinará la posición de cómo se van a llevar a cabo las políticas en negociación de conflictos, el manejo para promover una minería social y ambientalmente responsable y la importancia que se le daría a la consulta con la población, la misma que sin apasionamientos y sin interferencias de terceros (minería informal y ONG’s inescrupulosas), debe también ser asequibles al diálogo y predispuestos a una vía de solución que favorezca a todos, reconociendo que actualmente somos un país que depende de la actividad minera y que por lo tanto debemos de buscar su mejor desenvolvimiento en un ambiente de no violencia, aprovechando por el contrario los beneficios que nos dejan para propiciar nuevas fuentes de desarrollo productivo.  

CONFLICTOS A RITMO DE CONGA

La pericia y manejo del Gobierno, puesta en escena.

Como era de esperarse, los conflictos socio ambientales que se mantenían en el lumbral empiezan a rebrotar a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo el punto de partida Cajamarca, la cual es conjuntamente con Puno, las regiones que más albergan conflictos producto de la extracción minera, según cifras de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros. Y es que la empresa minera Yanacocha la tiene más difícil que nunca al tener que discrepar con toda una población que reclama a gritos: ¡Basta a la minería!, más allá de su plataforma de reclamos que se basa en la instalación de dicha empresa en las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la población que se ubica en dicho sector.

En ese sentido este primer significativo conflicto que afrontará el gobierno en relación al proyecto minero Conga - Cajamarca, es tan complejo y confrontacional, que tendrá que tratarlo con pinzas analizando por un lado, cada aspecto que difiere en la problemática real que afecta a la población y por otro lado, mantener el compromiso de cumplir con los contratos mineros ya establecidos, generando para tales efectos un clima de diálogo, concertación y de respeto a los procesos que implican en primer lugar un adecuado Estudio de Impacto Ambiental que favorezca a todos los implicados y en segundo lugar, un nivel de negociación que no permita por ningún lado dejarse avasallar por presiones que provengan tanto de la empresa privada como de la sociedad civil.

Bajo esa perspectiva, el Gobierno tendrá que analizar tres factores importantes que son implícitos dentro de la actual problemática que se vive en Cajamarca. Un primer factor es EL AGUA: el cual viene a ser el problema central que viene originando el proyecto minero Conga en contraposición con los intereses de los que viven en dicha zona pertenecientes a los distritos de Cajamarca y Celendín, lugares justamente que albergan una zona donde nacen pequeñas fuentes naturales de agua que alimentan los principales ríos de la región; por lo que la defensa ejercida por los pobladores es a favor de la preservación de las lagunas, bofedales y microcuencas que se encuentran en las zonas altoandinas, las cuales se verían seriamente afectadas al ubicarse el Proyecto Conga en la cabecera de dicha cuenca.

Sin embargo, la posición de Yanacocha es obviamente distinta, ellos señalan que las cuencas hidrográficas no serán afectadas, para lo cual tienen previsto realizar un impactante proyecto hidrográfico a fin de asegurar de agua a la población antes del inicio de sus operaciones. Este proyecto pretende drenar agua de las cuatro lagunas naturales ubicadas en la zona de explotación, las cuales serían trasvasadas desde su origen hacia cuatro reservorios construidos por la empresa, con los cuales se prevé la acumulación de agua en cantidades mayores de la que incluso proveen las lagunas naturales. Dicha tentativa propuesta técnica no satisface a los pobladores, puesto que señalan que una laguna natural no puede ser reemplazada por un reservorio artificial, por lo que los intentos de la empresa privada para transformar la naturaleza no parecen convencer en nada a sus principales afectados.

Un segundo aspecto a tomar en cuenta por el Gobierno es el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: el mismo que es un requisito esencial y que de su aprobación depende para que un proyecto minero pueda iniciar operaciones. En ese sentido el EIA del Proyecto Conga actualmente cuenta con varios cuestionamientos y observaciones en cuanto a su viabilidad social y ecológica para el país, siendo uno de los principales, el conflicto de intereses que hubiera surgido a favor de la empresa minera al momento de plantearse la aprobación de su EIA, y esto debido a que un ex gerente de Yanacocha habría sido en el momento en el que la empresa minera solicitaba la aprobación del EIM del Proyecto Conga, director de la Oficina de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, entidad encargada de revisar el documento. Por esa razón, los pobladores reclaman la realización de manera imparcial e independiente de un nuevo EIA que pueda determinar con certeza la viabilidad del proyecto, por lo que el MINEM tiene en ese sentido que pronunciarse al respecto.

Un tercer aspecto viene a ser la EXPLOTACIÓN MASIVA DE CAJAMARCA; y es que el Proyecto Conga no es el único proyecto de gran envergadura que pretende desarrollarse en la cabecera de la cuenca. Existen también otros proyectos de las empresas mineras Lumina Cooper S.A.C. y Anglo American, que se encuentran a la expectativa del resultado que propicie el Gobierno para iniciar también sus operaciones. Asimismo, existen zonas aledañas que ya se encuentran concesionadas y se perfilan como áreas de expansión del Proyecto Conga. En ese sentido existe una preocupación alarmante por parte de la población cajamarquina que mira con temor el convertirse en un “foco minero”, que cuente hasta con cinco operaciones mineras de tajo abierto de manera simultánea en la cabecera de la cuenca, lo cual implicaría irremediablemente consecuencias ecológicas y sociales al verse afectadas las fuentes naturales de agua.

Es bajo ese contexto que el Gobierno ha tenido la iniciativa de necesariamente plantear el establecimiento de un ordenamiento territorial a mediano y largo plazo en todas las regiones del país a fin de evitar situaciones similares en el futuro. Sin embargo a la población cajamarquina no le parece agradar del todo la idea, en vista de que su problema es actual y le interesa que el Gobierno pueda retractarse de su inicial posición de dar luz verde al Proyecto Conga, al margen de las negociaciones posteriores que se presenten. A mi parecer, tal situación debe ser revisada con cuidado y ver la posición de los cajamarquinos que están viendo sus tierras sobreexplotadas por la minería por más de veinte años, teniendo en cuenta además que el desarrollo no es visto de manera contundente por la Región Cajamarca, al ser una de las regiones más pobres del país. Por lo que si bien es cierto el diálogo es importante, habría que ver el margen de predisposición con el que van los cajamarquinos a tratar el tema que para ellos simplemente no va más. Esperemos entonces los resultados.