La convivencia entre el Gobierno y la población acaba de empezar.
Luego del fracaso matrimonial entre la población y la gestión anterior del presidente García producto de la indiferencia de este último frente a las necesidades y respeto que reclamaban a gritos los primeros; ha dejado una brecha muy grande para que esta nueva relación con el actual gobierno pueda superarse prontamente. Y es que el sabor a maltrato y abuso todavía queda a flor de piel por parte de la población, teniendo la administración Humala que redoblar esfuerzos por recuperar la confianza y establecer un clima de paz social que tanto necesita nuestro país.
Y es que este maltrato físico y psicológico sufrido por la población por cinco años apristas, no se puede solucionar de la noche a la mañana, aún quedan grandes rezagos de desconfianza producto de las falsas promesas, y peor aún, el adulterio político y económico que el gobierno anterior mantuvo con las grandes corporaciones privadas la cual ha quedado como una herida abierta muy difícil de cerrar, siendo ahora la duda y el escepticismo la forma en que la población observa el accionar del Estado, pese a tener un nuevo gobierno que supuestamente contó su respaldo para llevar a cabo la solución a sus problemas.
Esta metáfora de amor no correspondido y matrimonio resquebrajado, es el escenario que nos dejó el gobierno aprista y que hoy estamos viviendo en Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, tres regiones con mucha pobreza pero con abundante riqueza mineral, regiones a las cuales este nuevo gobierno tiene que volver a “enamorar” y ganarse nuevamente su confianza, la misma que ya ha tenido gestos positivos como la Ley de Consulta Previa y el impuesto a las sobreganancias mineras, pero que todavía ha dejado pendiente la Institucionalidad Ambiental y el Ordenamiento Territorial para la minería.
Es justamente en este último factor que el gobierno debe empezar a trabajar, porque siendo el resultado de años de postergación, se ha convertido en el principal problema que viene afectando la gobernabilidad en nuestro país, al no haberse establecido los parámetros de la expansión minera, el respeto al medio ambiente y lo peor de todo, el margen de beneficio tangible que reciben contradictoriamente los principales afectados, los cuales deberían llamarse los principales beneficiados de la actividad minera, lo cual está muy lejos de ser realidad.
En ese sentido el camino por recorrer por parte del Gobierno es largo pero de todos modos inminente; requiriendo para tal fin una adecuación del marco jurídico a la realidad con respecto a los conflictos sociales producto de la minería y el nuevo rol que se le exige al Estado, teniendo en cuenta que cuando se estableció la ley de minería en los 90’, fue para favorecer dicha actividad y sus empresas, en un contexto de precio bajo de minerales, una cruel guerra interna, un aislamiento financiero de nuestro país, etc., siendo la actual realidad totalmente distinta, por lo cual exige necesariamente mecanismos de consulta a la población, instrumentos de ordenamiento territorial para el desarrollo de la minería y una importante institucionalidad ambiental.
Por otro lado, el papel de los gobiernos regionales y locales es fundamental para garantizar un adecuado manejo del gasto público el cual permita generar proyectos de desarrollo productivo que permitan tener un enfoque del país que no dependa solamente de la minería, y que por el contrario esta actividad se convierta en un pilar importante para la generación de otras actividades económicas y comerciales. Ese es un enfoque importante que debe provenir del gobierno central hacia las demás instancias de gobierno, transformándose en una visión de país con actividades productivas sustentables.
Sin embargo se han generado rumores, los cuales tienen que ser despejados por el accionar del actual gobierno en cuanto a posibles acuerdos políticos con empresas mineras para la ejecución de nuevos proyectos como condicionante del nuevo impuesto al gravamen minero; y esto debido al continuismo de las mismas reglas de juego para abordar la conflictividad social a través del respaldo a los contratos privados con las empresas mineras y el establecimiento de mesas de diálogo para convencer a la población de los beneficios que esta actividad minera les dejaría; sin embargo, tendría que analizar el gobierno, el costo social y político que esta decisión traería consigo, porque no podemos nuevamente entrar a una situación de ingobernabilidad que enfrente al gobierno con la población.
Bajo esta premisa de reacción rápida del gobierno para establecer las condiciones de una minería responsable, debe asimismo transferir los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente, evitando así el conflicto de intereses entre el Ministerio de Energía y Minas – que aprueba actualmente los EIA - y la inversión minera; siendo a su vez vital (como lo mencioné anteriormente), el proceso de ordenamiento territorial para que no se priorice la minería, la cual al margen de los dividendos que deja para el Estado, no debe estar sobre el medio ambiente.
Finalmente señalar que si no se actúa rápido con respecto a Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, quedan pendientes todavía según la Defensoría del Pueblo, 217 conflictos sociales en todo el país, representando los de tipo socio ambiental el 57.1% del total; por lo que de la intervención del gobierno en estos tres primeros conflictos, determinará la posición de cómo se van a llevar a cabo las políticas en negociación de conflictos, el manejo para promover una minería social y ambientalmente responsable y la importancia que se le daría a la consulta con la población, la misma que sin apasionamientos y sin interferencias de terceros (minería informal y ONG’s inescrupulosas), debe también ser asequibles al diálogo y predispuestos a una vía de solución que favorezca a todos, reconociendo que actualmente somos un país que depende de la actividad minera y que por lo tanto debemos de buscar su mejor desenvolvimiento en un ambiente de no violencia, aprovechando por el contrario los beneficios que nos dejan para propiciar nuevas fuentes de desarrollo productivo.
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