Promover la minería o no promoverla. Esa es la cuestión.
Como era previsible, al término de 100 días de gestión y de una entrecortada luna de miel, empieza nuevamente a rebrotar la conflictividad social en nuestro país, producto del pésimo manejo de anteriores gobiernos, principalmente del anterior, en lo que se refiere a la tensión que existe hace más de una década entre minería y agricultura, lo cual constituye la paradoja más notable que enfrenta nuestra sociedad en los últimos años. Estos conflictos sociales y también ambientales, que hoy intentan ser aprovechados por la oposición y poderes fácticos para enrostrar al actual gobierno algún grado de ineficiencia y de contradicción en su discurso; han sido tratados de manera inútil en anteriores oportunidades, ya sea a través de mesas de diálogo, actas firmadas inservibles y retóricas como la del perro del hortelano, las cuales solamente han significado aletargamientos para la ciudadanía, la misma que se siente “paseada” por el Gobierno, en vista de que nunca se han solucionado problemas de fondo.
Esta situación ha provocado la reacción de nuestro actual mandatario, quien de forma enérgica, para alegría de muchos y tristeza de otros, ha sido consecuente con la posición de respetar los contratos que promueven la actividad minera, señalando que no aceptará ningún ultimátum de nadie, promoviendo por el contrario una disposición abierta al diálogo, la cual permita aclarar de forma transparente las posiciones que provengan de ambos lados, respetando por un lado a las comunidades y sus recursos naturales, pero también promoviendo las actividades privadas, lo cual asienta un hito para poder determinar cuál será el rumbo económico que tomará nuestro país con este gobierno.
Esta posición de rechazar opciones extremas de solamente minería o solamente agua, buscando por el contrario que estas dos puedan articularse, ha desatado en el bando empresarial como social, posiciones obviamente distintas; por un lado con el primero al parecer el aumento de credibilidad se ha visto fortalecido notablemente, pero con el bando social, las cosas todavía no están definidas y el clima de tensión sigue vigente, lo cual resulta preocupante para la gobernabilidad y la paz social que intenta promover el actual gobierno. Por otro lado, el liderazgo que aparentemente se ha recuperado, no es tan legítimo que digamos, puesto que este solamente estaría asentado en los reconocimientos del empresariado que ven al actual gobierno como aliado a razón de beneficiar sus intereses y coincidir con sus ideas; pero que en el global, tomando como referencia el “resto de la sociedad – especialmente los que apoyaron a Humala candidato”, no se sienten totalmente de acuerdo con esta posición mesurable, sintiendo por el contrario un tufillo de traición, lo cual podría repercutir seriamente en el recrudecimiento de las protestas sociales a lo largo y ancho del país.
En este sentido, el intento de superar los extremismos por parte del gobierno debe apoyarse también en la búsqueda de un acercamiento efectivo con la población, la cual no debe percibir abandono del Estado como en anteriores oportunidades, sino por el contrario, fortalecer la comunicación es esencial actualmente, teniendo la paciencia y el manejo suficiente para instaurar la visión del gobierno, de que si es posible el crecimiento económico con respeto a las comunidades y su medio ambiente, lo cual repercutirá finalmente en la inclusión y desarrollo social.
Por otro lado, hay que examinar también el papel que están cumpliendo algunas autoridades regionales y locales en la conflictividad social actual, las cuales se están comportando como promotores de la violencia y la intolerancia dentro de sus comunidades, para ejemplo tenemos al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien trata de traidor al Presidente de la República, señalando que este último ha cedido a los chantajes de la minería, desconociendo por completo sus promesas electorales de respetar las decisiones de la población en el tema minero. ¿Es este el comportamiento que debe esperar la región de Cajamarca de su actual presidente?, considero tajantemente que no, para tales efectos, si es que piensa que nuestro país no debe creerse el cuento de desarrollarse en base a la minería, cuál es el trabajo que viene realizando su gestión dentro del fortalecimiento de otras actividades productivas que permitan ser alternativas a la actividad minera y que cumpla el objetivo de reducir la pobreza en su región la cual es una de las más pobres del Perú. Pienso que la labor psicosocial que está promoviendo esta autoridad regional le hace daño a sus pobladores y al país entero, porque en vez de servir como puente de diálogo y conciliador de intereses, está más bien cayendo en lo populoso e irresponsable, caldeando los ánimos de la gente y dentro de una pasividad de gestión que complica peor aún la situación de su gente.
Bajo ese contexto de ser un país que actualmente depende de la minería, pienso que no debemos pegarnos a los extremos y por el contrario, así sea dificultoso y tedioso el camino del diálogo y las soluciones pacíficas, este debe ser el sendero que el actual gobierno debe seguir, generando una armonía entre la actividad minera y la sociedad. Para eso, si bien es cierto lo positivo que resulta, la idea de que sin inversión no habrá crecimiento ni recursos para financiar la acción social del gobierno, también es vital que se tome en cuenta necesariamente los intereses sociales de la población, sobretodo los que tengan que ver con su calidad de vida y el respeto al medio ambiente, los cuales deben ser los pilares sobre los cuales se deben asentar todos los proyectos mineros a desarrollarse.
Finalmente señalar que además de lo productivo que puede resultar la consulta previa en este proceso, es imperativo por parte del gobierno que de una vez establezca el proyecto de ordenamiento territorial del país, el cual permita darle racionalidad y un uso productivo de la naturaleza, cerrando asimismo las brechas que existen entre la convivencia de la minería y la agricultura. Por otro lado, resulta importante también el fortalecimiento del proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, los mismos que deben estar a cargo del Ministerio del Ambiente, evitando con eso el conflicto de intereses entre el Ministerio de Energía y Minas y la actividad que administra. Es bajo esos parámetros, dentro de una actitud equilibrada del gobierno y promoviendo la concertación, que se puede fortalecer la gobernabilidad y armonizar el desarrollo económico para todos los peruanos.
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