Para que huir por mis delitos, si puedo postular al Congreso.
Si la gastronomía, nuestro turismo, artistas e intelectuales y hasta nuestro deporte, son razones por las cuales los peruanos nos llenamos de orgullo, pasa todo lo contrario cada vez que nos referimos a la política y sobre todo si mencionamos al Congreso de la República. Y es que dicha vergüenza nacional que sentimos todos, no pasa exclusivamente por catalogar así al Congreso como institución, sino que el repudio se basa en los ciudadanos que conforman dicha institución y que cada cinco años vienen con un prontuariado nuevo y se convierten en actores mediáticos no por su labor legislativa, sino por sus escándalos en el ejercicio de sus funciones o peor aún, debido a sus antecedentes policiales y penales que pretenden “limpiar”, postulando y llegando al Parlamento.
Y es que cuando se pensaba que había sido un mal y aislado episodio el sufrido hace apenas un mes, al enterarnos los peruanos que contábamos nuevamente entre nosotros, a padres de la patria que responden a los “alias” de: comeoro, proxeneta, contaminador y otros personajes más; se suma esta semana a través de una investigación periodística, la ahora llamada “robacable”, nos referimos a la congresista Celia Anicama Ñañez de Gana Perú, quien es propietaria de un negocio ilícito de pirateo de TV por cable, el cual pone a disposición señal robada a sus clientes en la ciudad de Pisco, por tan solo la “módica” suma de treinta nuevos soles; y que además de eso, tenía como negocio un Pub que servía como fachada para el ejercicio de la prostitución en dicha ciudad. Que tal “trayectoria” la que acompaña a nuestros actuales congresistas, y eso que vamos tan solo tres meses de gobierno.
Pero eso no es todo, todas estas denuncias la mayoría de ellas periodísticas, ha desencadenado en que el propio Ministerio Público, exponga ante la presidencia del Congreso, una lista en la cual once legisladores tienen investigaciones y procesos abiertos ante la justicia antes de que estos juramentaran como tales, entre ellos se encuentra el congresista por Moquegua Vicente Antonio Zeballos Salinas de Solidaridad Nacional, quien fuera acusado por Delito contra la fe pública ante la Segunda Fiscalía Superior de Moquegua, a quien lamentablemente para vergüenza de sus votantes es conocido hoy en día a través de los medios de comunicación como el popular “comechifa”.
Un dato que hay que resaltar es que la mayoría de estos once legisladores (es decir los que no fueron reelectos) investigados por el Ministerio Público, fueron acusados antes de ser congresistas, por lo que no podrán ampararse por medio de la famosa y desprestigiada inmunidad parlamentaria y asimismo tendrán que responder a los interrogatorios correspondientes sin necesidad de que el Legislativo les retire su “blindaje impunitivo”. Por otro lado, tendrán que responder también frente a la reciente conformada Comisión de Ética presidida por el Pastor Humberto Lay, para que proceda a examinar las sanciones correspondientes que pueden finalizar hasta en 120 días de suspensión.
Estos once congresistas señalados por el Ministerio Público, ahora bautizados por este columnista como “PARALAMENTARNOS” peruanos, no son los únicos que deberían estar en la lista negra entregada a la Presidencia del Congreso, puesto que no estarían inmersos además de la señora “robacable”, otros siete congresistas más que son investigados por delitos de Peculado Doloso, Narcotráfico, Falsedad Ideológica, Defraudación Tributaria, Tráfico de Influencias, y otras acusaciones que podrían fácilmente completar un Código Penal. A razón de eso, si sumamos los casos en la Fiscalía y en el Poder Judicial, además de los denunciados por la prensa, los PARALAMENTARNOS investigados por distintos delitos llegan en total a cuarenta y dos, y eso que como mencione anteriormente, recién estamos empezando por lo que estaríamos a puertas de confirmar la leyenda de que cada vez tenemos un congreso peor que el anterior.
Pero haciendo un análisis en frío pasando de la indignación y la resignación a la reflexión; sobre quien recaería la responsabilidad de enviar al Congreso a cada impresentable muy aparte de nosotros por supuesto como ciudadanía; pienso que los partidos y movimientos políticos tienen aún mucha más responsabilidad, y esto debido a que por un lado como lo señaló @alvarezrodrich, el método de reclutamiento de las listas de candidatos, privilegia el dinero aportado al financiamiento de la campaña electoral, y esto lo podemos ver claramente reflejado en que la mayoría, por no decir todos los PARALAMENTARNOS cuestionados, son personas adineradas que aprovechándose de sus muchas veces ilícitos negocios, despliegan una gran cantidad de recursos que son bien recibidos por el movimiento político que los acoge, para que sin ningún reparo los coloquen preferencialmente en sus listas, sin antes realizar una revisión sanitaria de los legajos de vida de estos personajes, y peor aún que logrado el objetivo de llegar al Congreso, se colocan en comisiones que favorecen directamente sus respectivos negocios.
Por otro lado, está la responsabilidad del propio Congreso, que no realiza las reformas necesarias en la Ley de Partidos Políticos, para replantear la forma de hacer política y prever los mejores mecanismos de financiamiento de las campañas electorales, y esto debido a que son los propios congresistas los que se vienen beneficiando de este deplorable e inexistente sistema de partidos políticos. Por lo que finalmente comparto la opinión del Congresista Galarreta, en cuanto al debate que debe propiciarse en el Pleno del Congreso, a fin de establecer como mecanismo de castigo a los partidos y movimientos políticos, con la pérdida de un escaño congresal por cada congresista perteneciente a sus filas y que fuera desaforado. Esa podría ser una medida preventiva y/o en todo caso correctivo, a fin de que los partidos políticos asuman la responsabilidad de llevar al Congreso de la República algún proxeneta, ladrón o narcotraficante.
