La desastrosa situación social, política y policial en las zonas cocaleras
Al parecer el tema puesto en discusión hace semanas sobre la permanencia de Ricardo Soberón como Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas (Devida), ha quedado a un lado, el especialista en temas sobre narcotráfico y cultivo ilegal de hoja de coca se mantiene en el cargo, respaldado fuertemente desde el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros como de la Presidencia de la República. Pero ese debate sobre si se quedaba o no en el puesto, era acaso realmente lo relevante. Al parecer no, puesto que el problema del narcotráfico y el cultivo ilegal de la hoja de coca sigue creciendo exorbitantemente en nuestro país, en donde la solución al parecer no dependería sobre qué persona dirige esta iniciativa de erradicación, sino en el plan conjunto de ideas que se tomen para acabar con este problema enquistado en nuestra sociedad hace muchos años y que al parecer no tiene cuando acabar.
Estuve viendo hace unos días en un informe preparado por un programa periodístico, que el crecimiento de las zonas cocaleras había sobrepasado abruptamente todo límite de control por parte del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), el mismo que no se abastecía para poder erradicar los cultivos ilícitos los cuales se habían multiplicado en pocos meses en diversas zonas, pese a que en anteriores oportunidades habían sido previamente controlados por dicha autoridad, siendo los propios pobladores los que contraviniendo las disposiciones de erradicación, estaban volviendo a sembrar en demasía la hoja de coca, sobrepasando el límite de lo permitido y de utilización lícita.
Por lo que ante dicha situación, cuál es el contexto actual que se vive en estas zonas cocaleras ubicadas en la selva peruana, pues como lo mencioné anteriormente, está fuera de control. Por poner un ejemplo, en el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt ubicado en el departamento de Ucayali, el cual está destinado para fines de estudio forestal, hace ya buen tiempo, producto de la indolencia de sucesivos gobiernos de turno, las mafias de la droga vienen incentivando a los campesinos de Aguaytía perteneciente a la Provincia ucayalina del Padre Abad, a arrasar con miles de árboles desforestando dicho parque, utilizando luego los terrenos para sembrar coca, no la de uso tradicional, sino la que está destinada para el narcotráfico. Convirtiendo a Aguaytía en uno de los principales lugares a nivel nacional de producción de coca con aproximadamente tres mil quinientas hectáreas de hoja de coca, las cuales son entregadas para actividades ilícitas. La situación en dicho lugar es tan caótica que en solo tres semanas, tanto el CORAH como la DIRANDRO encontraron y destruyeron cincuenta y tres pozas de maceración de droga.
Pero eso no es todo, ya que el Estado no solamente tiene que confrontar el problema del narcotráfico, sino que también existe un problema social en dicha comunidad, la misma que hace unas semanas bloqueó carreteras, alzando su voz de protesta frente a la erradicación que viene realizando el gobierno, la cual consideran abusiva, puesto que están atentando contra su integridad, su economía y hasta con su cultura misma, la cual es chacchar el producto que ellos cultivan. Pero qué tanto de cierto tienen estas protestas o que grado de responsabilidad podríamos derivar por un lado a los productores cocaleros y por el otro al gobierno.
En el caso de los cocaleros, señalan que principalmente derivan su producto para tres fines, el primero es la venta que realizan a la Empresa Nacional de Coca (ENACO), la cual compra su producto el mismo que vendría a ser sembrado para uso permitido o lícito; el segundo es para su consumo propio, lo cual en cierta parte es cuestionado puesto que a veces superarían los límites normales de consumo, y un tercero que si es completamente cuestionable, el que derivan a la venta dentro de un mercado que dicen ellos, se mueve de acuerdo a la oferta y demanda, en donde el kilo de hoja de coca suele costar alrededor de diez soles, a comparación de los dos soles que reciben de ENACO, convirtiéndose este cultivo en ilegal puesto que es obvio que la venta que realizan es para el narcotráfico, sobretodo teniendo en cuenta indicadores que muestran una relación entre los cultivos excesivos de hoja de coca y los pozos de maceración que se encuentran en dicho lugar.
Por otro lado el Gobierno más allá del control y erradicación que viene realizando en las zonas cocaleras, puede acaso realizar algo más en el aspecto social, pues considero que sí, puesto que existen muchas zonas aledañas a Aguaytía que anteriormente vivían de los “excedentes” de su producción legal vendida a ENACO, la cual como sabemos era utilizada ilícitamente, pero que ahora debido a la presión y prohibición del Estado, se dedican a cultivar otra clase de productos como el cacao, hierbas medicinales y algunos frutos, pero tales iniciativas no vienen siendo apoyadas por el Estado, y eso se demuestra con una falta de inversión en la comercialización de dichos productos, la falta de carreteras que permitan trasladarse a los productores, la búsqueda de mercados específicos, etc. Es decir una serie de deficiencias estatales que solo hacen que el campesino se desaliente y sea nuevamente “animado” por el narcotraficante para la producción de la hoja de coca, siendo esta más productiva, rentable y que no implica mucha inversión.
Entonces frente a este problema, se podría acaso concluir fríamente que los pobladores son los propiciadores del narcotráfico en nuestro país contraviniendo las normas de control; pues considero que no. El problema real pasa por una inexistente planificación del Estado el cual no solamente se debe dedicar a erradicar el cultivo de hoja de coca, sino a promover el cultivo alternativo de otras especies que sean rentables, pero que a su vez puedan ser insertadas en un mercado específico ya sea nacional o internacional. Solo bajo un planteamiento serio e integral que no se base solo en erradicar plantita por plantita y que a los tres meses vuelve a producirse, podrá al menos combatirse este mal que nos ha convertido junto a Colombia en los principales productores de hoja de coca ilegal del mundo.
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