AFINANDO DETALLES PARA LA CREACIÓN DEL MIDIS

Enfoque Presupuestal 2012 y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Infelizmente para muchos detractores, con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estaría materializándose nuevamente en este gobierno, una propuesta de campaña, en una concreta realidad, y esto debido a que se vienen ultimando detalles, teniendo programada la implementación de esta cartera, a más tardar en la quincena de octubre de este año, teniendo que ser previamente dictaminada por la Comisión de Inclusión Social, para su aprobación correspondiente en el Pleno del Congreso de la República.

Con la creación de este nuevo Ministerio, el cual contaría a su vez con dos Viceministerios: uno de Políticas y Evaluación Social, y el otro de Prestaciones Sociales; se busca integrar a por lo menos 16 de los 26 programas sociales que vienen ejecutándose en este momento, teniendo (los programas que no son considerados), que presentar informes trimestrales de sus avances de gestión por resultados a esta nueva cartera, con lo cual ayudaría a focalizar a los peruanos más necesitados, reduciendo los niveles de filtración y mejorando de manera eficaz el impacto de dichos programas hacia la comunidad. Y esto debido a que al no haberse institucionalizado anteriormente las políticas sociales, todos los programas se encontraban muy dispersos, produciendo consigo pérdidas presupuestales al Estado e inoperancia en su ejecución.

Asimismo, según fuentes del Gobierno, este nuevo Ministerio estaría enfocado principalmente en cuatro ejes de acción, como son: el repotenciamiento de las prestaciones sociales, la reorientación de las políticas sociales, la reorganización de la institucionalidad actual y la modernización del campo social; convirtiéndose la inclusión social, en el eje rector de esta gestión, teniendo esta nueva cartera que monitorear los programas sociales, ejecutando los presupuestos necesarios destinados a mejorar la eficiencia del gasto social en nuestro país, los cuales se han visto menguados por el gobierno anterior, al haberse demostrado demasiados hechos de corrupción y malversación como son los casos de la Reconstrucción de Pisco, la pérdida de expedientes crediticios en el Banco de Materiales, la mala focalización de necesidad en el Programa Juntos, entre otros casos que van a propiciar la creación de una Comisión Especial en el Congreso, para averiguar a fondo estos malos manejos. 

Para algunos, como la ex ministra aprista Mercedes Aráoz, con la creación de este nuevo Ministerio sólo implicaría generar más burocracia al aparato estatal, y se atomizaría el presupuesto público volviéndolo improductivo; por lo que personalmente discrepo, debido a que lo que se está pretendiendo, es no generar mayor gasto al presupuesto general, por el contrario, se prevé generar un ahorro integrando los recursos de los programas ya existentes como: el programa nacional Wawa Wasi, el Fondo de Cooperación para el desarrollo Social (Foncodes), el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), Programa Gratitud y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadi), etc. y los creados por el actual Gobierno como son Pensión 65 y Cuna Más; haciendo que todos estos tengan una sola administración y por ende una racionalización de recursos presupuestarios.

Por otro lado, el Gobierno tiene que tener mucho cuidado de no caer en el asistencialismo ni mucho menos en el patrimonialismo, por lo que tendrá que rediseñar los programas para que estos tengan un énfasis que contribuya a promover la productividad en nuestro país, no entregando dinero por nada, sino que agregarle un componente productivo. Al respecto el Premier en la presentación del Gabinete ante el Congreso, mencionó de manera muy acertada que con la aprobación del nuevo Ministerio se aprovechará la mayor capacidad financiera de los beneficiados para que el dinero que reciban se convierta, como textualmente lo expresó, en una “palanca financiera” que les permita una mejor calidad de vida; siendo un claro ejemplo el rediseño que se le pretende dar al Programa Juntos, el cual se dividirá en dos fases: la primera asistencialista y la segunda buscará enlazarla a otros programas productivos como Mi Chacra o Sierra Productiva, con lo cual se afianzaría un avance en cuanto a políticas sociales en nuestro país, las cuales se han visto a comparación de otros países en América Latina, largamente postergadas en el marco de un nuevo modelo de gestión social, con lo cual nos pone en perspectiva con los lineamientos óptimos para una eficaz reducción de la pobreza, y por otro lado hace inclusiva la participación de estos agentes, dentro del sector productivo.

En ese sentido, siendo a mí parecer consecuente con esta primera tarea del Gobierno para promover una efectiva política de inclusión y desarrollo social, se ha destinado dentro del proyecto del Presupuesto Público para el 2012, el cual asciende a S/. 95.535 millones de soles, la cantidad de S/. 1.429 millones para ser destinados a los cinco principales programas sociales promovidos por el actual Gobierno, siendo uno de los más favorecidos el Programa Juntos con un presupuesto para el 2012 de S/. 822 millones, con lo cual le permita alcanzar la cantidad de 743 mil hogares, 236 mil hogares más que este año. El Programa Pensión 65 tendrá un monto de S/. 241 millones, que servirá para transferir S/. 175 soles por adulto mayor (167 mil adultos mayores en el 2012) sin pensión de jubilación; el Programa Cuna Más con S/. 190 millones de soles para mejorar la educación de 57 mil niños de 0 a 3 años en condiciones de pobreza, el Programa Beca 18 con un partida de S/. 136 millones, con la finalidad de contribuir a que 5 mil jóvenes pobres logren estudiar en una universidad; entre otros incrementos presupuestarios, siendo los sectores más favorecidos en orden de prioridad: Educación (S/. 15.252 millones de soles), Transporte (S/. 10.059 millones de soles) y Salud (S/. 8.658 millones de soles).    

Finalmente, considero que establecido el mapa presupuestal para el año 2012 y percibiendo la tendencia social y productiva de estos 5 años, los Gobiernos Regionales y Locales no deben quedarse relegados, por el contrario deben adecuar sus programas de inversión pública, en acorde con este, por llamarlo así, “objetivo nacional”. Estableciendo además sus instrumentos de medición internos, con la finalidad de hacer una evaluación de sus avances y puedan hacer los reajustes que se requieran para que sus gestiones sean más competitivas y se rijan necesariamente por resultados. Con una visión programática de país, los Gobiernos Regionales y Locales deben priorizar sus proyectos sociales – productivos, y con eso estarían insertándose dentro de una dinámica nacional, involucrándose de manera efectiva.

SE ACABA LA “LUNA DE MIEL” PARA EL GOBIERNO

Conflictos sociales, la actividad minera y el trampolín político

Como era de esperarse, el reimpulso de los conflictos sociales a causa de la actividad minera e hidroenergética no podían relegarse más; teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de conflictos que se desarrollan a nivel nacional, los cuales según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, estarían alcanzando los 227, de los cuales 142 se mantienen activos y 85 latentes; siendo las regiones que afrontan una mayor agitación social: Ancash (27 casos), Puno (21), Lima (19) y Cajamarca (17), por lo que los fantasmas de la intransigencia por un lado y la represión por el otro, podrían revivir nefastos momentos y jugarle una mala pasada al gobierno actual, si este no logra ponerle paños fríos a esta situación latente lo más antes posible.

Pero hasta que punto, los conflictos sociales son responsabilidad exclusiva del gobierno central, y si ésta problemática no debiera más bien atravesar por una responsabilidad compartida conjuntamente con los gobiernos regionales y locales, y con la misma sociedad civil. Por lo visto hay extremos que complican que estos conflictos lleguen a buen puerto; por un lado la experiencia que nos dejó el gobierno pasado con su política del “Perro del Hortelano”, en donde a raíz de un Gobierno represivo, que tuvo un manejo inadecuado en la solución de problemas, tuvimos como saldo un total de 191 personas fallecidas, en donde 153 fueron civiles y 38 policías y militares; y por otro lado la intransigencia por parte de la población representada por sus frentes de defensa, que añadía a sus pliegos de reclamo, además de justos pedidos a favor de la conservación del medio ambiente y el acceso a mayores recursos presupuestales producto de la actividad minera; también solicitudes fuera de lugar, como el arreglo de la plaza, la exoneración de tributos municipales y multas de tránsito, entres otras excentricidades, la cuales tenían que incluirse dentro de todo el paquete para ser aprobado, sino no había solución alguna. Es por eso que, a través de esa mala experiencia para el adecuado manejo de los conflictos sociales que nos ha dejado el gobierno anterior, nos debe servir en la actualidad como ejemplo, para no volver a cometer los mismos errores y esa debe ser la meta principal de la actual gestión.

Pero también hay que tener en cuenta que los conflictos sociales que están rebrotando en nuestro país, están tomando otros matices dentro de su planteamiento y problemática, tenemos por ejemplo los casos registrados recientemente como: el de la empresa minera Xstrata Tintaya, en donde el Frente de Defensa de la Provincia de Espinar, viene solicitando a la minera el pago de 30 millones de dólares anuales por la ampliación del proyecto Antapaccay, el cual incluye la construcción de una nueva mina, y esto debido al impacto ambiental que esta pueda producir; por otro lado la huelga indefinida por parte de los trabajadores de la empresa minera de hierro Shougang instalada en la Provincia de Marcona, Ica; la cual viene obteniendo utilidades en este año por más de 800 millones de soles, sin embargo no ha mejorado los salarios de los trabajadores propuesto en su pliego de reclamos; o el caso de la empresa Southern Perú que opera en la Región Moquegua, la cual ha motivado una tremenda movilización por parte de la población encabezada por sus autoridades regionales y locales, exigiendo más responsabilidad social y que dicha empresa cumpla con la ejecución de obras de impacto para la región.

Como vemos, los reclamos siguen aumentando, y cada vez se complican y diversifican más, porque ya no solo se basan en la defensa del medio ambiente frente a la inversión minera, sino que además están integrándose, problemas de índole socio laboral, como es el tema de los salarios y además exigencias de compromiso social para ejecución de obras por parte de las empresas; lo cual genera un clima de zozobra para el gobierno central, porque no se sabe que otras problemáticas más puedan surgir al cabo de cinco años. Es por eso que, como lo mencioné al inicio, es necesario que todos los actores políticos, sociales y privados, en conjunto ayuden a solucionar esta problemática que definitivamente no va a poder ser solucionada sólo por el gobierno central, y eso se logra, no solamente exigiendo, haciendo que el Estado colapse, sino que también se logra siendo asequibles a tender puentes de diálogo, llevando propuestas concretas que finalmente beneficien a todos los implicados. En ese sentido, considero que se deben tomar las siguientes medidas:  

Por parte del Gobierno Central; pienso que ha cumplido hasta el momento con dos iniciativas políticas claves para el desarrollo concertado entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Empresa Privada; como son la aprobación de la Ley de Consulta Previa para futuras inversiones extractivas en nuestro país; y el logro del Impuesto a las Sobreganancias Mineras, las cuales sirvan para promover las políticas sociales que se requieren para ir eliminando las brechas de desigualdad y pobreza en la población y de algún modo contribuir con la reducción de los conflictos sociales. Ahora, lo que falta urgentemente es programar una agenda de diálogo con los sectores que acusan de conflictos y comprometer a la Actividad Minera a que sea más justa y consecuente con sus trabajadores y con sus compromisos pactados con la población, muy aparte de su compromiso a través del nuevo gravamen minero; y que ésta última también colabore con participar de las mesas de diálogo, llevando propuestas mesuradas que aterricen en objetivos reales y concretos.

Por otro lado los Gobiernos Regionales y Locales, juegan un rol más que importante en la solución de estos conflictos, porque son los llamados a colaborar con el Estado para llevar a cabo las propuestas técnicas en coordinación con la Sociedad Civil, y estas puedan ser sustentadas de manera eficiente dentro de las negociaciones que se realicen con las empresas mineras; pero sobretodo que las propuestas estén respaldadas dentro de un plan integral a mediano y largo plazo, generando así una sociedad pública – privada, que impulse el desarrollo económico y social, y es mucho mejor aún, si como socio los gobiernos regionales y locales, tienen una buena gestión que se mida por resultados, sobretodo en el aspecto de la ejecución del gasto público, problema intrínseco que resta autoridad y capacidad de negociación. 

Y finalmente que la Sociedad Civil pueda elegir bien a sus representantes en los seudos Frente de Defensa, que más sirven como trampolín al escenario político de oportunistas camuflados, que ayudados también por algunas ONG´s irresponsables, promueven el agitamiento y la convulsión social, no buscando solución alguna a la problemática coyuntural, sino que en un afán de quitarle legitimidad a sus respectivos Gobiernos Regionales y Locales, exacerban a la población exponiéndolas muchas veces hasta con su misma integridad. Por eso autoridades, no pisen el palito, tengan en cuenta que no están en competencia con esos “trolles”; que la eficiencia en su gestión y su participación como verdaderos conciliadores, sean sus principales argumentos de liderazgo.   

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, ¿UNA REALIDAD?

Una necesidad que demanda ser priorizada por el Estado

Hace unos días pude ver la entrevista que le realizaban a la ex titular del MEF, Mercedes Aráoz, y me llamó la atención de manera particular, la respuesta que dio frente a la propuesta del actual gobierno, para la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología; señalando que de afianzarse esta propuesta, solamente serviría para generar más burocracia en el Estado, más aún si también se tiene en cartera, la creación de un adicional Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con lo cual mostraba su rotunda negativa a la iniciativa de crear más aparatos de gobierno.

Y llama la atención, como lo mencioné anteriormente, porque es contradictoria con sus acciones y disposiciones realizadas en el gobierno anterior, en donde en ese entonces, sin importar la “burocratización” del Estado, destinó presupuesto para la creación de dos ministerios más, como son los de Ambiente y el de Cultura; ahora sin duda, la creación de estos ministerios, cumplen con un sustento técnico que cubren diversas necesidades dentro de las funciones del Estado, como son por nombrar algunas, el necesario cuidado de nuestro ecosistema frente a una masiva ola de inversiones en el ámbito minero, y por otro lado, la promoción de nuestra cultura, teniendo en cuenta por ejemplo, el fuerte impacto de nuestra gastronomía a nivel internacional. Pero para la ex ministra aprista, que el gobierno actual pueda promover otros lineamientos de trabajo en las áreas sociales y tecnológicas, es caer en la ineficiencia y burocratizar al Estado. Es decir, una cosa es con guitarra y otra con cajón, así no “corren” la cosas.

Pero enfocándonos en el tema, ¿Qué ganaríamos con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Acaso no existe el CONCYTEC o en todo caso el Ministerio de Educación para ejercer esta función?, son algunas de las interrogantes que se plantean frente a esta inminente posibilidad.

Desde mi humilde parecer, considero que no solamente es necesaria sino diría hasta urgente, la creación de un nuevo Ministerio que promueva la ciencia y tecnología en nuestro país, creo que en primer lugar, bajo el mismo criterio técnico con la cual el Ministerio de Cultura adscribió a diferentes organismos descentralizados tales como, el Instituto Nacional de Cultura (INC), la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), la Academia Mayor de Lengua Quechua, entre otras; que es justamente para poder potencializarlas dentro de un marco integrador y darles un mayor énfasis tanto a nivel de funcionamiento como también de presupuesto. Lo mismo considero que debe suceder con el CONCYTEC, quien depende administrativa y funcionalmente del Ministerio de Educación, con la cual, sobre su base, se debiera configurar la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la finalidad de que ésta obtenga un mayor nivel político que le permita interactuar directamente con la Presidencia de la República y asimismo, debatir en igualdad de condiciones con los ministros de Estado en el momento de decidir políticas y presupuesto para la investigación y desarrollo. En ese sentido, si la ciencia y la tecnología, se llega a integrar dentro de un órgano de más alto nivel político y administrativo, será decisivo para poder conseguir consensos intersectoriales, financiamiento y normas para impulsarlas.

En segundo lugar, más allá de generar conciencia de la importancia de la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, a través de un órgano de alto nivel que integre y promueva estas prácticas por medio de políticas públicas debidamente presupuestadas; debemos tener en cuenta que no podemos dejar pasar la oportunidad que se nos presenta en el contexto actual, con los grandes ingresos al fisco por parte de la promoción de la minería en nuestro país, conociendo además que se tratan de recursos no renovables, que en cualquier momento se van a agotar y que sus precios se rigen dentro de un mercado internacional que no podemos manejar. Es por eso la urgencia de poder capitalizar nuestros actuales ingresos y potenciar nuestras áreas tecnológica y científica, las cuales han servido para que muchos países de Europa del Este, el Asia, la India y algunos países latinoamericanos fortalezcan sus economías a través de la industria y la producción de bienes y servicios.

Desde épocas de colegio he escuchado y seguramente ustedes también que, debemos dejar de ser un país exportador de materia prima, y por el contrario debemos convertirnos en un país exportador de conocimientos, que industrialice esos recursos y genere productos con valor agregado. Pero eso sólo sucederá, si por medio de políticas públicas específicas, promovemos una capacidad tecnológica y científica que nos permita producir no solamente productos, sino también servicios altamente rentables dentro de la industria de la investigación en campos tales como la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la información y la transformación de bienes en campos informáticos, de comunicación, automotrices y porque no, hasta en fuerzas armadas.

Finalmente considero que nos queda todavía un camino largo por recorrer, pero que con la materialización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se daría un paso importante para dar inicio a un proceso serio y revolucionario en la educación e industria en nuestro país; para eso también se necesita de los esfuerzos conjuntos de las universidades, institutos y empresas privadas que participen en el logro de estos objetivos; y quizás para nuestro bicentenario empresas como Nokia, Apple, Sony, HP, etc., instalen operaciones en nuestro país hacia Latinoamérica, que ya cuente con una mano calificada y especializada, o mejor aún que nuestra industria nacional pueda competir contra estos mounstros, al menos abasteciendo a nuestro mercado interno. Algunos dirán, soñar no cuesta nada. Pero debemos esforzarnos por convertir esos sueños en objetivos, y eso es tanto para cuestiones de Estado, como para cuestiones personales.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO QUE VA DEJANDO NUESTRO PINTORESCO PERÚ

Palabras y acciones que reviven o matan pasiones...

LO BUENO:

-APROBACION DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA- Definitivamente fue una noticia importante que marca un hecho trascendental e histórico en nuestro derrotero nacional, al aprobarse en el Congreso de la República y por unanimidad (113 votos a favor), el texto de la Ley de Consulta Previa a favor de las comunidades indígenas y pueblos originarios de todo el Perú, la misma que ayudará a solucionar los conflictos sociales en nuestro país y promoverá el respeto al medio ambiente, a la cultura originaria, y prevenir la depredación de los bosques amazónicos.

Muchos analistas coinciden en que con la aprobación de esta Ley, se pone fin a una política que se implantó en el gobierno pasado, llamada por el mismo presidente de ese entonces “El Perro del Hortelano”, la misma que trajo consigo lamentables sucesos como el “Baguazo” ó las recientes protestas violentas ocurridas en Puno; en donde pobladores se levantaron porque las grandes empresas (mineras y petroleras) atentaron contra sus intereses. Cabe señalar para muchos detractores que, el Tribunal Constitucional (TC) por medio de su presidente Carlos Mesía, aseveró que con la aprobación de esta Ley, no se interferirá con las futuras inversiones, pues señaló que es un gran avance de concertación política y anticipa una buena señal de entendimiento para otros temas igual de importantes para el país.

-PRESENTACIÓN DEL GABINETE LERNER- Otro hecho que ha trascendido mucho en la sociedad peruana y ha demostrado que con concertación el país puede avanzar significativamente, es sin duda, el voto de confianza otorgado por el Congreso de la República, al gabinete ministerial presidido por el Premier Salomón Lerner Ghitis, quien luego de una exposición que duró alrededor de cinco horas, recibió una aprobación que registró un conteo final de 90 votos a favor y 33 abstenciones (de la bancada fujimorista) y ningún voto en contra; redondeando así una ardua faena, que ha recibido los mejores comentarios por parte de la prensa nacional e internacional, y principalmente de la sociedad civil, afianzando así una legitimidad y gobernabilidad que permitirá al gobierno implementar sus políticas sociales.    

Dentro del discurso, anuncios que no pueden pasar desapercibidos son por ejemplo, el proyecto del Gasoducto Surandino, que permitirá abastecer de Gas Natural a la macro región sur del país y con eso, la construcción de un Complejo Petroquímico el cual servirá como motor impulsor del desarrollo económico y social de esta parte del Perú. En cuanto al sector social, se destacó el incremento del salario mínimo vital, la implementación de los programas Cuna Más, Beca 18, Pensión 65, afianzar el carácter meritocrático de la Carrera Pública Magisterial y la propuesta al Congreso de un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros anuncios más. Sin embargo el anuncio que más destacó y coronó el discurso, fue el pago de un gravamen de las empresas mineras, el cual reportará un ingreso a la caja fiscal de 3 mil millones de soles anuales, en donde no se afectará la inversión ni la competitividad de las empresas, facilitando por el contrario por parte del Estado Peruano, la inversión en proyectos mineros por 30 mil millones de dólares en los próximos 5 años.

LO MALO:

-FUIJMORISMO Y SU ABSTENCION AL VOTO DE CONFIANZA- Si bien es cierto la tolerancia es una de las características de un gobierno democrático, el desempeño de la bancada fujimorista en la presentación del gabinete Lerner no fue el más deseado. Basando sus posiciones para no dar su aprobación o voto de confianza al gabinete ministerial, en cuestiones subjetivas y superfluas, no ayudan en nada a la Gobernabilidad.

La posición del fujimorismo se basó únicamente en que el ejecutivo no explicaba de donde iba a financiar sus proyectos sociales y que la confianza no se “regala” si no se “conquista”; pese a haberse señalado de manera clara y precisa cómo y de qué forma se iban a llevar a cabo los programas sociales (a través del nuevo gravamen minero); lo cual repercutió en una respuesta rápida por parte del oficialismo, que recriminó tal actitud e hizo un recordaris de los atropellos que se realizaron en el gobierno autoritario de Fujimori, del cual no se merecía ninguna confianza.

-ALGUNAS DESIGNACIONES DEL EJECUTIVO- Pero no todo es “color de rosas”, en el conllevar del actual gobierno; esto debido a mi parecer, por las constantes “metidas de pata” por parte del ejecutivo para designar a sus funcionarios de confianza; personajes con cuestionada labor, que si bien es cierto cumplen con el perfil requerido para ocupar ciertos puestos relevantes en el gobierno, no los acompañan los mejores pergaminos morales para hacerlo.

Casos como por ejemplo, el nombramiento de varios ex militares en puestos claves del gobierno y el rol del asesor presidencial Adrián Villafuerte, para la designación de miembros de la promoción del Presidente de la República, en altos puestos del ejército son preocupantes. Debido a que atenta contra la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas y como que la politiza, no contribuyendo con el fortalecimiento de la democracia.

Otro caso particular es la del Asesor Presidencial del Abog. Roy Gates, nombrado como Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, quien hasta hace poco ejercía la defensa legal del recluso por corrupción Rómulo León, así como también de la familia Sánchez Paredes, entre otros cuestionados y sonados procesos penales que discrepan en parte, con la nueva política anticorrupción que intenta plasmar el nuevo gobierno en este lustro.

 LO FEO:

-CONGRESISTAS Y SUS GASTOS DE INSTALACIÓN- El primer hecho vergonzoso del actual Congreso de la República, con lo cual deja un mal precedente para quienes sueñan con un legislativo sin “comechados”, donde al parecer más parece una utopía, lejísimos de la realidad.

Esto debido a que pese a recibir sendas críticas de diversos ámbitos, varios congresistas de Lima y Callao de todas las bancadas, a excepción de la oficialista, cobraron la suma correspondiente a S/. 15.600 nuevos soles, por gastos de instalación autorizados por la Mesa Directiva del actual Parlamento, gastando así el Parlamento en ellos, cerca de un millón cuatrocientos mil soles. Recordemos que este pago está instituido hace dos Parlamentos anteriores, pero que el espíritu del mismo es que este se haga efectivo para los congresistas que vienen de provincia, y no para los que ya radican en Lima o que son reelegidos. Realmente una vergüenza y peor aún sus ridículas justificaciones, que van desde necesitar el dinero para arreglar sus automóviles, hasta querer recibir el dinero para luego donarlo, ganándose un “poroto” con dinero del pueblo.

-CIPRIANI Y SU ANGURRIA POR LA PUCP- Otro hecho que sin duda merece el repudio nacional es el intento del Arzobispado de Lima de querer apoderarse de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pues pretende que esa diócesis administre los bienes que la Universidad posee, tomando el control económico y académico, basándose en que no está de acuerdo en que siendo una universidad católica, no se actúe como católicos.

En tal sentido, la Universidad a través de su rectorado mantiene una posición firme frente a este agravio y señala que en el Testamento de los bienes heredados por José de la Riva Agüero de 1933, se dice que en los primeros 20 años posteriores a la muerte de Riva Agüero, solo se usufructuarían bienes, y después la Universidad se volvería propietaria absoluta. El testamento de 1938 señala que la Universidad será heredera y que para la administración de los bienes de Riva Agüero, no de la Universidad, se establece una junta perpetua, tal como se ha venido haciendo hasta hoy en día.  Como vemos, otro triste protagonismo del Cardenal Cipriani, que desde hace años ha puesto los ojos en una de las Universidades más prestigiosas del Perú, sabiendo de los fuertes ingresos que esta percibe y que son reinvertidos en la misma Universidad. Sobretodo triste los argumentos religiosos y de poca apertura, que en vez de unir, dividen a la iglesia y a la sociedad.

UN VOTO DE CONFIANZA Y DE ESPERANZA

Y viene lo más difícil, pasar del qué, al cómo aplicará su plan de trabajo el Gobierno

Para nadie era un misterio que la aprobación del gabinete ministerial ante el Congreso, era todo un hecho, sin embargo marcaba una pauta trascendental en el posicionamiento del actual Gobierno, al ponerse sobre la mesa de manera más concreta, los lineamientos a seguir sector por sector, con lo cual podía fortalecer los niveles de confianza que aún necesitaba conseguir y asimismo, desterrar toda idea de satanización y pesimismo por una gran parte de autoridades y sociedad civil, inyectando por el contrario, dosis de motivación pero con objetividad, lo que nos hace vislumbrar con esperanza, que reformas importantes sí se pueden dar en nuestro país, pero que estas servirán, como lo mencionó el Congresista Humberto Lay, sólo si se dan dentro de un gran plan nacional que establezca las políticas nacionales a seguir a mediano y largo plazo. Siendo el actual contexto el que nos exige darle prioridad en esta etapa, al proceso de inclusión social en todo nuestro país.

Para tales efectos, el gobierno ha establecido cuatro ejes u horizontes que van a marcar el desarrollo de su gestión; Un Primer Horizonte: Basado en el crecimiento con inclusión social en democracia, que se basa principalmente en pasar de los gestos a las acciones en cuanto al sostenimiento de un crecimiento que debe continuar, por medio del fortalecimiento y promoción de la inversión privada y nacional, pero con un enfoque distributivo de manera equitativo para todos los peruanos. Un Segundo Horizonte: Que propone igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales alineadas con los objetivos del milenio, siendo las más destacables y puntuales, la virtual eliminación de la desnutrición crónica infantil en niños, al año 2016; la universalización de la educación inicial a nivel jardín a niños de 3 a 5 años; el incremento de la cobertura de centros poblados rurales con acceso a servicios de datos (internet) de7% en 2010 a 61% en el 2016; entre otras metas sociales, las mismas que serán materializadas por medio de la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión, el cual tendrá la principal función de llevar a cabo este Nuevo Modelo de Gestión Social, de manera eficaz y eficiente.

Un Tercer Horizonte: Se centra en el fomento de una real concertación económica y social en el ámbito nacional, regional y local; en donde parte de las primeras acciones ya se han propiciado, tales como el liderazgo de la Presidencia de la República a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la aprobación de la Ley de Consulta Previa, y otras medidas que están por implementarse como la instalación en 60 días del Consejo Económico y Social, el mismo que cumplirá funciones de asesoramiento al Presidente de la República, como una instancia de diálogo, y una medida que me parece muy importante, como la vigencia y continuidad del Acuerdo Nacional como espacio de gobernabilidad y encuentro de los partidos políticos y sociedad civil. Y finalmente un Cuarto Horizonte: Que promueve un reencuentro histórico con el Perú Rural; en donde frente a la realidad de concentrar en nuestro país, un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales, el Gobierno promoverá, tal como lo manifestó el Premier, un crecimiento “desde abajo y desde adentro”, impulsando la articulación de los mercados locales, a la dinámica de los sectores modernos y competitivos.

Por otro lado, anuncios que también deben de destacarse, son el haber negociado con las empresas mineras el pago de un gravamen de cerca de 3 mil millones de soles por año; con lo cual este nuevo ingreso público, en cinco años, alcanzará la cifra de 15 mil millones de soles, monto que será destinado a la implementación de los programas sociales ofrecidos por el gobierno; asimismo, otro anuncio importante es la destinación del gas del Lote 88 de Camisea para el consumo nacional, con lo cual se iniciará la construcción del Gaseoducto Surandino que llevará el gas a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, con lo cual, podrá ser posible la construcción del Complejo Petroquímico, ayudando a crear más empleo en cadenas productivas de la pequeña y gran empresa, en la producción de fertilizantes, plásticos, industria metalmecánica, entre otros.

Podriamos dedicar más tiempo a la enumeración de las demás Políticas de Estado propuestas por el actual Gobierno por medio del Premier, pero considero que lo importante es que en instrospectiva,  los gobiernos locales y regionales puedan determinar que acciones pueden prever para aponderarse de estas propuestas de gobierno, y como no dejar que la ola de la política de inclusión social, se les pase por sus narices. En ese sentido, quedan por tomar decisiciones importantes en cuanto al enrumbamiento de sus respectivas gestiones públicas, para que de esa manera, puedan establecer su grado de participación con esta nueva tendencia que empieza a implementarse en el Perú, pero que en paises de Europa del Este como en algunos paises de América Latina, llamados paises en vía de desarrollo, hace ya algunos años nos llevan la delantera. Una Facultad de Ingeniería del Petróleo y Petroquímica no vendría mal a las Universidades Nacionales del Sur, así como promover esta especialidad en los Institutos Tecnológicos. Entonces qué esperamos, a ponerse las pilas. 

AMÉRICA LATINA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Hacia dónde va el Perú en políticas sociales

Un día memorable como el martes 23 de agosto del 2011, con la aprobación de la Ley de Consulta Previa, (como muchos blogs y otras redes sociales lo han titulado), se dio por finalizada la política del “Perro del Hortelano”. Aquella política que fue instaurada por el gobierno anterior, en donde sustentaba (yo diría que hasta de forma racista), que la promoción de la inversión privada tenía como principal obstáculo, a los “ciudadanos de segunda categoría”, quienes con sus “ideologías superadas”, “filosofías engañosas” e “intereses subalternos”, impedían que se pudiera poner en valor los recursos naturales inexplotados en el país; lo que trajo como principal consecuencia de esta teoría, el tristemente recordado “Baguazo”, que cobró víctimas tanto civiles como policiales.

Pero eso no es todo, este jueves 25 de agosto, los peruanos también vamos a ser testigos de otro importante acontecimiento, al llevarse a cabo la presentación del gabinete del Presidente de la PCM, Salomón Lerner ante el Congreso, para que a través de la exposición de su plan de trabajo, solicite su voto de confianza respectivo. Recordemos que el objetivo principal del presente gobierno, tal como lo manifestó el Presidente de la República en su mensaje de 28 de Julio, será el crecimiento económico con inclusión social, por lo que de las acciones que se desprendan de ese plan, dependerá el impulso y fortalecimiento de la legitimidad de la población hacia el presente gobierno y establecerá una ruta a seguir e implementar por parte de los demás componentes del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

Tomando como referencia lo dicho anteriormente, fijemos al Perú dentro del escenario latinoamericano y observemos hacia dónde vamos pretendiendo girar. En primer lugar, con la muerte del “Perro del Hortelano”, considero que es una señal evidente, que se pretende dejar de liderar en esta parte del continente, con la política de un Neoliberalismo agresivo, atropellador e insensible; para comenzar a establecer un Estado más inclusivo, igualitario y equitativo. Esto nos lleva a pensar en segundo que lugar que, el Perú se encuentra en un punto medio y decisivo a seguir, entre dos corrientes latinoamericanas de tendencia social; en donde un bloque representado por países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, busca por medio de seudas “políticas sociales”, una permanencia indefinida en el poder, instaurando un clima de quiebre político, social y económico entre la población y los capitales privados, ya sean de producción, de comunicación y hasta financieros; y el otro bloque de países más inclusivos, que fomentan y regulan la convivencia entre la inversión privada y la clase trabajadora, y que mantienen políticas económicas y sociales estables a pesar de los gobernantes de turno. Conforman este bloque, países como Brasil, Chile y Uruguay. En el caso de Colombia y Paraguay, se encuentran en una situación parecida a la del Perú, ambas también aquejadas por problemas similares de corrupción, narcotráfico y delincuencia, buscando también a que bloque acogerse.

En ese entender, un plan de trabajo del actual gobierno, que cumpla con proyectar confianza a la inversión privada, desarrolle un lineamiento claro y objetivo en cuanto a la inclusión social y sus políticas concretas en cuanto a educación, salud, seguridad, por nombrar algunas; y establezca instrumentos de medición para que se puedan precisar y evaluar los avances en políticas sociales; nos enrumbará en un país que pretende ubicarse en el segundo bloque de países mencionado en el párrafo anterior, y empezaremos de esa forma, una gran reforma del Estado, el cual tiene en tercer lugar, luego de un real y permanente proceso social inclusivo y reconciliador; como siguiente objetivo el fortalecimiento de su industria, a través de un shock educativo, científico y tecnológico, el cual permita a través de un efectivo compromiso del sector privado (el cual debe ser materializado desde ahora), un posicionamiento significativo en Latinoamérica y el mundo, ya no solamente en Gastronomía y Turismo, sino también en el ámbito de la manufactura científica, tecnológica y porque no ambicionar, hasta en las disciplinas deportivas.

Finalmente, en el supuesto negado que este proceso social inclusivo no se materialice en este momento del proceso, entonces podíamos encontrarnos ante la posibilidad de girar en las próximas elecciones, ante una propuesta populista, más parecida a la del primer bloque, que conlleve al país hacia una radicalización, polarización y un quebrantamiento del Estado, que sea muy difícil de contener, propiciando una desfasada e innecesaria lucha de clases. Bajo esta misma orientación, también deben estar los Gobiernos Regionales y Locales en cuanto a la implementación de sus políticas sociales y la promoción del sector productivo local, sino, se dará más cabida a las opciones políticas, que bajo el antifaz de frentes de defensa, utilizan sus discursos para fines electorales posteriores. Después no se quejen autoridades actuales, sector privado y la misma población.   

TOLERANCIA CERO PARA LA DELINCUENCIA

La Seguridad Ciudadana debe ser un compromiso de todos.

Esta semana el Gobierno ha dado un paso significativo y firme, en el inicio de una lucha frontal contra la delincuencia, al asumir el liderazgo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC – y asimismo integrar de manera representativa a diversos estamentos del Estado, que de alguna u otra forma guardan estrecha relación funcional a nivel social, jurídico y político, las cuales, bajo esta misma premisa de proporcionar y garantizar a la población una ciudad segura, fomenten una serie de políticas y medidas, que repercutan en la percepción de la ciudadanía, en que se está trabajando para su protección por parte del Estado.

Esta propuesta integral de Gobierno, fue anunciada en el mensaje presidencial de 28 de julio, pero al parecer tomó más fuerza y exigió mayor rapidez en su implementación, a raíz del lamentable suceso acontecido a la familia del congresista Renzo Reggiardo, en donde gracias a Dios no hubo saldos de muerte, pero sí demostró a través de un personaje público, que en delincuencia e inseguridad, el Perú sigue siendo uno de los lugares más inseguros para vivir, extendiéndose desde Lima hacia las regiones.

Esta realidad nacional, también puede ser respaldada a través de instrumentos de medición como el  “Barómetro de las Américas”, la cual es una encuesta de opinión pública que abarca casi a toda América y que se realiza cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina. Esta última encuesta realizada en el año 2010, indica que dos de los principales retos de gobernabilidad que enfrentan los países en América son: La Delincuencia y la Corrupción.

Tomando como referencia nuestro país, los resultados de la encuesta en cuanto a la Delincuencia, demuestran que existe una percepción de la ciudadanía con respecto a la inseguridad que abarca un 53.8% a nivel nacional, siendo el nivel más alto de percepción de inseguridad de América (subjetividad), seguido de Argentina y Venezuela. Por otro lado, en cuanto al factor de victimización (objetividad) el Perú alcanza la cifra más alta en América abarcando un 31.1%, por encima de Ecuador y Venezuela. Pero eso no es todo, porque en la encuesta a los peruanos que se les preguntó sobre su percepción de inseguridad, además se les hizo la pregunta si estos en alguna oportunidad habían sido víctimas de la delincuencia, a lo que su respuesta fue positiva, por lo que esa percepción de inseguridad no sería tan subjetiva.

Ahora, frente a esta coyuntura el Gobierno ha dispuesto en la instalación del CONASEC, una serie de medidas encomendadas de forma transversal e intersectorial, que van desde el Legislativo; el Ejecutivo a través de sus Ministerios del Interior (como Secretario Técnico de CONASEC), Educación, Salud, Justicia y Transporte; el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación; y asimismo integrando a los Gobiernos Regionales y Locales. Estas medidas (que pueden ser observadas en esta dirección: http://www.presidencia.gob.pe/jefe-de-estado-asumio-presidencia-del-consejo-nacional-de-seguridad-ciudadana); básicamente cumplen tres roles fundamentales en el promover de la Seguridad Ciudadana, estos son: La Prevención Ciudadana, la reorganización y el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú y una revisión de la Legislación Penal y el régimen penitenciario.

En ese sentido, de estos roles que asumen en coordinación, los organismos competentes en Seguridad Ciudadana, quizás los correspondientes a resolver el problema actual o en corto plazo con respecto a la delincuencia, son el Ministerio del Interior y el Congreso de la República (Tomando en consideración la labor de la PNP y la promulgación de una nueva normatividad penal); pero asimismo, dentro de una solución con miras a resolver el problema a futuro o en largo plazo, considero que además de ser necesario el tener más policías en las calles (por tomar como ejemplo una de las medidas mediáticas), es muy importante también, velar por una correcta formación de la niñez y la juventud, quienes sin una buena orientación, son los que conforman las pandillas y los que cometen delitos. Esto queda demostrado en que según los índices de criminalidad, el 49% de los delitos en el Perú, son cometidos por delincuentes primarios que son los “arrebatadores” y “cogoteros”.

Es por eso que, es de vital importancia el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional y el Gobierno Local, en políticas de Prevención Ciudadana, en donde se comprometa una importante partida presupuestal, a la construcción de centros de formación integral que promuevan la revaloración del Arte, la Cultura y el Deporte en todas sus disciplinas; teniendo como objetivo, garantizar un trabajo profesional y eficiente en la formación de la niñez y la juventud. Y por otro lado, ante la problemática presupuestal de los Gobiernos Locales para sostener, incrementar y fortalecer tecnológicamente a su cuerpo de Seguridad Ciudadana, es necesario que se establezcan convenios de cooperación institucional en seguridad con el Gobierno Regional, y este pueda asumir un rol más protagónico en la lucha contra la delincuencia a través de la conformación de una Guardia de Seguridad Ciudadana Regional que pueda sumar y complementarse con la Seguridad Ciudadana Local y finalmente, pueda colaborar con la dotación de recursos tecnológicos y de infraestructura para combatir el crimen de forma organizada y planificada, respaldándose también conjuntamente con la Policía Nacional, que son los que dan el soporte especializado contra la criminalidad. Solo hace falta la decisión política y mucha vocación de servicio, para eso se eligen las autoridades.