Conflictos sociales, la actividad minera y el trampolín político
Como era de esperarse, el reimpulso de los conflictos sociales a causa de la actividad minera e hidroenergética no podían relegarse más; teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de conflictos que se desarrollan a nivel nacional, los cuales según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, estarían alcanzando los 227, de los cuales 142 se mantienen activos y 85 latentes; siendo las regiones que afrontan una mayor agitación social: Ancash (27 casos), Puno (21), Lima (19) y Cajamarca (17), por lo que los fantasmas de la intransigencia por un lado y la represión por el otro, podrían revivir nefastos momentos y jugarle una mala pasada al gobierno actual, si este no logra ponerle paños fríos a esta situación latente lo más antes posible.
Pero hasta que punto, los conflictos sociales son responsabilidad exclusiva del gobierno central, y si ésta problemática no debiera más bien atravesar por una responsabilidad compartida conjuntamente con los gobiernos regionales y locales, y con la misma sociedad civil. Por lo visto hay extremos que complican que estos conflictos lleguen a buen puerto; por un lado la experiencia que nos dejó el gobierno pasado con su política del “Perro del Hortelano”, en donde a raíz de un Gobierno represivo, que tuvo un manejo inadecuado en la solución de problemas, tuvimos como saldo un total de 191 personas fallecidas, en donde 153 fueron civiles y 38 policías y militares; y por otro lado la intransigencia por parte de la población representada por sus frentes de defensa, que añadía a sus pliegos de reclamo, además de justos pedidos a favor de la conservación del medio ambiente y el acceso a mayores recursos presupuestales producto de la actividad minera; también solicitudes fuera de lugar, como el arreglo de la plaza, la exoneración de tributos municipales y multas de tránsito, entres otras excentricidades, la cuales tenían que incluirse dentro de todo el paquete para ser aprobado, sino no había solución alguna. Es por eso que, a través de esa mala experiencia para el adecuado manejo de los conflictos sociales que nos ha dejado el gobierno anterior, nos debe servir en la actualidad como ejemplo, para no volver a cometer los mismos errores y esa debe ser la meta principal de la actual gestión.
Pero también hay que tener en cuenta que los conflictos sociales que están rebrotando en nuestro país, están tomando otros matices dentro de su planteamiento y problemática, tenemos por ejemplo los casos registrados recientemente como: el de la empresa minera Xstrata Tintaya, en donde el Frente de Defensa de la Provincia de Espinar, viene solicitando a la minera el pago de 30 millones de dólares anuales por la ampliación del proyecto Antapaccay, el cual incluye la construcción de una nueva mina, y esto debido al impacto ambiental que esta pueda producir; por otro lado la huelga indefinida por parte de los trabajadores de la empresa minera de hierro Shougang instalada en la Provincia de Marcona, Ica; la cual viene obteniendo utilidades en este año por más de 800 millones de soles, sin embargo no ha mejorado los salarios de los trabajadores propuesto en su pliego de reclamos; o el caso de la empresa Southern Perú que opera en la Región Moquegua, la cual ha motivado una tremenda movilización por parte de la población encabezada por sus autoridades regionales y locales, exigiendo más responsabilidad social y que dicha empresa cumpla con la ejecución de obras de impacto para la región.
Como vemos, los reclamos siguen aumentando, y cada vez se complican y diversifican más, porque ya no solo se basan en la defensa del medio ambiente frente a la inversión minera, sino que además están integrándose, problemas de índole socio laboral, como es el tema de los salarios y además exigencias de compromiso social para ejecución de obras por parte de las empresas; lo cual genera un clima de zozobra para el gobierno central, porque no se sabe que otras problemáticas más puedan surgir al cabo de cinco años. Es por eso que, como lo mencioné al inicio, es necesario que todos los actores políticos, sociales y privados, en conjunto ayuden a solucionar esta problemática que definitivamente no va a poder ser solucionada sólo por el gobierno central, y eso se logra, no solamente exigiendo, haciendo que el Estado colapse, sino que también se logra siendo asequibles a tender puentes de diálogo, llevando propuestas concretas que finalmente beneficien a todos los implicados. En ese sentido, considero que se deben tomar las siguientes medidas:
Por parte del Gobierno Central; pienso que ha cumplido hasta el momento con dos iniciativas políticas claves para el desarrollo concertado entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Empresa Privada; como son la aprobación de la Ley de Consulta Previa para futuras inversiones extractivas en nuestro país; y el logro del Impuesto a las Sobreganancias Mineras, las cuales sirvan para promover las políticas sociales que se requieren para ir eliminando las brechas de desigualdad y pobreza en la población y de algún modo contribuir con la reducción de los conflictos sociales. Ahora, lo que falta urgentemente es programar una agenda de diálogo con los sectores que acusan de conflictos y comprometer a la Actividad Minera a que sea más justa y consecuente con sus trabajadores y con sus compromisos pactados con la población, muy aparte de su compromiso a través del nuevo gravamen minero; y que ésta última también colabore con participar de las mesas de diálogo, llevando propuestas mesuradas que aterricen en objetivos reales y concretos.
Por otro lado los Gobiernos Regionales y Locales, juegan un rol más que importante en la solución de estos conflictos, porque son los llamados a colaborar con el Estado para llevar a cabo las propuestas técnicas en coordinación con la Sociedad Civil, y estas puedan ser sustentadas de manera eficiente dentro de las negociaciones que se realicen con las empresas mineras; pero sobretodo que las propuestas estén respaldadas dentro de un plan integral a mediano y largo plazo, generando así una sociedad pública – privada, que impulse el desarrollo económico y social, y es mucho mejor aún, si como socio los gobiernos regionales y locales, tienen una buena gestión que se mida por resultados, sobretodo en el aspecto de la ejecución del gasto público, problema intrínseco que resta autoridad y capacidad de negociación.
Y finalmente que la Sociedad Civil pueda elegir bien a sus representantes en los seudos Frente de Defensa, que más sirven como trampolín al escenario político de oportunistas camuflados, que ayudados también por algunas ONG´s irresponsables, promueven el agitamiento y la convulsión social, no buscando solución alguna a la problemática coyuntural, sino que en un afán de quitarle legitimidad a sus respectivos Gobiernos Regionales y Locales, exacerban a la población exponiéndolas muchas veces hasta con su misma integridad. Por eso autoridades, no pisen el palito, tengan en cuenta que no están en competencia con esos “trolles”; que la eficiencia en su gestión y su participación como verdaderos conciliadores, sean sus principales argumentos de liderazgo.
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