OLLANTA HUMALA Y SU DILEMA HAMLETIANO

Promover la minería o no promoverla. Esa es la cuestión.

Como era previsible, al término de 100 días de gestión y de una entrecortada luna de miel, empieza nuevamente a rebrotar la conflictividad social en nuestro país, producto del pésimo manejo de anteriores gobiernos, principalmente del anterior, en lo que se refiere a la tensión que existe hace más de una década entre minería y agricultura, lo cual constituye la paradoja más notable que enfrenta nuestra sociedad en los últimos años. Estos conflictos sociales y también ambientales, que hoy intentan ser aprovechados por la oposición y poderes fácticos para enrostrar al actual gobierno algún grado de ineficiencia y de contradicción en su discurso; han sido tratados de manera inútil en anteriores oportunidades, ya sea a través de mesas de diálogo, actas firmadas inservibles y retóricas como la del perro del hortelano, las cuales solamente han significado aletargamientos para la ciudadanía, la misma que se siente “paseada” por el Gobierno, en vista de que nunca se han solucionado problemas de fondo.

Esta situación ha provocado la reacción de nuestro actual mandatario, quien de forma enérgica, para alegría de muchos y tristeza de otros, ha sido consecuente con la posición de respetar los contratos que promueven la actividad minera, señalando que no aceptará ningún ultimátum de nadie, promoviendo por el contrario una disposición abierta al diálogo, la cual permita aclarar de forma transparente las posiciones que provengan de ambos lados, respetando por un lado a las comunidades y sus recursos naturales, pero también promoviendo las actividades privadas, lo cual asienta un hito para poder determinar cuál será el rumbo económico que tomará nuestro país con este gobierno.

Esta posición de rechazar opciones extremas de solamente minería o solamente agua, buscando por el contrario que estas dos puedan articularse, ha desatado en el bando empresarial como social, posiciones obviamente distintas; por un lado con el primero al parecer el aumento de credibilidad se ha visto fortalecido notablemente, pero con el bando social, las cosas todavía no están definidas y el clima de tensión sigue vigente, lo cual resulta preocupante para la gobernabilidad y la paz social que intenta promover el actual gobierno. Por otro lado, el liderazgo que aparentemente se ha recuperado, no es tan legítimo que digamos, puesto que este solamente estaría asentado en los reconocimientos del empresariado que ven al actual gobierno como aliado a razón de beneficiar sus intereses y coincidir con sus ideas; pero que en el global, tomando como referencia el “resto de la sociedad – especialmente los que apoyaron a Humala candidato”, no se sienten totalmente de acuerdo con esta posición mesurable, sintiendo por el contrario un tufillo de traición, lo cual podría repercutir seriamente en el recrudecimiento de las protestas sociales a lo largo y ancho del país.

En este sentido, el intento de superar los extremismos por parte del gobierno debe apoyarse también en la búsqueda de un acercamiento efectivo con la población, la cual no debe percibir abandono del Estado como en anteriores oportunidades, sino por el contrario, fortalecer la comunicación es esencial actualmente, teniendo la paciencia y el manejo suficiente para instaurar la visión del gobierno, de que si es posible el crecimiento económico con respeto a las comunidades y su medio ambiente, lo cual repercutirá finalmente en la inclusión y desarrollo social.

Por otro lado, hay que examinar también el papel que están cumpliendo algunas autoridades regionales y locales en la conflictividad social actual, las cuales se están comportando como promotores de la violencia y la intolerancia dentro de sus comunidades, para ejemplo tenemos al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien trata de traidor al Presidente de la República, señalando que este último ha cedido a los chantajes de la minería, desconociendo por completo sus promesas electorales de respetar las decisiones de la población en el tema minero. ¿Es este el comportamiento que debe esperar la región de Cajamarca de su actual presidente?, considero tajantemente que no, para tales efectos, si es que piensa que nuestro país no debe creerse el cuento de desarrollarse en base a la minería, cuál es el trabajo que viene realizando su gestión dentro del fortalecimiento de otras actividades productivas que permitan ser alternativas a la actividad minera y que cumpla el objetivo de reducir la pobreza en su región la cual es una de las más pobres del Perú. Pienso que la labor psicosocial que está promoviendo esta autoridad regional le hace daño a sus pobladores y al país entero, porque en vez de servir como puente de diálogo y conciliador de intereses, está más bien cayendo en lo populoso e irresponsable, caldeando los ánimos de la gente y dentro de una pasividad de gestión que complica peor aún la situación de su gente.

Bajo ese contexto de ser un país que actualmente depende de la minería, pienso que no debemos pegarnos a los extremos y por el contrario, así sea dificultoso y tedioso el camino del diálogo y las soluciones pacíficas, este debe ser el sendero que el actual gobierno debe seguir, generando una armonía entre la actividad minera y la sociedad. Para eso, si bien es cierto lo positivo que resulta, la idea de que sin inversión no habrá crecimiento ni recursos para financiar la acción social del gobierno, también es vital que se tome en cuenta necesariamente los intereses sociales de la población, sobretodo los que tengan que ver con su calidad de vida y el respeto al medio ambiente, los cuales deben ser los pilares sobre los cuales se deben asentar todos los proyectos mineros a desarrollarse.

Finalmente señalar que además de lo productivo que puede resultar la consulta previa en este proceso, es imperativo por parte del gobierno que de una vez establezca el proyecto de ordenamiento territorial del país, el cual permita darle racionalidad y un uso productivo de la naturaleza, cerrando asimismo las brechas que existen entre la convivencia de la minería y la agricultura. Por otro lado, resulta importante también el fortalecimiento del proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, los mismos que deben estar a cargo del Ministerio del Ambiente, evitando con eso el conflicto de intereses entre el Ministerio de Energía y Minas y la actividad que administra. Es bajo esos parámetros, dentro de una actitud equilibrada del gobierno y promoviendo la concertación, que se puede fortalecer la gobernabilidad y armonizar el desarrollo económico para todos los peruanos.

AHORA SÍ, TERMINO LA LUNA DE MIEL

La convivencia entre el Gobierno y la población acaba de empezar.

Luego del fracaso matrimonial entre la población y la gestión anterior del presidente García producto de la indiferencia de este último frente a las necesidades y respeto que reclamaban a gritos los primeros; ha dejado una brecha muy grande para que esta nueva relación con el actual gobierno pueda superarse prontamente. Y es que el sabor a maltrato y abuso todavía queda a flor de piel por parte de la población, teniendo la administración Humala que redoblar esfuerzos por recuperar la confianza y establecer un clima de paz social que tanto necesita nuestro país.

Y es que este maltrato físico y psicológico sufrido por la población por cinco años apristas, no se puede solucionar de la noche a la mañana, aún quedan grandes rezagos de desconfianza producto de las falsas promesas, y peor aún, el adulterio político y económico que el gobierno anterior mantuvo con las grandes corporaciones privadas la cual ha quedado como una herida abierta muy difícil de cerrar, siendo ahora la duda y el escepticismo la forma en que la población observa el accionar del Estado, pese a tener un nuevo gobierno que supuestamente contó su respaldo para llevar a cabo la solución a sus problemas.

Esta metáfora de amor no correspondido y matrimonio resquebrajado, es el escenario que nos dejó el gobierno aprista y que hoy estamos viviendo en Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, tres regiones con mucha pobreza pero con abundante riqueza mineral, regiones a las cuales este nuevo gobierno tiene que volver a “enamorar” y ganarse nuevamente su confianza, la misma que ya ha tenido gestos positivos como la Ley de Consulta Previa y el impuesto a las sobreganancias mineras, pero que todavía ha dejado pendiente la Institucionalidad Ambiental y el Ordenamiento Territorial para la minería.

Es justamente en este último factor que el gobierno debe empezar a trabajar, porque siendo el resultado de años de postergación, se ha convertido en el principal problema que viene afectando la gobernabilidad en nuestro país, al no haberse establecido los parámetros de la expansión minera, el respeto al medio ambiente y lo peor de todo, el margen de beneficio tangible que reciben contradictoriamente los principales afectados, los cuales deberían llamarse los principales beneficiados de la actividad minera, lo cual está muy lejos de ser realidad.

En ese sentido el camino por recorrer por parte del Gobierno es largo pero de todos modos inminente; requiriendo para tal fin una adecuación del marco jurídico a la realidad con respecto  a los conflictos sociales producto de la minería y el nuevo rol que se le exige al Estado, teniendo en cuenta que cuando se estableció la ley de minería en los 90’, fue para favorecer dicha actividad y sus empresas, en un contexto de precio bajo de minerales, una cruel guerra interna, un aislamiento financiero de nuestro país, etc., siendo la actual realidad totalmente distinta, por lo cual exige necesariamente mecanismos de consulta a la población, instrumentos de ordenamiento territorial para el desarrollo de la minería y una importante  institucionalidad ambiental.

Por otro lado, el papel de los gobiernos regionales y locales es fundamental para garantizar un adecuado manejo del gasto público el cual permita generar proyectos de desarrollo productivo que permitan tener un enfoque del país que no dependa solamente de la minería, y que por el contrario esta actividad se convierta en un pilar importante para la generación de otras actividades económicas y comerciales. Ese es un enfoque importante que debe provenir del gobierno central hacia las demás instancias de gobierno, transformándose en una visión de país con actividades productivas sustentables.

Sin embargo se han generado rumores, los cuales tienen que ser despejados por el accionar del actual gobierno en cuanto a posibles acuerdos políticos con empresas mineras para la ejecución de nuevos proyectos como condicionante del nuevo impuesto al gravamen minero; y esto debido al continuismo de las mismas reglas de juego para abordar la conflictividad social a través del respaldo a los contratos privados con las empresas mineras y el establecimiento de mesas de diálogo para convencer a la población de los beneficios que esta actividad minera les dejaría; sin embargo, tendría que analizar el gobierno, el costo social y político que esta decisión traería consigo, porque no podemos nuevamente entrar a una situación de ingobernabilidad que enfrente al gobierno con la población.

Bajo esta premisa de reacción rápida del gobierno para establecer las condiciones de una minería responsable, debe asimismo transferir los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente, evitando así el conflicto de intereses entre el Ministerio de Energía y Minas – que aprueba actualmente los EIA - y la inversión minera; siendo a su vez vital (como lo mencioné anteriormente), el proceso de ordenamiento territorial para que no se priorice la minería, la cual al margen de los dividendos que deja para el Estado, no debe estar sobre el medio ambiente.

Finalmente señalar que si no se actúa rápido con respecto a Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, quedan pendientes todavía según la Defensoría del Pueblo, 217 conflictos sociales en todo el país, representando los de tipo socio ambiental el 57.1% del total; por lo que de la intervención del gobierno en estos tres primeros conflictos, determinará la posición de cómo se van a llevar a cabo las políticas en negociación de conflictos, el manejo para promover una minería social y ambientalmente responsable y la importancia que se le daría a la consulta con la población, la misma que sin apasionamientos y sin interferencias de terceros (minería informal y ONG’s inescrupulosas), debe también ser asequibles al diálogo y predispuestos a una vía de solución que favorezca a todos, reconociendo que actualmente somos un país que depende de la actividad minera y que por lo tanto debemos de buscar su mejor desenvolvimiento en un ambiente de no violencia, aprovechando por el contrario los beneficios que nos dejan para propiciar nuevas fuentes de desarrollo productivo.  

CONFLICTOS A RITMO DE CONGA

La pericia y manejo del Gobierno, puesta en escena.

Como era de esperarse, los conflictos socio ambientales que se mantenían en el lumbral empiezan a rebrotar a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo el punto de partida Cajamarca, la cual es conjuntamente con Puno, las regiones que más albergan conflictos producto de la extracción minera, según cifras de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros. Y es que la empresa minera Yanacocha la tiene más difícil que nunca al tener que discrepar con toda una población que reclama a gritos: ¡Basta a la minería!, más allá de su plataforma de reclamos que se basa en la instalación de dicha empresa en las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la población que se ubica en dicho sector.

En ese sentido este primer significativo conflicto que afrontará el gobierno en relación al proyecto minero Conga - Cajamarca, es tan complejo y confrontacional, que tendrá que tratarlo con pinzas analizando por un lado, cada aspecto que difiere en la problemática real que afecta a la población y por otro lado, mantener el compromiso de cumplir con los contratos mineros ya establecidos, generando para tales efectos un clima de diálogo, concertación y de respeto a los procesos que implican en primer lugar un adecuado Estudio de Impacto Ambiental que favorezca a todos los implicados y en segundo lugar, un nivel de negociación que no permita por ningún lado dejarse avasallar por presiones que provengan tanto de la empresa privada como de la sociedad civil.

Bajo esa perspectiva, el Gobierno tendrá que analizar tres factores importantes que son implícitos dentro de la actual problemática que se vive en Cajamarca. Un primer factor es EL AGUA: el cual viene a ser el problema central que viene originando el proyecto minero Conga en contraposición con los intereses de los que viven en dicha zona pertenecientes a los distritos de Cajamarca y Celendín, lugares justamente que albergan una zona donde nacen pequeñas fuentes naturales de agua que alimentan los principales ríos de la región; por lo que la defensa ejercida por los pobladores es a favor de la preservación de las lagunas, bofedales y microcuencas que se encuentran en las zonas altoandinas, las cuales se verían seriamente afectadas al ubicarse el Proyecto Conga en la cabecera de dicha cuenca.

Sin embargo, la posición de Yanacocha es obviamente distinta, ellos señalan que las cuencas hidrográficas no serán afectadas, para lo cual tienen previsto realizar un impactante proyecto hidrográfico a fin de asegurar de agua a la población antes del inicio de sus operaciones. Este proyecto pretende drenar agua de las cuatro lagunas naturales ubicadas en la zona de explotación, las cuales serían trasvasadas desde su origen hacia cuatro reservorios construidos por la empresa, con los cuales se prevé la acumulación de agua en cantidades mayores de la que incluso proveen las lagunas naturales. Dicha tentativa propuesta técnica no satisface a los pobladores, puesto que señalan que una laguna natural no puede ser reemplazada por un reservorio artificial, por lo que los intentos de la empresa privada para transformar la naturaleza no parecen convencer en nada a sus principales afectados.

Un segundo aspecto a tomar en cuenta por el Gobierno es el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: el mismo que es un requisito esencial y que de su aprobación depende para que un proyecto minero pueda iniciar operaciones. En ese sentido el EIA del Proyecto Conga actualmente cuenta con varios cuestionamientos y observaciones en cuanto a su viabilidad social y ecológica para el país, siendo uno de los principales, el conflicto de intereses que hubiera surgido a favor de la empresa minera al momento de plantearse la aprobación de su EIA, y esto debido a que un ex gerente de Yanacocha habría sido en el momento en el que la empresa minera solicitaba la aprobación del EIM del Proyecto Conga, director de la Oficina de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, entidad encargada de revisar el documento. Por esa razón, los pobladores reclaman la realización de manera imparcial e independiente de un nuevo EIA que pueda determinar con certeza la viabilidad del proyecto, por lo que el MINEM tiene en ese sentido que pronunciarse al respecto.

Un tercer aspecto viene a ser la EXPLOTACIÓN MASIVA DE CAJAMARCA; y es que el Proyecto Conga no es el único proyecto de gran envergadura que pretende desarrollarse en la cabecera de la cuenca. Existen también otros proyectos de las empresas mineras Lumina Cooper S.A.C. y Anglo American, que se encuentran a la expectativa del resultado que propicie el Gobierno para iniciar también sus operaciones. Asimismo, existen zonas aledañas que ya se encuentran concesionadas y se perfilan como áreas de expansión del Proyecto Conga. En ese sentido existe una preocupación alarmante por parte de la población cajamarquina que mira con temor el convertirse en un “foco minero”, que cuente hasta con cinco operaciones mineras de tajo abierto de manera simultánea en la cabecera de la cuenca, lo cual implicaría irremediablemente consecuencias ecológicas y sociales al verse afectadas las fuentes naturales de agua.

Es bajo ese contexto que el Gobierno ha tenido la iniciativa de necesariamente plantear el establecimiento de un ordenamiento territorial a mediano y largo plazo en todas las regiones del país a fin de evitar situaciones similares en el futuro. Sin embargo a la población cajamarquina no le parece agradar del todo la idea, en vista de que su problema es actual y le interesa que el Gobierno pueda retractarse de su inicial posición de dar luz verde al Proyecto Conga, al margen de las negociaciones posteriores que se presenten. A mi parecer, tal situación debe ser revisada con cuidado y ver la posición de los cajamarquinos que están viendo sus tierras sobreexplotadas por la minería por más de veinte años, teniendo en cuenta además que el desarrollo no es visto de manera contundente por la Región Cajamarca, al ser una de las regiones más pobres del país. Por lo que si bien es cierto el diálogo es importante, habría que ver el margen de predisposición con el que van los cajamarquinos a tratar el tema que para ellos simplemente no va más. Esperemos entonces los resultados.

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE

Entre las precisiones y los que ven solamente contradicciones.

Al mismo estilo del presidente francés Nicolás Sarkozy quien hace una semana brindara una entrevista a manera de mensaje presidencial a periodistas representativos de diferentes medios de comunicación franceses; nuestro Jefe de Gobierno de igual forma recibió el domingo pasado a cuatro periodistas nacionales para someterse a una entrevista que trató principalmente los temas de crecimiento económico, inclusión social y el Perú que queremos para el futuro; dicha conferencia-entrevista fue aprovechada hábilmente por los periodistas para poder abordar también temas que se encontraban en agenda como el presunto delito de tráfico de influencias del vicepresidente Omar Chehade, posibles cambios constitucionales, reelecciones presidenciales, los indultos humanitarios, entre otros temas que despejaron en su mayoría muchas dudas y que dentro de un marco general, considero que brinda cierta tranquilidad y reafirma el compromiso con los peruanos de una hoja de ruta estable y consecuente.

Sin embargo al parecer esta posición centrista o centro izquierdista del gobierno del Presidente Humala en su discurso dentro de estos 100 días de gobierno, incomoda tanto a sectores políticos extremistas de derecha y de izquierda. Por un lado la derecha representada por los grandes actores económicos del país y diversos medios de comunicación, deben de tener sentimientos encontrados debido a que seguramente esperaban que nuestro presidente enfatizara un discurso beligerante y compulsivo en contra de sus intereses económicos y comerciales, para poder tomarse de este y reiniciar nuevamente la campaña de desgaste en contra del gobierno poniendo en tela de juicio si terminará su gestión con un polo “rojo” o un polo “blanco”, haciendo alusión a la posición que tomara el entonces candidato Humala en primera vuelta electoral con su discurso conflictivo y nacionalista y el vuelco que diera en segunda vuelta con un discurso más ecuánime y concertador, el cual lo llevó finalmente a alcanzar la presidencia de la república.

En ese sentido, este mensaje tranquilizador del presidente con respecto a la garantía de los compromisos y pactos comerciales realizados por el Estado con las empresas privadas y el respeto sobretodo a la Constitución, tampoco le viene mal a la derecha peruana, que puede respirar tranquila sabiendo que sus intereses no van a ser trastocados y que el hecho de tener a representantes de sus intereses dentro del gobierno como en el MEF y el BCRP, de alguna manera les da cierta seguridad que no habrán cambios bruscos en el aspecto económico y monetario; asimismo este hecho al parecer brinda también mucha tranquilidad a los que apostaron por un gobierno que promueva la inversión privada como motor del desarrollo económico y social de nuestro país, tal como se ha venido haciendo esta última década. Sin embargo, el otro extremo del espectro, me refiero a la izquierda peruana, la misma que también forma parte actualmente de la gestión del actual gobierno, no parece sentirse tan conforme con los cambios progresivos que se pretenden dar en el aspecto económico y social, poniendo en tela de juicio el comportamiento del actual gobierno, tildándolo de suave, de derecha y hasta de pro minero, el mismo que según su parecer, ha cambiado de discurso de lo que era en campaña electoral y de lo que ahora representa como gobierno nacional.

Un aspecto que respalda este temor por parte de la derecha – y que paradójicamente también la favorecería con miras a las elecciones del 2016 -, es con respecto al cambio de discurso que pudiera dar nuestro presidente en cuanto al rumbo centrista de su gobierno y esto debido a su reciente participación en la XXI Cumbre Iberoamericana realizada en Asunción – Paraguay, en donde muchos medios en el Perú criticaron la posición de nuestro Presidente de resaltar el papel promotor y dinámico que debe cumplir el Estado en el aspecto económico y social, y la seria crítica que señaló sobre la influencia que intentan y están acostumbrados los poderes fácticos en nuestro país constituido principalmente por las grandes corporaciones, medios de comunicación aliados, la Iglesia Católica y las FFAA para presionar al gobierno de turno y hacer prevalecer rápidamente sus intereses. Al parecer esta apreciación del Presidente Humala no le cayó bien a muchos y al instante empezaron las especulaciones en cuanto a la falta de uniformidad en su criterio, la misma que al parecer fue desestimada con sus comentarios posteriores en la entrevista – conferencia del pasado domingo.

Y es que debemos entender que no debemos ver el accionar del gobierno como uno de derecha o de izquierda, más allá del sesgo ideológico con que algunos actores políticos se desenvuelven en sus respectivas funciones, por el contrario debemos apoyar la iniciativa del gobierno de construir un Estado para todos los peruanos, en donde el enfoque primordial sea tanto por parte de los actores políticos como económicos, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En ese sentido el papel de la empresa privada es fundamental en el desarrollo de la sociedad, en donde más allá de los impuestos que se generen de sus actividades económicas y que definitivamente sirven para el desarrollo nacional, urge la necesidad de su compromiso en el aspecto social con sus respectivas localidades, con la finalidad de acelerar el proceso de inclusión social en apoyo de las proyecciones que tiene el Gobierno en este aspecto. Asimismo el respeto al medio ambiente y la responsabilidad y transparencia en cuanto a la ejecución de sus proyectos de impacto ambiental son muy necesarios a fin de evitar revueltas violentas por parte de los agraviados que legítimamente ven afectados sus intereses porque están vinculados directamente con sus tierras y su salud. En ese sentido, la responsabilidad social y ambiental con la que se desenvuelva la empresa privada, permitirá el desarrollo integral de sus comunidades y contribuirá con la paz social, sobretodo en un contexto donde todavía existe mucha ineficiencia por parte de gobiernos locales y regionales para ejecutar correctamente el gasto público. 

Por otro lado, el gobierno también tiene una tarea importante de acelerar las iniciativas correspondientes a la promoción de la inclusión social, ese es el principal desafío del Presidente Humala, además de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Es bajo esa plataforma de trabajo que incluye los tres aspectos anteriormente mencionados, que se puede dar paso a un segundo nivel de gobierno que incluye el promover y potenciar la educación, tecnología e innovación en nuestro país. Recordemos que los mejores gobiernos a nivel mundial no se pueden categorizar por ser gobiernos de izquierda o derecha, sino que son gobiernos que al margen de su ideología o postura política, supieron unificar sus Estados bajo una visión clara de país, reduciendo considerablemente las brechas de desigualdad en sus poblaciones y que en ese contexto, supieron potenciar su sector educativo, tecnológico y empresarial, los cuales ahora le sirven para promover una competitiva industria nacional dándole valor agregado a sus productos, y en donde el dinamismo de la economía de sus países no se basa solamente en la exportación de materias primas, visión a la cual debemos apuntar.

100 DÍAS DE GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA:

Entre nuevos ministerios, piedras en el zapato y la esperanza del cambio.

Ya han pasado 100 días desde que asombrosa pero necesariamente – ante la otra opción de la segunda vuelta - veíamos juramentar por el espíritu de la Constitución de 1979 a nuestro nuevo Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tasso. Y es que si bien es cierto muchos pensaban que nuestro actual mandatario sería alguna vez presidente del Perú, jamás se imaginaron que sería tan pronto y todo esto debido a muchos factores en la campaña electoral como: la fragmentación del centro y centro derecha en la contienda electoral, el fenómeno publicitario PPKuy que consiguió el objetivo de quebrar a Toledo (más allá de los errores cometidos por este) y principalmente el factor social heredado de García, que en su expresión más neoliberal que nunca, estableció una enorme brecha de desigualdad entre los peruanos que vieron en las dos opciones que pasaron a segunda vuelta, más interés por sus condiciones de vida, a pesar del populismo con la que amenazaba la opción fujimorista y su respaldo por parte de grupos de poder económico y medios de comunicación aliados que pretendían que las cosas siguieran como en la administración García.

Ahora instalado como gobierno Gana Perú, dentro de la enorme expectativa que ha generado tanto en el sector que lo apoyó con las reservas del caso y los que hasta ahora intentan generar algún tipo de oposición, podemos observar que como gobierno en general, las cosas no han ido tan mal, sin embargo factores individuales por parte de miembros del oficialismo dejan mucho que desear y nos pone en el tapete la necesidad de revisar necesariamente las leyes electorales a fin de establecer mecanismos de control dentro de los partidos políticos, para que no se vuelva a repetir hechos vergonzosos como los de ahora (y los pasados también) a fin de que se filtren los candidatos a cargos públicos, antes de ser expuestos a la ciudadanía. En ese sentido, al margen de los problemas y piedras en el zapato con los que se enfrenta el actual gobierno, me gustaría hacer un análisis transversal de estos 100 días de gobierno de Ollanta Humala.

EN LO POLITICO: Considero que a pesar de varias acciones positivas (Impuesto a las sobreganancias, Ley de Consulta Previa, creación del MIDIS, etc.), este gobierno no acaba de instalarse y/o constituirse realmente con lo cual nos permita ver su verdadera tendencia y enfoque específico en cuanto al trato de temas sociales y decisiones a nivel de inversiones para el Estado, principalmente las provenientes de la minería. En ese sentido vamos a tener que esperar ciertas coyunturas (que ya se vienen dando como la inversión de la minera Yanacocha en El Conga – Cajamarca), para ver la posición del Gobierno y el tipo de manejo que articule para negociar tanto con la empresa minera como con la sociedad civil.

Asimismo, hay que tener en cuenta también que al no haber en nuestro país organizaciones políticas sólidas (GANA PERU no es la excepción), el discurso ideológico es vago y sin sentido. Por ejemplo el slogan de gobierno: Crecimiento económico con inclusión social, tiene muchos matices, por un lado el gobierno tiene que apoyar al capital extranjero y por otro lado tiene que asegurarse que las políticas sociales a implementar esta vez no resulten insuficientes para luchar verdaderamente contra la desigualdad. Ante este escenario, veremos hacia donde se inclina el Presidente, ya que no se trata de la posición de una organización política, sino de un grupo de personas que lo rodean y que tienen sus propios intereses.

EN LO ECONÓMICO: Existe notablemente una disputa entre el continuismo ortodoxo y el intento de cumplir promesas electorales en el aspecto social; a eso se suma un escenario internacional complicado por la crisis financiera mundial, lo cual implica para el gobierno no pelearse con las empresas que invierten en nuestro país y por otro lado, mantener el crecimiento a través de  políticas sociales más activas. Ante esta coyuntura, se mantienen las políticas económicas frente al capital extranjero en donde los contratos con las empresas privadas son intocables y el papel negociador del gobierno es muy importante, habiéndose obtenido resultados positivos a través del Gabinete Lerner con el nuevo impuesto a la sobreganancia minera, quedando pendiente la deuda tributaria que mantiene la empresa Telefónica con la SUNAT, la cual sería el factor clave para una futura renovación de contrato por parte del Gobierno. Por otro lado, los TLC’s hasta el momento no se negocian ni se evalúan, por el contrario se viene dando un mayor énfasis en el discurso sobre la integración suramericana a través de UNASUR, lo cual estará promoviendo la posibilidad de un mercado de intercambio dentro de la región.

EN LO SOCIAL: Dentro de un balance de la Administración García como referencia, sabemos que hubo una tardía priorización en el tema social, principalmente a raíz de la falta de una entidad rectora que viabilice estas políticas sociales. Asimismo si bien es cierto la pobreza y pobreza extrema disminuyó considerablemente, también es cierto que esta solo se reflejo en la población vinculada al mercado en la costa del país. Por otro lado, la desigualdad casi no cambió en nada tomando como referencia el coeficiente GINI que muestra que solo pasamos de 0.49% a 0.46% teniendo un reto grande el actual de gobierno de superar esta cifra. En ese sentido dentro de los avances de la actual gestión en este aspecto social vemos que se viene dando una mayor prioridad a la inclusión social con metas ambiciosas como la desnutrición “0”, la universalidad de la educación inicial, entre otras medidas. También es destacable la creciente asignación presupuestal para el 2012 sobretodo en educación y salud, la cual busca superar el mero asistencialismo; sin embargo considero que no debe existir dualidad en cuanto a la rectoría del MIDIS y el MINDES, siendo este último que ser absorbido por el primero para evitar una burocracia y fuga de presupuesto innecesario.

EN LO COMUNICACIONAL: El contexto indica que los medios de comunicación opositores tratan de buscar un vínculo con el actual gobierno, parecido al que se tuvo con Toledo y muy diferente al que se tuvo con García. Es decir, la prensa opositora que agrupa también poderes fácticos como la Iglesia, las FFAA y otros sectores conservadores, han establecido una línea de oposición marcada, intentando poner la agenda al gobierno representando claramente los intereses de los sectores económicos, y a su vez los políticos de oposición en el Legislativo y los que perdieron las elecciones desde afuera aprovechan para colgarse de lo que propaguen los medios de comunicación en oposición al gobierno. En ese sentido, la falta objetividad de los medios opositores, les impide realizar un verdadero trabajo de investigación, y eso se demuestra claramente al ser IDL Reporteros quien ha propiciado los principales destapes periodísticos que incumben a las autoridades de gobierno. Por otro lado la estrategia de silencio del Presidente Humala no es adecuada debido que está perdiendo iniciativa, sobretodo en un escenario en el cual se percibe a la Prensa como parte del poder y no como parte de la sociedad.

Finalmente señalar que el Gobierno no debe caer en el juego de la sábana corta, tratándose de cubrir la cabeza, desabrigando los pies y viceversa. Para eso el Presidente debe ser contundente en el respeto que se merece la sociedad y la responsabilidad con la que debe actuar la inversión privada por más dividendos que deje al país. Desde esa perspectiva debe tomar las mejores decisiones, sino el escenario para el 2016 será desastroso teniendo la sociedad que vive en la desigualdad, opciones más radicales como Audiviri u otro revoltoso que se ampara en los frentes de defensa para promocionarse. Dios nos libre. 

Y LAS 10 PERSONAS MÁS PODEROSAS EN EL PERÚ SON:

Al lado de un gran hombre, siempre hay una gran mujer.

Que ironía de la vida, en tan sólo un año pasar del decimoquinto al primer lugar en las encuestas que establecen la lista de las consideradas personas más poderosas en nuestro país es toda una hazaña; me estoy refiriendo a nuestro actual Presidente de la República Ollanta Humala, quien es ubicado en dicho escalafón a raíz de la reciente Encuesta del Poder 2011, elaborada por Ipsos Apoyo para la Revista Semana Económica.

Y es que la tendencia ha sido siempre la misma debido a que cada año que se realiza dicha encuesta, el Presidente de la República de turno siempre se ubica en el primer lugar, lo mismo sucedió con Toledo y García en su momento. Por lo que la ubicación del Presidente Humala no debe llamarnos la atención, por el contrario quizás debamos acostumbrarnos a verlo por cuatro años consecutivos, claro de no ocurrir nada extraño que afecte su gestión.

Lo que si llama la atención quizás sea como se van ubicando las demás personas en la preferencia de los líderes de opinión consultados para la elaboración de esta lista; por ejemplo este año resalta notablemente el tercer lugar con la que se ubica Nadine Heredia Alarcón, esposa del Presidente Ollanta Humala, superada tan solo en el listado por su esposo y por el Presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner, por lo que sin duda el puesto alcanzado por la Primera Dama trasciende a ser más que una novedad, marcando más bien un hecho histórico en dicha encuesta debido a que es el más alto puesto obtenido por una mujer, teniendo en cuenta además la sociedad aún machista en la que nos encontramos.

Y es que según datos de la revista, nunca antes alguna mujer había alcanzado el tercer puesto en la Encuesta del Poder que se realiza por 31 años consecutivos, aunque si bien es cierto en varios episodios se registró a mujeres en altas posiciones, siendo la cumbre del poder femenino el Poder Legislativo peruano, representado por un cuarto lugar de Mercedes Cabanillas cuando fue Presidenta del Congreso en el período 2006-2007, y más atrás con Martha Chávez en 1996 cuando ocupó el sexto puesto luego de ser elegida como la primera mujer a cargo de la Presidencia del Congreso; lo de Nadine Heredia es muy singular, debido a que no ocupa actualmente ningún cargo público.

Por otro lado también hay que tener en cuenta que no es la primera vez que la esposa del presidente se ubica dentro de las 10 personas con mayor percepción de poder y esto debido que Eliane Karp lo hizo durante todo el gobierno del Presidente Toledo, alcanzando su máxima posición en el 2001 y el 2004 con un sexto puesto. Asimismo, Violeta Correa esposa del fallecido Presidente Belaunde, estuvo considerada como la sétima persona más poderosa en 1981; sin embargo hay que tener en consideración que el liderazgo de Nadine Heredia ya viene denotándose tiempo atrás, al ser cofundadora del partido nacionalista y otro argumento favorable para la percepción de la sociedad es su juventud, lo cual la proyecta como una lideresa con un alto poder de decisión dentro de la esfera de su partido, como también en las posibles decisiones de gobierno.

Este involucramiento e influencia en el actual presidente, como lo mencioné anteriormente, viene de atrás, y eso se puede corroborar con el proceso de cambio de imagen de su esposo en la campaña electoral pasada y su giro hacia el centro en la segunda vuelta presidencial. Tales condiciones le sirvieron para ser reconocida por la misma revista Semana Económica en el 2010 como la política joven con mayor potencial de futuro, aún cuando las preferencias electorales por Humala en ese tiempo eran mínimas. Asimismo en hechos recientes como el presunto tráfico de influencias del vicepresidente Omar Chehade, se ha resaltado su actuación en contra de dichas acciones incluso de forma más enérgica que la del propio Presidente Ollanta Humala.

Otro dato interesante es que la encuesta nos muestra que estamos ante la pareja presidencial con mayor poder actualmente, caso similar a lo que sucedía en Argentina con los Kirchner, cuando aún ejercía el gobierno el fenecido Presidente, lo cual abre la especulación mediática de que pueda suceder lo mismo que en dicho país, dentro de una estrategia de transferencia del poder, en donde el partido oficialista busque su continuación en el sillón presidencial a través de una candidata con un perfil que de por sí denota influencia y decisión en el actual Gobierno; siendo otro caso notorio el de Luiz Inácio Lula da Silva quien puso a Dilma Roussef como su sucesora en la Presidencia de Brasil, por lo que más de uno ya empieza a señalar que no haría falta un desempeño excepcional del partido de gobierno para materializar en el Perú la moda de la sucesión política femenina que se ha visto en Argentina y Brasil.

Por otro lado, continuando con el Top Ten de la encuesta, se encuentra en el cuarto lugar el titular del Legislativo, Daniel Abugattas, con lo cual vendrían a ocupar los primeros cuatro de la lista, miembros del partido oficialista Gana Perú. Luego continúa en la lista con un quinto lugar nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa y luego lo sigue en un sexto lugar, pese a haberse retirado de la actividad empresarial hace ya algunos años, el ex presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, Dionisio Romero. Continúa para mi sorpresa el Cardenal Juan Luis Cipriani con un discutible sétimo lugar, y cierran la lista el ex presidente Alan García, el actual Ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, quien además es el primero, según la encuesta, a quien el presidente Humala debería escuchar, así como el personaje de la nueva generación con mayor proyección en el ámbito económico; y finalmente en el puesto diez se encuentra el ex presidente Alejandro Toledo.

Al parecer, ser Presidente, Premier, Cardenal, millonario o extremadamente mediático te asegura un puesto dentro de las primeras diez personas con mayor percepción de poder en la sociedad peruana; esa es la explicación que podría percibirse a lo largo de las diversas encuestas del Poder realizadas con anterioridad hasta la fecha. En ese sentido, no hay muchas novedades al respecto, salvo el hecho de Nadine Heredia y la vigilancia que debe mantener la población sobre modificaciones en las normas electorales para que esta pueda favorecerse con una licencia que le permita postular a la Presidencia del 2016, lo cual no sería recomendable para la institucionalidad de la democracia, pero que resulta más viable que un cambio constitucional que permita la reelección presidencial de Ollanta Humala.  

EL TURNO DE LA OTRA VICEPRESIDENTA

Si seguimos así, vámonos todos y que el último apague la luz.

¿Tan difícil es caminar derecho, otra vez? Podría ser el próximo comentario en las redes sociales de la primera dama Nadine Heredia, a raíz de la reciente denuncia periodística que tendría como involucrada a la primera vicepresidenta de gobierno Marisol Espinoza en otro lamentable episodio de tráfico de influencias a tan solo cien días de ejercida la administración Humala. Todo esto en el contexto de un aniversario más del partido oficialista Gana Perú, la visita del Presidente junto a su esposa a la ciudad de Calacoa – Moquegua (agradeciendo el apoyo al levantamiento que dieran en Locumba) y la celebración de la V Cumbre Ordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) llevada a cabo en Asunción – Paraguay.

Y es que el presidente Humala debe estar más que preocupado y quizás hasta desilusionado, debido a que todavía estaba terminando de asimilar la acusación contra el segundo vicepresidente Omar Chehade producto de su desatino al invitar generales de la PNP y miembros de su familia a un lujoso restaurante para tratar temas de carácter privado, como es favorecer a una de las partes involucradas en el sonado caso de la azucarera Andahuasi; cuando sale a la luz otro caso similar, esta vez siendo protagonista su otra vicepresidenta, presuntamente por haber abusado de su poder desde el Ejecutivo para trasladar un costoso equipo médico valorizado en más de un millón de soles y que debía ser enviado a Apurímac, pero que a las finales se reasignó su traslado a Piura, ciudad natal de la actual primera vicepresidenta. 

Esta denuncia fue propiciada por propias autoridades y dirigentes sociales de Apurímac, quienes acusaron a Marisol Espinoza – Congresista por Piura - de estar detrás de la decisión de trasladar un costoso “Tomógrafo” tomando como referencia una carta de fecha 11 de agosto de este año, que la acusada habría enviado al presidente ejecutivo de Essalud – Álvaro Vidal -, pidiéndole explicaciones de por qué un tomógrafo que requería Piura desde hace cuatro años, aún no había llegado todavía. Al parecer dicha carta tuvo efectos inmediatos, puesto que el 6 de setiembre se hizo oficial el traslado del tomógrafo comprado para Abancay a la ciudad natal de la legisladora oficialista. 

Ante estos hechos, la vicepresidenta ha señalado que dicho equipo médico, lo había solicitado desde hace 4 años y además se trataba de un tomógrafo con capacidad de 6 cortes, mientras que el reasignado a Piura cuenta con 16 cortes, lo cual resulta contradictorio puesto que de la licitación pública internacional con la cual fue adquirido el tomógrafo, se desprende que esta se llevó a cabo recién a fines de 2010 cuando Essalud convocó a licitación pública para la compra de 8 tomógrafos, y otro tomógrafo adicional en el mes de abril de este año (de 16 cortes), siendo este el que debía trasladarse el Hospital II de Abancay en Apurímac, ciudad que alberga una considerable población que vive en la pobreza y la cual se encuentra ahora en una marcha de protesta debido a que este anhelado equipo médico nunca llegó, en vista de que el 6 de setiembre imprevistamente el gerente general de prestaciones de Essalud, aprobó que el equipo médico fuera reasignado al hospital José Cayetano Heredia de la ciudad de Piura, la misma que no se encontraba dentro de la lista de las ciudades beneficiadas por estos equipos.

Por otro lado, la vicepresidenta en su defensa replica acusando a los apristas - dentro de lo que se ha convertido en el nuevo discurso de defensa utilizado por funcionarios del actual gobierno ante cualquier denuncia producto de sus acciones– quienes actualmente manejan Essalud y estarían manchando su imagen para desestabilizar al actual gobierno filtrando información a los medios de comunicación.

Ante esta situación, resulta mortificante que un gobierno que tuvo como bandera en campaña electoral la lucha frontal contra la corrupción se vea envuelto en constantes denuncias y problemas que tengan que ver con el abuso de sus funciones como autoridad. Todas estas acusaciones representan una molestia para el actual gobierno quien tiene que lidiar con aparte de los problemas sociales que estarían por surgir en todo el país, con problemas internos protagonizados por miembros de su partido y figuras actuales de la actual gestión, quienes no pueden al parecer controlar sus impulsos por abusar de su poder mediático para hacer lo que mejor les parece sin respetar los procedimientos y mecanismos que establece la administración pública.

Por otro lado tenemos que tener en cuenta también que se debe tener mucha objetividad en las investigaciones, y que la noticia no se debe parcializar por ningún lado; recordemos que estamos al parecer en una guerra mediática de medios periodísticos influenciados por grupos de poder político y económico, que estarían buscando cualquier error del gobierno para sacarlo a la luz y sacar el mayor provecho posible demostrando con eso que la corrupción es “algo normal” que a todos los gobiernos les pasa y que este no estará ajeno del mismo.

Y es verdad, hay que tener cuidado del APRA, el fujimorismo y de sus medios aliados; no podemos distraernos con estos hechos, que como repito deben ser investigados rigurosamente por el Ministerio Público y el propio Congreso de la República pero sin caer en la especulación, tomando atención a lo que la Megacomisión vaya descubriendo de las próximas investigaciones que llevará a cabo de la administración del anterior gobierno aprista y sus manejos que tuvo con el erario nacional, el cual como todos sabemos, no tuvo nada de honesto y transparente. Es decir como se repetía en la campaña electoral pasada, de este gobierno podemos tener dudas, pero del anterior gobierno aprista, tenemos pruebas y muchas.

Finalmente señalar que este gobierno no debe engordar los argumentos que la oposición neoliberal pueda utilizar para desprestigiarlos y zafar de sus acusaciones pasadas, demostrando con eso que todos son pasibles de corrupción y es así como funciona el aparato estatal. Asimismo en el caso de la gestión de Susana Villarán, lamentablemente se está esperando por parte de sus opositores que fracase en su administración, es por eso que se tiene que poner las pilas y empezar a ejecutar obras a la par de los trabajos que viene haciendo con respecto a participación ciudadana. Sino los más favorecidos serán los que gobernaron mal en el pasado y que están con ansias de volver a cualquier costa, hasta con una revocatoria si es posible. Trabajar con transparencia, pero con efectividad y rapidez se requiere urgentemente.