LO BUENO, LO MALO Y LO FEO QUE VA DEJANDO NUESTRO PINTORESCO PERÚ

Palabras y acciones que reviven o matan pasiones

LO BUENO:

- PUESTA EN MARCHA DEL MIDIS-. Y el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que empezara como una propuesta de campaña, hoy es una realidad; y para tales efectos se ha nombrado como ministra de dicho gabinete a la Economista Carolina Trivelli, ex investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos quien a su vez es experta en temas de desarrollo rural y viene con todos los mejores pergaminos para dirigir la novísima cartera ministerial. Asimismo, cabe señalar que el trabajo que se desarrollará dentro del MIDIS radicará en el objetivo de que los ciudadanos que son beneficiarios de los programas sociales dejen de necesitarlos con el tiempo; para ello se pretende trabajar de la mano con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – MCLCP – a fin de vincular las experiencias que esta tiene, con las nuevas estrategias productivas a implementar. Esperemos que todo marche dentro de los planes programados por el bien de parte de la sociedad peruana que aún vive en la extrema pobreza y sobretodo que se encuentra alejada del verdadero desarrollo producto de una inmensa brecha de desigualdad.

- EL EJEMPLO DEL PADRE CORAJE-. Sin duda el peruano del año. La entrega y coraje del Dr. Ciro Castillo – Rojo, pasará a los anales de la historia peruana y por supuesto puede considerarse desde ya, un ejemplo de sacrificio y amor por su familia para todos nosotros. A más de 400 días de la desaparición de su hijo mayor Ciro Castillo en el Colca, este hombre jamás perdió las esperanzas y combinó a todos los peruanos para que en una cadena de plegarias, intercedan para que el sufrimiento de esta familia acabe pronto y se pueda encontrar el cuerpo del primogénito de los Castillo prontamente. Y así sucedió esta semana; justo cuando estaba por finalizarse la investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, un grupo de rescatistas financiados por el propio Padre Coraje, accedió a terrenos inhóspitos y agrestes dentro de la montaña, para que en lo que fuera su última búsqueda, pudieran hallar el cuerpo del joven Ciro sin vida en el fondo del abismo. Más allá del terrible desenlace para la familia, queda por un lado la tranquilidad para ellos de haber podido encontrar el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura, y por otro lado, el ejemplo para todos nosotros del verdadero amor que como señala la Biblia en la Carta del apóstol Pablo a los Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser.     

LO MALO:

-CHEHADE Y LAS BRUJAS DE CHACHICHE-. El primer gran golpe sufrido por el actual gobierno proviene desde su propia bancada, y es que el almuerzo que propiciara el segundo vicepresidente y actual congresista Omar Chehade en el restaurante Las Brujas de Cachiche, le está resultando demasiado caro, tan caro que estaría por poner en riesgo su propio cargo ejecutivo como vicepresidente de la república y hasta un posible desaforo del Congreso.

Las graves acusaciones dirigidas por uno de los convidados en ese desafortunado almuerzo, el general PNP en retiro Guillermo Arteta con respecto al ilegal favorecimiento de una de las partes (Grupo Wong) en el conflictivo caso de la azucarera Andahuasi, ha puesto en salmuera a Omar Chehade y en una pérdida parcial de la confianza de su partido y también del propio Gobierno. Por lo pronto el ex zar anticorrupción, ha tenido que dejar su cargo como miembro de la Megacomisión que investigará la gestión de gobierno anterior y es posible que no llegue a justificar su infeliz conducta ante la Comisión de Ética del Congreso y sea pasado su caso a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, y todo eso dentro de los 100 días de gestión como congresista, todo un record.

-LOS PRIMEROS SANCIONADOS POR LA COMISIÓN DE ÉTICA-.  Y ya no faltaría nada para que sean expedidas las primeras resoluciones de la Comisión de Ética del Congreso, conteniendo las sanciones que se aplicarían a los PARALAMENTARNOS Eulogio Amado Romero Rodríguez “Come Oro” y Elsa Celia Anicama Ñañez “Robacable”, quienes en un triste e insuficiente descargo realizado ante dicha comisión, no llenaron – como era previsible – las expectativas de sus demás colegas, por lo que serían además de suspendidos de sus funciones por 120 días; puestos ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales para su denuncia constitucional respectiva, previa conclusión de las investigaciones que ya viene realizando el Ministerio Público y que podría desencadenarse hasta en penas restrictivas de su libertad, de ser los casos.

 LO FEO:

-LA PRENSA AMARILLA Y EL CASO CIRO CASTILLO-. Parte del periodismo escrito y televisivo considerado serio en nuestro país, se vio envuelto en el sensacionalismo y la falta de respeto a sus lectores, al difundir imágenes de alto contenido violento con respecto al cuerpo hallado sin vida de Ciro Castillo. Este hecho morboso provocó la reacción de la sociedad a través de las redes sociales, que recriminó la actitud de estos medios por su falta de calidad en la información y el claro interés comercial que le dieron al impacto de esta noticia. En ese sentido los editores periodísticos de los medios agraviados, tuvieron que pedir las disculpas respectivas y comprometerse a una autorregulación ante hechos similares. Bien por las Redes Sociales.

 - REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES EN CHILE-. La represión en Chile – modelo de desarrollo tomado por muchos opinólogos – viene asolando a los jóvenes estudiantes chilenos de manera continua. Esta vez la violencia excesiva caracterizó el accionar de la policía chilena para reprimir las protestas estudiantiles consideradas pacíficas que demandan reformas en la educación de dicho país, luego de haberse cumplido cinco meses de estallado el conflicto. Sin duda el hecho de avanzar significativamente en la lucha contra la pobreza por parte del vecino país sureño, no se ha traducido en reducir las brechas de desigualdad que sufre actualmente su sociedad, en este caso con un servicio básico como es la educación. En ese sentido nuestro gobierno tiene que tomar como ejemplo estas coyunturas regionales para evitar caer en los mismos errores, traduciendo el crecimiento actual que tenemos en un verdadero desarrollo, reduciendo cuanto antes los índices de exclusión que existen y aprovechando los programas sociales para convertirlos posteriormente en motores de desarrollo productivo para sus beneficiarios.

Y LA REFORMA DEL ESTADO, ¿CUÁNDO?

Análisis y comentarios del VI Seminario de Reforma del Estado organizada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP.

Del lunes 24 al viernes 28 de este mes, se viene llevando a cabo en la ciudad de Lima, el VI Seminario de Reforma del Estado organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, con el tema Gestión Pública para el buen gobierno: balance y perspectivas. Resulta muy interesante comentar los diversos temas que se vienen tratando hasta el momento en este seminario, porque nos permite reflexionar sobre los problemas, avances y retos de la gestión pública en el Perú y asimismo encontrar pistas para su mejor desarrollo en el marco del inicio de un nuevo gobierno. Por otro lado, resultan beneficiosos los aportes que se pueden recibir de los expositores, porque de alguna forma permite mejorar el funcionamiento y estructura del aparato gubernamental y sus instituciones.

Este seminario se viene realizando en el contexto de un Estado que todavía alberga dentro de sus instituciones de gobierno, precisamente en el tema de gestión pública, falencias graves como: licitaciones realizadas por empresas privadas como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien se encargó de la supervisión de las grandes obras de la capital en la gestión del Alcalde Castañeda, pasando por encima diversos mecanismos de control institucional; por otro lado los problemas por parte del Gobierno para manejar los conflictos sociales como en Puno, en donde el contrabando y la minería informal no son debidamente tratadas, y el caso Bagua, en el que luego de pérdida de vidas humanas, se avanzó con la Ley de Consulta Previa.

Asimismo, en el tema de Descentralización también acusamos de un retraso evidente, en donde las transferencias de funciones no son acordes con la transferencias de recursos a las regiones, siendo los Gobiernos Centrales, los que todavía administran la mayor parte de los recursos sin delegar las tareas correspondientes a los Gobiernos Regionales. De igual forma sucede en cuanto a los problemas que arrastramos desde años, pero que han tomado fuerza hoy en día a raíz de los escándalos en el Congreso, como el debilitamiento de la institucionalidad de los partidos políticos y la urgente necesidad de una revisión a las leyes electorales que todavía promueven el voto preferencial, ocasionando con ello que los que más dinero y aportes otorguen a la campaña, sean los más favorecidos en las listas congresales, destruyendo con eso el partidismo y la carrera política que deben seguir nuestros políticos sin elitismo ni argolla evidentemente.

Se podrían enunciar mucho más deficiencias del Estado y su reforma urgente – cosa que no alcanzaría en esta columna - pero lo que sí no puedo dejar de precisar es en cuanto a la persistencia en la tradición peruana que gobernar es hacer obra, me refiero a la política de sembrar cemento, descuidando el rol de los gobiernos locales principalmente, de desarrollar la participación y cultura ciudadana con una visión productiva que promueva los valores de la sociedad y por otro lado, desarrolle sus capacidades para el forjamiento de su propio crecimiento social y económico a través de las MYPES y los gremios comerciales.

Habiendo repasado el contexto en el que se debate este seminario, quisiera aprovechar en las líneas siguientes, algunas de las conclusiones que se han llegado en los temas principalmente de: Capacidades Estatales, Comunicación Política y Control Institucional que afectan a la gestión pública en el Perú.

CAPACIDADES ESTATALES:

En América Latina a finales del siglo XX, se instaló en el debate público y académico, el rol del Estado como un actor clave para el desarrollo económico y social de los países. Esta responsabilidad estatal sin embargo ha sido ajena a la realidad por lo que a la fecha en muchos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, acusamos de un Estado lejano, que por más acciones que realice no logra solucionar los problemas de la sociedad, siendo uno de los factores principales la falta de Capacidades Estatales, producto principalmente de (señalando la teoría de Weber), un desmerecimiento a la importancia del reclutamiento meritocrático a la actividad pública, es decir el ingreso de personas sin una previa formación y pruebas de acceso en los diversos niveles de gobierno; desconociendo de esa manera, lo vital que resulta para un buen funcionamiento de la gestión pública, los ascensos relacionados con el desempeño de los empleados públicos, lo que actúa como recompensa a largo plazo de su crecimiento profesional como de su trayectoria.

COMUNICACIÓN POLÍTICA:

En la actualidad existe una tensión comunicativa en la gestión pública, la cual percibe a la persona con la visión de un usuario público, más que de un ciudadano, propiciando con eso que la relación entre política – administración no sea la más favorable, induciendo a su vez que exista una mala recopilación de información de la sociedad por parte del gobierno, la cual concluye en la formulación de ineficientes políticas públicas. Asimismo, vemos del otro lado que el Estado se comunica poco y si se comunica lo hace mal,  produciendo con eso un alejamiento de la ciudadanía, siendo uno de los grandes problemas sus propios medios de comunicación, que más que estatales, parecen de gobierno, debiendo ser por el contrario medios públicos que deben informar a través de una comunicación abierta y más democrática.

CONTROL INSTITUCIONAL:

En este aspecto se debe tener en cuenta que si no hay control en la gestión pública, existe un grave riesgo que lo planificado no se concrete. Dentro de ese criterio se debe tener en cuenta que un nuevo enfoque de control va más allá de las sanciones administrativas, las auditorías de desempeño y las especializadas, en la importancia de un control preventivo a través de las veedurías, con la finalidad de que se puedan solucionar los problemas cuando estos recién se están dando y se pueda comunicar los riesgos oportunamente.

Les invito a seguir las demás conferencias que se realizan en vivo a través de la web, linkeando la siguiente página hoy y mañana viernes a partir de las 6pm:

http://envivo.pucp.edu.pe/escueladegobierno/pruebaCon.html

Estoy seguro que a los interesados, les servirá en gran manera.

RETOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Lo trascendente es más allá de reducir la pobreza, acortar la desigualdad.

Y por fin se designó a la persona que se hará cargo del recientemente creado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que abordará las políticas públicas que más atención ha centrado el actual gobierno inclusive desde la campaña electoral, referida a la lucha contra la pobreza y la desigualdad entre los peruanos. La flamante ministra es la economista Carolina Trivelli Sporke, quien hasta hace poco se desenvolvió como Directora General del Instituto de Estudios Peruanos, la misma que cuenta con una alta experiencia como investigadora en temas de pobreza rural y desarrollo social. Dicha designación se llevó a cabo en la ciudad del Cuzco, aprovechando la primera Sesión de Consejo de Ministros descentralizada la cual ha creado una gran expectativa en la sociedad, que espera se pueda llevar a cabo eficazmente los programas sociales.

Como sabemos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS – administrará los programas Juntos, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), el Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (Pronaa), el Programa Wawa Wasi, además de los nuevos programas creados por este gobierno: Cuna Más y Pensión 65, quedando el Ministerio de la Mujer, como encargado de velar por las políticas públicas principalmente en los temas que tengan que ver con la igualdad de género. Para tales efectos el Gobierno designará inicialmente un presupuesto de S/. Dos mil Millones de soles y se espera que el MIDIS pueda realizar un trabajo coordinado con otros organismos de gobierno como son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y también con la participación de los diversos gobiernos regionales y locales, a fin de que se puedan articular los trabajos enfocados en las políticas sociales.

Tal como podemos apreciar, existe un delineamiento claro de los programas sociales a realizar y sobretodo un compromiso de articular a los demás entes del gobierno, a que sumen a esta ardua tarea de contribuir con la erradicación de la pobreza y eliminar las brechas de desigualdad en nuestro país. Sin embargo un aspecto importante que tiene que tener en cuenta el gobierno es que la eficacia de estos programas sociales pasa por la aplicación de políticas sociales que no sean permanentes, asistencialistas, ni mucho menos clientelistas; sino que por el contrario, la población de extrema pobreza pueda alcanzar la oportunidad de tener mejores condiciones de vida a través de estos programas sociales. En ese sentido el carácter de temporal, es el mejor calificativo que se le puede otorgar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en virtud de que los peruanos que viven en la extrema pobreza, no pueden seguir sobreviviendo en esas condiciones, pero a su vez, tampoco pueden pasar toda su vida dependiendo de estos programas sociales sin buscar una integración verdadera al sistema social y económico de nuestro país.

Un caso emblemático de cómo NO se deben aplicar las políticas sociales, es lo que sucede en nuestro país hermano de Ecuador, el mismo que cuenta también con un Ministerio de Inclusión Social promovido por el Presidente Rafael Correa, el cual curiosamente en vez de reducir la pobreza, la ha aumentado pese a contar con dicha cartera ministerial; y esto se demuestra con el incremento de la pobreza en dicho país que bordea el 35% y la extrema pobreza que estaría sobrepasando el 30%. Asimismo con el objeto de mantener una “alta popularidad” entre la población, su enfoque se ha basado en promover la inversión social en salud entre los ecuatorianos, transfiriendo cinco mil millones de dólares en lo que va de su gestión, con lo cual bajo ese régimen asistencialista, pretende tener asegurado el apoyo de los más pobres que seguirán siendo pobres, porque no conviene que salgan de esa situación.

Por otro lado, otro factor que paradójicamente se encarga de “excluir” a la población ecuatoriana es el aumento excesivo de la burocracia, la cual al puro estilo populista del primer gobierno del Apra, han pasado de 15 a 37 ministerios en lo que va del gobierno del Presidente Correa, es decir 22 ministerios de más que se traduce en 100 mil nuevas personas que han entrado al aparato burocrático, con lo cual no solamente traba la burocracia, sino que también extiende las brechas de desigualdad, a través de los altos salarios de sus funcionarios, los cuales están excesivamente por encima del millón doscientos mil pobres en Ecuador que viven con menos de un dólar al día.

Así como en Ecuador, la desigualdad sigue manteniéndose en auge a nivel mundial; ya sea en gobiernos populistas de dizque “izquierda” que promueven el asistencialismo y el clientelismo en sus países y que solamente adormecen el hambre con dádivas periódicas que buscan tener coaptadas a la población aprovechándose de su situación; como también de gobiernos liberales que se han centrado en promover un capitalismo abusivo, dejando que el libre mercado ordene las cosas sin tener el más mínimo interés por parte del gobierno de afrontar problemas de Estado como son la educación, la salud y el trabajo. Esa falta de intervención del Estado, es lo que ha erosionado actualmente en la marcha de los “indignados” por toda Europa y en los Estados Unidos, con lo cual se demuestra que países capitalistas por excelencia, hoy sufren del embate de sus propios pueblos, producto de su excesivo apego a los grupos económicos y sus políticas neoliberales, dejando de lado su papel como Estado regulador y promotor del desarrollo económico y social de sus sociedades. 

Bajo esa perspectiva, considero que nosotros debemos de trazar nuestro propio camino en lo que se refiere a políticas sociales; concientizándonos en primer lugar que el MIDIS no es un fin, sino un medio para buscar la igualdad de los peruanos, teniendo como uno de sus objetivos reducir la pobreza y la extrema pobreza, pero bajo un criterio responsable que busque integrar a estas personas a la actividad económica y social en un corto y mediano plazo. Estamos en una situación económica como país muy propicia para llevar a cabo estos propósitos, es el momento de empezar a acortar las brechas de desigualdad, promoviendo desde el Estado el aprovechamiento de los recursos provenientes de las inversiones en Educación, Salud y sobretodo en la búsqueda de proyectos productivos que integren al mercado laboral a las nuevas generaciones brindándoles la oportunidad de crecer en igualdad de condiciones, siendo para eso importante también la labor que cumplan los gobiernos regionales y locales en esta primera etapa de búsqueda de la inclusión social y paralelamente ir trabajando en el aspecto productivo dentro de sus respectivas jurisdicciones.

LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS DE CACHICHE

Así como en el futbol, el Congreso “no se mancha”.

Y al parecer este mal endémico de un desprestigiado Congreso no tiene cuando acabar. Cuando recién estábamos terminando de asimilar las denuncias hechas a la congresista “roba cable” y procesando la larga lista emitida por la Fiscalía de la Nación de actuales congresistas con procesos judiciales en pleno proceso de investigación mencionadas esta semana por el Presidente del Congreso Daniel Abugattas; se suma el reciente escándalo propiciado por el mismísimo segundo vicepresidente de la república y actual congresista Omar Chehade, quien en un acto de completa irresponsabilidad, se ha visto envuelto en un nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias en donde estarían implicados también miembros de la Policía Nacional del Perú.

Este nuevo revuelco salió a la luz a raíz de una investigación realizada por el IDL Reporteros, quienes informaron que habrían participado de una cena realizada en el conocido restaurante miraflorino “Las Brujas de Cachiche”, por un lado el congresista Omar Chehade con su hermano y un primo, y por el otro lado, un grupo de generales de la PNP, entre los que figuraban el actual director Raúl Salazar acompañado de los otros generales Abel Gamarra y Guillermo Arteta. Este tipo de reuniones, si bien es cierto no están prohibidas legalmente, si van contra la ética y transparencia que deben mantener las autoridades, para que puedan realizar reuniones en lugares adecuados como los respectivos despachos y oficinas institucionales, evitando así toda forma de malinterpretación por parte de la sociedad.

Al margen de este acto irresponsable reconocido también por el implicado principal Omar Chehade, se suma la denuncia propalada por el general Guillermo Arteta, quien aduce que fue citado a dicha reunión para que pueda encargarse del desalojo en Andahuasi con el fin de que la familia Wong tome posesión de la empresa azucarera que hace bastante tiempo se encuentra en un litigio judicial utilizando la policía para claramente favorecer a un grupo empresarial. Asimismo se agrega a la denuncia que, al no haber aceptado el general Arteta dicha proposición, fue pasado al retiro dentro de la reciente purga policial; por el contrario el General Salazar, al mostrarse más dispuesto a los requerimientos del segundo vicepresidente, fue promovido como nuevo Director de la PNP; con lo cual estaríamos frente a un evidente delito de tráfico de influencias, lo cual podría desencadenar luego de realizadas las investigaciones pertinentes, en un desaforo del congresista Chehade y su posterior apertura de proceso penal.   

Como se podrá recordar, el control jurídico de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA, se encuentra en una maraña jurídica en donde tres grupos económicos afirman ser los verdaderos  dueños de la empresa, entre ellos se encuentran, el Sindicato de trabajadores quienes actualmente cuentan con la administración judicial de esta empresa; el Grupo Bustamante quienes están reconocidos actualmente por la SUNARP como miembros del directorio, y el Grupo Wong, implicado también en este escandaloso episodio de gobierno, quienes al amparo de  CONASEV, fueron reconocidos también como parte del directorio de este gran laberinto jurídico. Es en este escenario, en donde innecesariamente representantes del gobierno, por cuenta propia meten sus narices y consecuentemente son cuestionados por sus malas prácticas y aparente parcialidad en procesos jurídicos en los cuales nada tiene que hacer.

Felizmente, el Gobierno ha tenido reflejos rápidos al tratar este delicado tema y tanto el Presidente del Congreso como el Presidente de la República han salido a manifestar su completo apoyo a las investigaciones pertinentes, dentro de un Estado de Derecho que jurídicamente respalda la inocencia del investigado hasta que se demuestre lo contrario. Por lo que es una muestra de que no se pretende blindar a las autoridades, por más que estas provengan del oficialismo las cuales deben ser sometidas a los procesos de investigación, ya sean a través del propio Congreso de la República, como también del Ministerio Público; en ese sentido, vemos que no hay un respaldo a la persona, como en anteriores gobiernos se ha hecho, por el contrario no se pretende avalar ninguna irregularidad, teniendo que asumir la responsabilidad de sus actos el congresista Chehade, si es que estos dan a lugar su culpabilidad.

Algo que tenemos que tener en claro, es que los anteriores escándalos como estos recientes actos intolerables y bochornosos protagonizados por nuestros actuales congresistas, tanto en sus legajos de vida con los que entraron al Congreso, como en su comportamiento posterior a su juramentación como tales, debe llevarnos a la reflexión de que la institución, como lo parafraseó en su oportunidad el jugador argentino Diego Maradona, “no se mancha”. Es decir, que los peruanos debemos defender la institucionalidad del Congreso de la República, sobre todas las cosas porque forma parte de nuestra esencia democrática. Esto lo menciono a raíz de las desafortunadas declaraciones del hermano del Presidente, Ulises Humala quien señaló que el Gobierno si decide cerrar el Congreso, sería aplaudido por la opinión pública, comparando el actual parlamento con el que cerró Fujimori en el autogolpe de 1992.

Esta posición del mayor de los Humala es inaceptable, y atenta contra la democracia, por lo que los peruanos debemos rechazarla contundentemente, respaldando por el contrario el Estado de Derecho en el que vivimos y que hemos recuperado después de más de una década de dictadura fujimontesinista. En ese entender, necesariamente el cuestionamiento más allá de la calidad de congresistas que tenemos, porque el problema ya está enquistado; debe trascender y centrarse en las reformas urgentes que deben propiciarse en el ámbito electoral por medio de la modificación del sistema de partidos políticos que actualmente tenemos, fortaleciendo por un lado la Ley de Partidos Políticos y los filtros que estos deben realizar al momento de exponer ante la ciudadanía sus candidatos a cargos públicos, y por otro lado, la atención que le tome la Comisión de Constitución del Congreso ante la propuesta del JNE para eliminar el voto preferencial a fin de promover la consolidación partidista, pero la cual debe implicar también el fortalecimiento de los partidos en sus elecciones internas a fin de garantizar la selección de sus mejores cuadros, pero sin favoritismo ni elitismo.

EL PERIODISMO Y LA DELGADA LINEA ROJA

El equilibrio que se debe mantener entre informar y difamar.

Del 14 al 18 de este mes se llevó a cabo en la ciudad de Lima, la sexagésima sétima asamblea general organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP (entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas), la misma que estuvo dedicada a tratar temas como el análisis de los adelantos tecnológicos y cibernéticos en la industria del periodismo, la violencia contra la prensa en el continente y por ahí un tema filtrado dada nuestra coyuntura nacional, referente a la despenalización de los delitos de prensa.

Esta asamblea coincide con los problemas que viene sufriendo la prensa peruana, sobretodo la que se rige fuera de Lima, a través de los constantes abusos a los que son sometidos periodistas independientes los mismos que son perseguidos judicialmente para callar su voz y buscar que sus investigaciones queden en el aire. Un caso emblemático es el del periodista de Pucallpa Paul Garay, quien ha sido puesto en la cárcel por un Fiscal a quien llamó “enano erótico”, en lo que se puede considerar como un exceso de la administración de justicia, puesto que el juzgamiento se realizó sin respetar el debido proceso y en una evidente venganza personal contra el periodista a quién todavía no se le ha demostrado culpabilidad alguna.

Por otro lado, casos como el mencionado anteriormente, si bien es cierto son merecedores del repudio de la sociedad debido al abuso de la autoridad. También existen otros casos por ejemplo de abuso del “periodismo” el cual lo vemos a diario en titulares noticiosos y portadas de diarios y revistas; el mismo Presidente Humala en la inauguración de la asamblea general del SIP, manifestó que había sido víctima (y somos testigos los peruanos) de una campaña de demolición orquestada por diversos medios de comunicación, los cuales inclusive contrataron específicamente comunicadores para que de forma parcializada y sistematizada lo ataquen, violando todo ejercicio responsable del periodismo y asimismo trayendo abajo dentro de plena campaña electoral, toda ética y decencia periodística persuadida por intereses económicos evidentes.

Es decir que el comportamiento reprochable no proviene tan solamente por parte de jueces y malos políticos, sino que hay que tener en cuenta y ser objetivos, en que también existen malos periodistas y es allí donde se centra el debate. Por un lado la autoridad considera que se debe castigar severamente y hasta con cárcel, a los periodistas que incurran en delitos de difamación, calumnia o injuria y asimismo en respuesta los periodistas piensan que estas medidas son excesivas y por el contrario se deben despenalizar los delitos de prensa, evitando así que exista alguna forma de censura que afecte la libertad de expresión.

Observando este panorama y queriendo llegar a una reflexión, cuáles serían las acciones que representan los extremos dentro de este debate separado por una delgada línea roja entre lo que es informar y lo que significa difamar por parte del periodismo.

Por un lado el SIP manifiesta que existen dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro continente, estos son: el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. En ambos casos la libertad de expresión, se ve restringida y limitada debido a que los dos persiguen un mismo fin que es controlar la información, ya sea por medio del asesinato de periodistas para que no difundan más investigaciones de los delitos de las mafias, o en todo caso la prisión o amordazamiento para periodistas que investiguen hechos de corrupción en los gobiernos autoritarios ajenos a la democracia.

Dentro de los países que más destacan en cuanto a problemas con la prensa tenemos: Argentina, el cual a través de organismos públicos pretende premiar u hostigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial y en un acto completamente ilegal, controlar el insumo de papel que utilizan los medios gráficos declarándolos de interés nacional. Bolivia, con la promulgación de dos leyes que amenazan cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Ecuador, con la propuesta de endurecer las penas por delitos de injuria sobretodo si afectan autoridades, lo cual viene ocasionando una autocensura de la prensa por temor a las represalias del gobierno y las consecuencias legales. México, considerado el país latinoamericano más peligroso y violento para ejercer el periodismo, contando en lo que va del año con cinco periodistas asesinados por los carteles de las mafias. Venezuela, en donde los mecanismos de censura son ejercidos de forma indirecta por parte del gobierno evitando que los medios ajenos al Presidente Chávez recurran a fuentes claves para realizar sus investigaciones.

Por otro lado, la sociedad y autoridades que se desenvuelven dentro de un juego democrático también cuestionan y condenan muchas veces el accionar de los medios de comunicación los cuales más se parecen a relacionistas públicos de los grupos económicos del país o del gobierno de turno que beneficia sus intereses económicos. Esto lo pudimos observar claramente en la campaña presidencial pasada, cuando se intentaba desprestigiar por todos los medios a una candidatura que representaba un cambio en la sociedad a nivel económico y social, ya sea contratando sicarios políticos para demolerlos o en su defecto, despidiendo periodistas independientes que defienden la pluralidad, objetividad e imparcialidad. En ese sentido entiendo que lamentablemente muchas veces existe una necesidad de relación comercial entre el gobierno de turno o anunciantes privados que solventan de alguna forma al medio de comunicación, pero eso no significa que se deba perder o vulnerar la verdadera libertad de expresión bajo un dicho popular que dice “caiga quien caiga” sin importar el “corazoncito” o en muchos casos el bolsillo.

Finalmente como podemos apreciar, existe un entrampamiento de índole legal, social y hasta moral los cuales deben de superarse por el bien de la verdadera libertad de prensa, en donde si bien es cierto lo que menciona el SIP en cuanto a que la prensa no es perfecta, pero un gobierno no puede calificarla, también es cierto que la autorregulación y la ética, constituyen las principales herramientas para un periodismo plural y objetivo. Es en ese equilibrio sin mordaza, pero también con responsabilidad por parte de los medios de comunicación para proteger más allá de la noticia, los derechos del honor y la privacidad de las personas, como debe realmente llevarse a cabo.

EL PERIODISMO Y LA DELGADA LINEA ROJA

El equilibrio que se debe mantener entre informar y difamar.

Del 14 al 18 de este mes se llevó a cabo en la ciudad de Lima, la sexagésima sétima asamblea general organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP (entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas), la misma que estuvo dedicada a tratar temas como el análisis de los adelantos tecnológicos y cibernéticos en la industria del periodismo, la violencia contra la prensa en el continente y por ahí un tema filtrado dada nuestra coyuntura nacional, referente a la despenalización de los delitos de prensa.

Esta asamblea coincide con los problemas que viene sufriendo la prensa peruana, sobretodo la que se rige fuera de Lima, a través de los constantes abusos a los que son sometidos periodistas independientes los mismos que son perseguidos judicialmente para callar su voz y buscar que sus investigaciones queden en el aire. Un caso emblemático es el del periodista de Pucallpa Paul Garay, quien ha sido puesto en la cárcel por un Fiscal a quien llamó “enano erótico”, en lo que se puede considerar como un exceso de la administración de justicia, puesto que el juzgamiento se realizó sin respetar el debido proceso y en una evidente venganza personal contra el periodista a quién todavía no se le ha demostrado culpabilidad alguna.

Por otro lado, casos como el mencionado anteriormente, si bien es cierto son merecedores del repudio de la sociedad debido al abuso de la autoridad. También existen otros casos por ejemplo de abuso del “periodismo” el cual lo vemos a diario en titulares noticiosos y portadas de diarios y revistas; el mismo Presidente Humala en la inauguración de la asamblea general del SIP, manifestó que había sido víctima (y somos testigos los peruanos) de una campaña de demolición orquestada por diversos medios de comunicación, los cuales inclusive contrataron específicamente comunicadores para que de forma parcializada y sistematizada lo ataquen, violando todo ejercicio responsable del periodismo y asimismo trayendo abajo dentro de plena campaña electoral, toda ética y decencia periodística persuadida por intereses económicos evidentes.

Es decir que el comportamiento reprochable no proviene tan solamente por parte de jueces y malos políticos, sino que hay que tener en cuenta y ser objetivos, en que también existen malos periodistas y es allí donde se centra el debate. Por un lado la autoridad considera que se debe castigar severamente y hasta con cárcel, a los periodistas que incurran en delitos de difamación, calumnia o injuria y asimismo en respuesta los periodistas piensan que estas medidas son excesivas y por el contrario se deben despenalizar los delitos de prensa, evitando así que exista alguna forma de censura que afecte la libertad de expresión.

Observando este panorama y queriendo llegar a una reflexión, cuáles serían las acciones que representan los extremos dentro de este debate separado por una delgada línea roja entre lo que es informar y lo que significa difamar por parte del periodismo.

Por un lado el SIP manifiesta que existen dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro continente, estos son: el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. En ambos casos la libertad de expresión, se ve restringida y limitada debido a que los dos persiguen un mismo fin que es controlar la información, ya sea por medio del asesinato de periodistas para que no difundan más investigaciones de los delitos de las mafias, o en todo caso la prisión o amordazamiento para periodistas que investiguen hechos de corrupción en los gobiernos autoritarios ajenos a la democracia.

Dentro de los países que más destacan en cuanto a problemas con la prensa tenemos: Argentina, el cual a través de organismos públicos pretende premiar u hostigar a los medios de comunicación de acuerdo a su línea editorial y en un acto completamente ilegal, controlar el insumo de papel que utilizan los medios gráficos declarándolos de interés nacional. Bolivia, con la promulgación de dos leyes que amenazan cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Ecuador, con la propuesta de endurecer las penas por delitos de injuria sobretodo si afectan autoridades, lo cual viene ocasionando una autocensura de la prensa por temor a las represalias del gobierno y las consecuencias legales. México, considerado el país latinoamericano más peligroso y violento para ejercer el periodismo, contando en lo que va del año con cinco periodistas asesinados por los carteles de las mafias. Venezuela, en donde los mecanismos de censura son ejercidos de forma indirecta por parte del gobierno evitando que los medios ajenos al Presidente Chávez recurran a fuentes claves para realizar sus investigaciones.

Por otro lado, la sociedad y autoridades que se desenvuelven dentro de un juego democrático también cuestionan y condenan muchas veces el accionar de los medios de comunicación los cuales más se parecen a relacionistas públicos de los grupos económicos del país o del gobierno de turno que beneficia sus intereses económicos. Esto lo pudimos observar claramente en la campaña presidencial pasada, cuando se intentaba desprestigiar por todos los medios a una candidatura que representaba un cambio en la sociedad a nivel económico y social, ya sea contratando sicarios políticos para demolerlos o en su defecto, despidiendo periodistas independientes que defienden la pluralidad, objetividad e imparcialidad. En ese sentido entiendo que lamentablemente muchas veces existe una necesidad de relación comercial entre el gobierno de turno o anunciantes privados que solventan de alguna forma al medio de comunicación, pero eso no significa que se deba perder o vulnerar la verdadera libertad de expresión bajo un dicho popular que dice “caiga quien caiga” sin importar el “corazoncito” o en muchos casos el bolsillo.

Finalmente como podemos apreciar, existe un entrampamiento de índole legal, social y hasta moral los cuales deben de superarse por el bien de la verdadera libertad de prensa, en donde si bien es cierto lo que menciona el SIP en cuanto a que la prensa no es perfecta, pero un gobierno no puede calificarla, también es cierto que la autorregulación y la ética, constituyen las principales herramientas para un periodismo plural y objetivo. Es en ese equilibrio sin mordaza, pero también con responsabilidad por parte de los medios de comunicación para proteger más allá de la noticia, los derechos del honor y la privacidad de las personas, como debe realmente llevarse a cabo.

LA SOCIEDAD, EL CONGRESO Y SUS “PARALAMENTARNOS”

Para que huir por mis delitos, si puedo postular al Congreso.

Si la gastronomía, nuestro turismo, artistas e intelectuales y hasta nuestro deporte, son razones por las cuales los peruanos nos llenamos de orgullo, pasa todo lo contrario cada vez que nos referimos a la política y sobre todo si mencionamos al Congreso de la República. Y es que dicha vergüenza nacional que sentimos todos, no pasa exclusivamente por catalogar así al Congreso como institución, sino que el repudio se basa en los ciudadanos que conforman dicha institución y que cada cinco años vienen con un prontuariado nuevo y se convierten en actores mediáticos no por su labor legislativa, sino por sus escándalos en el ejercicio de sus funciones o peor aún, debido a sus antecedentes policiales y penales que pretenden “limpiar”, postulando y llegando al Parlamento.

Y es que cuando se pensaba que había sido un mal y aislado episodio el sufrido hace apenas un mes, al enterarnos los peruanos que contábamos nuevamente entre nosotros, a padres de la patria que responden a los “alias” de: comeoro, proxeneta, contaminador y otros personajes más; se suma esta semana a través de una investigación periodística, la ahora llamada “robacable”, nos referimos a la congresista Celia Anicama Ñañez de Gana Perú, quien es propietaria de un negocio ilícito de pirateo de TV por cable, el cual pone a disposición señal robada a sus clientes en la ciudad de Pisco, por tan solo la “módica” suma de treinta nuevos soles; y que además de eso, tenía como negocio un Pub que servía como fachada para el ejercicio de la prostitución en dicha ciudad. Que tal “trayectoria” la que acompaña a nuestros actuales congresistas, y eso que vamos tan solo tres meses de gobierno.

Pero eso no es todo, todas estas denuncias la mayoría de ellas periodísticas, ha desencadenado en que el propio Ministerio Público, exponga ante la presidencia del Congreso, una lista en la cual once legisladores tienen investigaciones y procesos abiertos ante la justicia antes de que estos juramentaran como tales, entre ellos se encuentra el congresista por Moquegua Vicente Antonio Zeballos Salinas de Solidaridad Nacional, quien fuera acusado por Delito contra la fe pública ante la Segunda Fiscalía Superior de Moquegua, a quien lamentablemente para vergüenza de sus votantes es conocido hoy en día a través de los medios de comunicación como el popular “comechifa”.

Un dato que hay que resaltar es que la mayoría de estos once legisladores (es decir los que no fueron reelectos) investigados por el Ministerio Público, fueron acusados antes de ser congresistas, por lo que no podrán ampararse por medio de la famosa y desprestigiada inmunidad parlamentaria y asimismo tendrán que responder a los interrogatorios correspondientes sin necesidad de que el Legislativo les retire su “blindaje impunitivo”. Por otro lado, tendrán que responder también frente a la reciente conformada Comisión de Ética presidida por el Pastor Humberto Lay, para que proceda a examinar las sanciones correspondientes que pueden finalizar hasta en 120 días de suspensión. 

Estos once congresistas señalados por el Ministerio Público, ahora bautizados por este columnista como “PARALAMENTARNOS” peruanos, no son los únicos que deberían estar en la lista negra entregada a la Presidencia del Congreso, puesto que no estarían inmersos además de la señora “robacable”, otros siete congresistas más que son investigados por delitos de Peculado Doloso, Narcotráfico, Falsedad Ideológica, Defraudación Tributaria, Tráfico de Influencias, y otras acusaciones que podrían fácilmente completar un Código Penal. A razón de eso, si sumamos los casos en la Fiscalía y en el Poder Judicial, además de los denunciados por la prensa, los PARALAMENTARNOS investigados por distintos delitos llegan en total a cuarenta y dos, y eso que como mencione anteriormente, recién estamos empezando por lo que estaríamos a puertas de confirmar la leyenda de que cada vez tenemos un congreso peor que el anterior.

Pero haciendo un análisis en frío pasando de la indignación y la resignación a la reflexión; sobre quien recaería la responsabilidad de enviar al Congreso a cada impresentable muy aparte de nosotros por supuesto como ciudadanía; pienso que los partidos y movimientos políticos tienen aún mucha más responsabilidad, y esto debido a que por un lado como lo señaló @alvarezrodrich, el método de reclutamiento de las listas de candidatos, privilegia el dinero aportado al financiamiento de la campaña electoral, y esto lo podemos ver claramente reflejado en que la mayoría, por no decir todos los PARALAMENTARNOS cuestionados, son personas adineradas que aprovechándose de sus muchas veces ilícitos negocios, despliegan una gran cantidad de recursos que son bien recibidos por el movimiento político que los acoge, para que sin ningún reparo los coloquen preferencialmente en sus listas, sin antes realizar una revisión sanitaria de los legajos de vida de estos personajes, y peor aún que logrado el objetivo de llegar al Congreso, se colocan en comisiones que favorecen directamente sus respectivos negocios.

Por otro lado, está la responsabilidad del propio Congreso, que no realiza las reformas necesarias en la Ley de Partidos Políticos, para replantear la forma de hacer política y prever los mejores mecanismos de financiamiento de las campañas electorales, y esto debido a que son los propios congresistas los que se vienen beneficiando de este deplorable e inexistente sistema de partidos políticos. Por lo que finalmente comparto la opinión del Congresista Galarreta, en cuanto al debate que debe propiciarse en el Pleno del Congreso, a fin de establecer como mecanismo de castigo a los partidos y movimientos políticos, con la pérdida de un escaño congresal por cada congresista perteneciente a sus filas y que fuera desaforado. Esa podría ser una medida preventiva y/o en todo caso correctivo, a fin de que los partidos políticos asuman la responsabilidad de llevar al Congreso de la República algún proxeneta, ladrón o narcotraficante.