INCAPACIDAD DE GASTO PÚBLICO, UNA VERDAD A MEDIAS

Mejorar la eficacia en el gasto de las inversiones, es tarea de todos y también del MEF.

Estuve leyendo detenidamente la entrevista que le realizará hace unos días el diario La República al funcionario público con más poder dentro del gabinete ministerial y del propio gobierno, inclusive por encima del propio Premier Salomón Lerner, me refiero al ministro Luis Castilla, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. En dicha entrevista el ministro Castilla enfilaba su artillería en contra de las gestiones de los presidentes y alcaldes de gobiernos regionales y locales, a quienes responsabilizaba directamente de la conflictividad social que actualmente vive el país y esto debido al inadecuado gasto público que arrastran hace muchos años (es decir desde que se aperturaron las inversiones mineras en los 90’), y que producto de esa mala gestión, centenares de miles personas viven actualmente en la pobreza y no encuentran posibilidades de desarrollo porque justamente encuentran ausencia del Estado y no son beneficiados con el boom minero del que tanto alardean los gobernantes de turno.

Al parecer esta posición del Ministro Castilla se ve reforzada principalmente porque en los hechos existen regiones que desde hace años reciben cantidades extraordinarias de recursos, pero que no han logrado convertirlas en fuentes de desarrollo competitivo, productivo y eficiente para los pueblos que administran, por lo tanto no se mejora la calidad de vida de los pobladores ni se generan fuentes productivas alternas que permitan aprovechar la actividad minera, para fortalecer la agroindustria, la ganadería, la pesca u otras actividades de producción renovables. Para tales efectos, el MEF ha visto por conveniente aumentar el Presupuesto Público en S/. 8 mil millones anuales, (S/.95 mil millones en total de Presupuesto Público para el 2012) dentro de un marco que tenga como principal objetivo que la población sienta un impacto positivo en el desarrollo de su comunidad y que esta vez será monitoreada por la implementación de herramientas de control de gasto público como el Presupuesto por resultados.

Esta acción produjo naturalmente una reacción, la cual provino justamente del principal vocero de los gobiernos regionales, me refiero al Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien categóricamente rechazó tales acusaciones y por el contrario trasladó la responsabilidad de la ineficacia de gestión de la cual se le acusa precisamente al Ejecutivo, de quien refiere que es el que pone las trabas a través del MEF para que no se puedan agilizar los procesos de ejecución de las inversiones debido a la innecesaria burocracia que perjudica el accionar de los gobiernos regionales y locales.

Bajo esa perspectiva que pone en debate dos posiciones totalmente contrarias en un ánimo de “sacar cuerpo” del real problema que es el descontento social a raíz de la falta de no sentirse parte del desarrollo nacional, deben surgir interrogantes que no precisamente deben ser para buscar culpables o responsables de la conflictividad social actual, sino por el contrario, frente a esta problemática proponer alternativas de solución que permitan salir de este círculo vicioso que por años vivimos y al parecer nadie quiere abordar de manera directa y transversal desde el Ejecutivo por medio de la PCM y el MEF, hasta los gobiernos subnacionales.

Considero que las alternativas de solución van más allá de pedir más autonomía económica al MEF, aumentar el presupuesto público gradualmente o la más reciente que es establecer oficinas descentralizadas del MEF en todas las regiones (con lo cual originaría más burocracia y resulta innecesario debido al avance de las comunicaciones y la informática). Por lo que estas propuestas no están tratando los temas de fondo, por el contrario están dilatando un problema que tiene que ver principalmente con planificación y participación multilateral en las decisiones al momento de elaborar el Presupuesto Público cada año, la cual no se soluciona con ser aprobada finalmente por un Congreso escaso de legitimidad y con una cuestionada representatividad.

En ese sentido el problema medular de la incapacidad de gasto público por parte de los gobiernos regionales y locales, a mi modesta opinión, es la falta de un “Plan Nacional de Gasto Público”, el cual permita identificar de manera consensuada al momento de elaborarse el Presupuesto Público, los grandes proyectos a ejecutarse por parte de los gobiernos subnacionales los cuales deben estar enmarcados dentro de una política pública que oriente el gasto de inversiones hacia determinados objetivos nacionales. Por ejemplo si el actual gobierno tiene como objetivo la inclusión y el desarrollo social como proyecto a corto y mediano plazo, debe involucrar bajo esa misma propuesta a los gobiernos regionales y locales para que estos puedan diseñar su Plan de Inversiones Anual, distribuyendo un porcentaje considerable de su presupuesto a la ejecución de obras orientadas hacia ese objetivo nacional y lo demás distribuirlo dentro de su Plan de Desarrollo Concertado, el cual está orientado a solucionar su problemática local. Este porcentaje del Presupuesto Público orientado al objetivo nacional, puede ser propuesto por una Ley Marco o en todo caso resuelto dentro de la autonomía que debe caracterizar a los gobiernos regionales y locales y que este provenga de un Acuerdo de Consejo, lo importante aquí es que podamos orientar el gasto hacia proyectos de trascendencia nacional y que articulen un desarrollo planificado. Esta vez puede ser la inclusión social, de ahí el plan nacional puede demandar la promoción de la ciencia y la tecnología, etc.

Al parecer el gobierno tiene más o menos la idea pero está cayendo nuevamente en el centralismo, me refiero con esto al nuevo impuesto a las sobreganancias mineras y el recorte que estaría haciendo a las regiones con respecto al canon y regalías mineras, el cual pretende utilizar para resolver problemas al interior del país, principalmente en las regiones que no gozan de estos impuestos. En principio la idea es buena y necesaria dada la coyuntura actual, pero dentro de un marco de descentralización, lo que se necesita es que el gobierno ejerza más que un protagonismo que promueva la competencia con las regiones para ver quien ejecuta más obras, el liderazgo que establezca las líneas directrices de acción para la consecución de objetivos nacionales que articule a los gobiernos regionales y locales, y estos se vuelvan colaboradores de la gestión con autonomía en su economía, pero comprometidos con un Plan de Desarrollo Nacional. Esperemos que el gobierno apueste por trabajar en equipo.

INTRANSIGENCIA + PRINCIPIO DE AUTORIDAD = ESTADO DE EMERGENCIA

No es lo mismo un país en crecimiento, que un país en desarrollo.

Está bien culantro pero no tanto versa el dicho popular y al parecer resume la reacción del actual Gobierno en relación a la conflictividad que existe en Cajamarca tras once días de toma de carreteras por parte de un sector de la población, diálogos frustrados y oposiciones con sesgos ideológicos que están revestidas de una negación total a todo lo que tenga que ver con inversión privada en nuestro país. Esta conducta promovida por las propias autoridades regionales y  locales reforzadas por los infaltables frentes de defensa, han propiciado que el Gobierno dentro del Principio de Autoridad que le otorga nuestra Constitución declare en estado de emergencia por 60 días en las provincias cajamarquinas de Celendín, Hualgayoc, Contumazá y Cajamarca la misma que ha empezado a regir desde las cero horas del día de ayer lunes 05 de diciembre.

Esta drástica pero necesaria medida que toma el Jefe de Estado se debe principalmente al rechazo por parte de la población cajamarquina al cúmulo de situaciones previas que el propio Gobierno habría facilitado para que se levante el paro indefinido de la población en aras de establecer un diálogo que permita concertar ideas y llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas. Entre algunas de estas situaciones previas podemos nombrar por ejemplo la suspensión temporal por parte de la Minera Yanacocha del Proyecto Minas Conga, el viaje hacia el lugar del conflicto de una fracción del Gabinete de Ministros encabezado por el Premier Salomón Lerner y finalmente la negación de firmar un acta de entendimiento para levantar la medida de fuerza pese a que la mayoría de los dirigentes cajamarquinos coincidían con los planteamientos del Ejecutivo. Esta negación a llegar a un entendimiento razonable pese a las condiciones que se establecían para el diálogo y principalmente la situación caótica en la que muchos cajamarquinos vivían al transgredirse sus derechos por sus propios conciudadanos, motivó finalmente esta medida constitucional.  

Ante esta situación en la que nos encontramos, me pregunto si no resulta contradictorio que estas cosas sucedan dentro de un país que recientemente fue reconocido (una vez más) por las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional como uno de los países con mejor y mayor proyección de crecimiento en Latinoamérica que oscila más o menos entre 5% a 6% al año y sobretodo en un escenario de incertidumbre financiera que viene dejando a las principales economías mundiales en cuidados intensivos, y en donde cada vez se hace más difícil volverse un país atractivo para las inversiones. Sin duda, somos un país que viene creciendo cada año pero que no trasluce dicho crecimiento necesariamente en desarrollo, y esto queda demostrado en el alto índice de pobreza y pobreza extrema en la que todavía viven miles de cientos de peruanos que paradójicamente se encuentran ubicados en las zonas que actualmente son explotadas por la actividad minera, por otro lado la falta de servicios básicos como luz, agua desagüe, la desnutrición infantil, la falta de carreteras y telecomunicaciones reflejan todavía un país que no sabe cómo transformar dicho crecimiento que proviene principalmente de la minería, en desarrollo para sus pueblos. Creo que este es el tema neurálgico a tratar dentro de la conflictividad social, más allá de la responsabilidad social y ambiental que debe mantener y ser más estricta aún por parte de las empresas mineras en relación a la sociedad que los rodea.

Esta problemática que arrastramos hace muchos años de no poder conjugar inversión – descentralización – gasto público, se ve una vez más reflejada en Cajamarca, pero que en sí, es una muestra de lo que sucede en todo el país, principalmente en las regiones denominadas mineras. En ese sentido el Estado y las empresas tienen razón en parte cuando acusan a manera de afirmación que los Gobiernos Regionales y Locales son ineficientes e incapaces de poder beneficiar a sus pueblos con los recursos que son provistos a través del canon minero y las regalías mineras, pero habría que preguntarnos qué están haciendo estas para poder dar solución a este círculo vicioso de incapacidad de gasto y retorno de la inversión que todos los años ocurre y que lo peor de todo, recrudece la relación entre el Estado y la población que legítimamente reclama mayor participación en el desarrollo nacional. Estos reclamos tanto al Gobierno como a la Empresa Privada no están siendo bien focalizados en busca de una correspondiente solución puesto que los principales actores políticos para canalizar en desarrollo, las inversiones provenientes de la minería son precisamente los gobiernos regionales y locales.

Bajo esta realidad considero que mantener una actitud como la que está tomando ahora el Gobierno de delegar la responsabilidad a otros del gravísimo problema de gasto público tampoco es saludable, es tiempo que de una vez por todas se definan las políticas públicas que permitan mejorar el proceso de descentralización y se establezcan mecanismos que favorezcan el dinamismo en la ejecución de las inversiones por parte de los gobiernos regionales y locales, más allá de la implementación de instrumentos de gestión como el Presupuesto por Resultados que sin duda es un gran paso para fiscalizar la ejecución del gasto público, pero que aún le falta ser más propositivo en cuanto a las recomendaciones que impliquen un mejor desempeño en la gestión de las inversiones públicas.

En ese sentido el Estado tiene que tomar cartas en el asunto de manera urgente, porque no es posible que la población aledaña a las zonas de explotación minera sean los únicos que no se sientan a gusto con la minería en nuestro país, precisamente porque no son parte del desarrollo que tanto se alardea que deja esta actividad económica. Esta responsabilidad implica que tanto el Gobierno como también las empresas privadas puedan aportar ya sea de manera directa o indirecta para que los gobiernos regionales y locales cuenten con las herramientas y los mecanismos de gestión necesarios para tener una mejor capacidad de gasto que redunde en el beneficio de sus pobladores y asimismo promover la capacitación constante de sus funcionarios para que estos puedan desarrollarse profesionalmente y sean parte de la implementación de las mejoras a nivel de gestión y liderazgo. Tenemos que poner fin a las críticas y a “tirarnos la pelota” cada vez que ocurren conflictos sociales, es verdad que los gobiernos regionales y locales no están pasando por un buen momento, pero es hora que el Gobierno Central y las propias empresas privadas contribuyan a solucionar este grave problema que lamentablemente trasciende hacia la población que escucha de un país que crece, pero por otro lado mira que este no se desarrolla.

TRES PRECISIONES A RESCATAR DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL PERÚ

¿Resulta ser más difícil Gobierno, que tan solamente oposición?

Al parecer el Proyecto Minas Conga ha traído más de un dolor de cabeza a este todavía improvisado e inexperto gobierno en lo que se refiere al manejo de la conflictividad social y ambiental en el país, el mismo que se ha visto reforzado por imprecisiones y contradicciones al interior del propio gobierno a raíz del arcoíris ideológico que existe desde sus inicios cuando se conformo la alianza partidaria GANA PERÚ, el mismo que predeciblemente se podía augurar que traería problemas una vez instalado como gobierno, sobretodo al momento de abordar diferentes temas que tienen que ver principalmente con la inversión privada, el medio ambiente y el desarrollo social. Esta coyuntura conflictiva en la que se encuentra Cajamarca, puede desnudar de alguna forma los matices ideológicos y el “corazoncito” con la que algunos actores políticos se mueven en la esfera gubernamental y que justamente propician las disputas e improvisaciones al momento de abordar posibles soluciones en cuanto a conflictos sociales y la actividad minera. Pero que precisiones podemos rescatar de toda esta maraña social y política.

En primer lugar como uno de los orígenes del problema en Cajamarca es la falta de credibilidad que mantiene actualmente la población cajamarquina hacia el Partido de Gobierno Gana Perú, quien a través de su candidato y ahora Presidente de la República Ollanta Humala, promoviera en ese entontes una campaña presidencial con un mensaje aparentemente políticamente correcto que iba en contra de la actividad minera en el país incitando a la confrontación entre la incompatibilidad del agua y el oro en dicha región, lo cual hoy en día le viene cobrando la factura, porque vuelve al Presidente de la República preso de sus propias palabras lo cual es muy difícil de revertir ahora desde el otro lado del balcón como Jefe de Gobierno. Por lo que una primera precisión que debemos tener en cuenta es que en política las palabras trascienden en el tiempo y que se debe ser muy cuidadoso cuando se pretende acusar o levantar alguna bandera de tinte social, principalmente si no se conoce el terreno gubernamental, porque según lo que vemos es más fácil ser oposición a ser gobierno, y todavía es más complicado si no sabes si vas a poder ser consecuente con tus ideales debido al “sistema” que no te lo permite tan fácilmente.

En segundo lugar, podemos ser testigos del radicalismo ideológico con el que se mueven algunos de los principales interlocutores por parte de la población cajamarquina como el Presidente Regional de Cajamarca – Patria Roja - y el Presidente del Frente de Defensa – ex miembro del MRTA -, los cuales al parecer por ningún motivo pretenden ceder a la paralización de la huelga indefinida que mantienen pese a haberse suspendido temporalmente el Proyecto Minas Conga por parte del Gobierno y la Minera Yanacocha para dar paso al diálogo y la concertación de propuestas viables; esto demuestra que cualquier oportunidad es buena para saltar a la “fama” sobretodo si como autoridad no vienes cumpliendo con los requerimientos del pueblo que te ha elegido y legítimamente te exige ser más eficiente con tu gestión pública y ejecutar los proyectos de inversión que aterricen en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por lo que una segunda precisión es que no todos los políticos pueden ser buenos gestores públicos, para algunos puede más su forma ideológica de ver la política, que dar buenos resultados una vez sido elegidos como autoridades, con lo cual deja el campo abierto a quienes políticamente pueden ser unos tiranos, abusivos y hasta corruptos judicialmente comprobado, pero que finalmente hacen obras y amenazan con regresar.

En tercer lugar está el pasivo social, ambiental y ético con el cual impunemente se ha manejado empresarialmente la Minera Yanacocha con la venia de anteriores gobiernos, por lo cual tiene mucho que reconocer en cuanto a la responsabilidad que mantiene en todo este conflicto social y ambiental con la población de Cajamarca. Se podrían enumerar diversos factores que actualmente acrecientan la brecha de desconfianza entre empresa – sociedad, pero por nombrar una de ellas se encuentra el derrame de mercurio en el Centro Poblado de Choropampa – Cajamarca, el cual trajo consigo la intoxicación de alrededor de 1800 habitantes los cuales a la fecha todavía se encuentran en la desatención por parte de la empresa y los daños causados en el ecosistema son irreversibles. Por lo que una tercera precisión es que la empresa minera no puede ser ajena a esta situación y por el contrario debe ser paciente en el manejo de esta conflictividad, brindando todo su apoyo al Gobierno para que este pueda desarrollar su trabajo de mediador con la población sin presión comercial alguna y asimismo asegurarse que la población de Choropampa esté siendo resarcida en su totalidad por los graves daños propiciados por el lamentable episodio ambiental de la empresa.

Podríamos encontrar muchas otras precisiones que dejan hasta el momento esta conflictividad social y ambiental en la que nos encontramos, como por el ejemplo el manejo parcializado de la información de algunos medios de comunicación que fungen de interlocutores de la empresa privada los cuales acrecientan la confrontación entre la población y el gobierno; por otro lado el pasivo dejado por el anterior gobierno en cuanto al manejo abusivo de las concesiones mineras y su política del perro del hortelano, lo cual desembalsa en toda esta conflictividad expandida por todo el país; etc. En ese sentido, resulta imprescindible que el Gobierno dentro del principio de autoridad que le otorga la Constitución, no utilice este para reprimir y “meter bala” a los pobladores cajamarquinos, sino por el contrario en una nueva etapa de manejo del Estado, promueva el diálogo y la concertación por encima de las presiones radicales que provengan de cualquier extremo político e ideológico, persé la nueva Ley de ordenamiento territorial y las nuevas políticas públicas referentes al manejo social y ambiental que se implementen para las futuras inversiones mineras permitirá paralelamente blindar mejor al Estado en la conflictividad que por lo visto siempre va a existir.

UNA COSA ES CON GUITARRA Y OTRA CON CONGA (2da Parte)

¿Alguien puede sentirse victorioso con la suspensión de Minas Conga?

Estuve atento a la forma en que algunos medios de comunicación abordaban la noticia que se diera el día martes 29 pasado por la noche, cuando se anunciaba la suspensión del Proyecto Minas Conga por medio de un comunicado que extendiera la Minera Yanacocha en la cual señalaba que a causa de los acontecimientos ocurridos en Cajamarca y por exigencia de la Presidencia de la República, suspendían las actividades de dicho proyecto, en aras de restablecer la tranquilidad y la paz social y asimismo brindar las condiciones para un diálogo fructífero en busca de una solución concertadora. En ese sentido pude percibir que había una ánimo de “piconería” por parte de algunos conductores de televisión de espacios noticiosos de corte político, porque cada vez que señalaban la decisión finalmente tomada por la empresa minera y el Gobierno, manifestaban que habían ganado esta “batalla” los pobladores cajamarquinos, pero que “porsiacaso” este proyecto estaba solamente suspendido, más no se había acordado su cancelación definitiva.

¿Es acaso la forma de abordar una noticia de alcance nacional? Considero que dicho comportamiento solo acrecienta la brecha de parcialidad que mantienen algunos medios de comunicación con las principales empresas privadas, sin importar mucho que digamos, el restablecimiento de la paz y la apertura del diálogo por parte del Gobierno con los pobladores. Al parecer esta forma de manejar la noticia, tiene un matiz confrontacional con el cual pretende inferir en la opinión pública para que esta pueda crearse un concepto negativo de la lucha por la defensa del medio ambiente y la salud pública, la cual para estos comunicadores, se encuentra muy por debajo de los intereses y dividendos económicos que promueve la actividad minera a través de un alto costo social y ambiental.

Por otro lado, repasando un poco los acontecimientos que motivaron la suspensión de dicho proyecto podemos encontrar que al día sexto de la huelga indefinida promovida por los pobladores cajamarquinos, y tras una arremetida de las fuerzas policiales en contra de estos, la cual dejó como saldo 18 heridos de bala, la empresa minera Yanacocha decidió acatar todas las exigencias del gobierno para establecer una minería responsable que se comprometa a facilitar el restablecimiento del diálogo y la recuperación de la confianza de la población. Sin embargo, esta decisión fue rechazada en primera instancia tanto por el Presidente Regional de Cajamarca y el Presidente del Frente de Defensa, quienes intentaban continuar con el paro hasta que se emita un pronunciamiento por parte del Gobierno que declare inviable el proyecto minero.

Esta posición que demuestra una vez más la intransigencia de las autoridades a promover un clima de tranquilidad y de apertura del diálogo conjuntamente entre los pobladores cajamarquinos y la empresa minera, intenta debilitar los intentos del Gobierno para exigir a la minera Yanacocha que priorice el agua para consumo humano respetando todos los lineamientos que le exige la normatividad ambiental y sanitaria, porque detrás de un sesgo ideológico inútil que difunden en sus pobladores, señalan que la minería simplemente no va más en Cajamarca y que todo intento de diálogo y negociación es inútil, por lo que solamente esperan la decisión del Gobierno de cancelar la ejecución del proyecto Conga, poniéndolo a este contra la pared.

En ese sentido considero que el Gobierno no debe prestarse para el “ping pong” que intentan jugar por un lado los lobbystas que fungen de periodistas a través de sus presiones mediáticas que solamente tienen como fin, crear un contexto de apoyo incondicional por parte del Estado a favor de los intereses económicos de las empresas mineras, el cual promueven a diario a través de sus medios de comunicación, con lo cual vienen generando un clima negativo ante la población que percibe que existe alguna forma de parcialización hacia la empresa privada por parte del Gobierno. Y por otro lado, no dejarse manipular por parte de los agitadores sociales que fungen de autoridades regionales, que en vez de servir de articuladores para calmar las aguas y establecer el diálogo, incitan a los pobladores a sobredimensionar la forma de exigir sus demandas, la cual llega hasta enfrentarse a la policía y destruir la propiedad privada. 

Pero ¿hay acaso un victorioso con la decisión de suspender temporalmente el Proyecto Minas Conga?, pienso que sí existe un victorioso y este es el pueblo peruano, no podemos ponernos de parte de la violencia y la represión que tanto favorecería a los extremos radicales tanto de derecha como de izquierda, quienes están esperando que el Gobierno “pise el palito”, para sostener que nos encontramos ante un fiasco de gobernabilidad, que solamente puede ser solucionado por una mano más dura que imponga el orden ante la sociedad, favoreciendo los intereses privados por encima del bien común, o por otro lado, favorezca a seudos socialistas disfrazados ahora de ambientalistas que no quieren saber nada del capital extranjero, el cual es necesario para el desarrollo de nuestro país hasta que podamos ir forjando otros medios de desarrollo productivo que paralelamente vayan suplementando nuestro crecimiento económico. Pero con estas autoridades, esto es por el momento seguirá siendo una utopía.

UNA COSA ES CON GUITARRA Y OTRA CON CONGA

¿De la gran transformación a la gran continuación?

Muchos podríamos proponer diversas opiniones frente a lo que viene ocurriendo actualmente en Cajamarca y el confrontacional proyecto Minas Conga, para algunos que intentan promover la actividad minera a cualquier costo, dirán que los cajamarquinos son unos desadaptados y violentistas que están en contra del desarrollo económico y social del país y de su región; y por otro lado, aquellas personas que bajo la fachada de “ambientalistas” sostienen un discurso radical y extremista en contra de todo acuerdo consensuado que permita una salida razonable para las partes implicadas, porque simplemente la minería no va más, dirán que la empresa Yanacocha es una abusiva e irresponsable que está destruyendo paulatinamente el ecosistema cajamarquino. Es decir para todos los gustos y colores podemos encontrar argumentos que pueden coincidir, como también pueden ser totalmente contradictorios, sin embargo si existiera algo que debiera preocuparnos es que estos argumentos totalmente opuestos puedan ser expuestos por una misma persona en tiempos y situaciones totalmente distintas,  siendo este escenario de contradicciones más grave aún si la persona que cambia de posición tan drásticamente es actualmente el Presidente de la República.

Esta situación es justamente la que está viviendo nuestro actual mandatario Ollanta Humala en relación a su posición reciente como autoridad nacional, al señalar que el Proyecto Minas Conga va sí o sí; en contraposición a su postura como candidato presidencial por Gana Perú, cuando en la plaza central cajamarquina señalaba que de ninguna manera permitiría que se toquen los recursos hídricos de esa población. Quizás esta ambivalente conducta no debería extrañarnos,  total, supuestamente todos los políticos mienten y prometen hasta llegar al poder, pero siendo un poco más reflexivos, acaso no podríamos detenernos a pensar en ¿Cómo se sentirá el pueblo cajamarquino que votó por Ollanta Humala esperanzado en la gran transformación?, el cual dicho sea de paso representó el voto más duro y fiel en campaña electoral y que hoy aparentemente se ve engañado y traicionado por su propio elegido. Me imagino que el Presidente no podrá ni dormir pensando en los argumentos para sostener su novísima posición frente a la minería y el desarrollo económico que trae consigo para el país, el cual está superpuesto a los daños ambientales que esta también genera y que está debidamente comprobado.  

Por otro lado otro factor que pone escépticos a muchos en cuanto al viraje hacia la derecha que podría tomar el gobierno tomando como punto de partida la decisión final en cuanto a Minas Conga, es la abrupta salida del gabinete de asesores de la PCM, del controvertido sociólogo y ex miembro de la Comisión de la Verdad, Carlos Tapia, quien fuera también el escudero principal de Ollanta Humala candidato tanto en las elecciones del 2006 como en las del 2011. Según lo vertido por el reciente desalojado del gobierno, su separación se debe a las declaraciones que este realizó a un medio local, en contra del supuesto asesor presidencial Luis Favre, quien estaría interviniendo en las decisiones del gobierno sobretodo en los temas que tienen que ver con conflictos mineros en una clara parcialización hacia la derecha empresarial nacional, convirtiéndose en el principal lobby que le habla al oído al Presidente Ollanta Humala.

Esta lamentable situación al entorno del gobierno debiera ser rápidamente esclarecida por el propio Presidente, quien debe no solo ser, sino también parecer el Jefe de Estado que no se deja influenciar rápidamente por lobbystas que nunca faltan en los gobiernos, tomando para eso decisiones que promuevan un consenso desde una posición que favorezca a la población, la cual finalmente le brindó la oportunidad para realizar una verdadera y gran transformación en el país, la cual por mucho tiempo se ha visto postergada debido a los grandes intereses económicos que han pasado por encima de la voluntad de los pueblos destruyendo irreversiblemente a su paso el medio ambiente.

En ese sentido señalar también que no debemos caer en el juego de los que intentan desestabilizar al actual gobierno, principalmente los que provienen desde los medios de comunicación aliados a los poderes económicos y fácticos; los cuales en su intento de promover el desgobierno, señalan traiciones y engaños del gobierno hacia la población, con lo cual exacerban los ánimos de la gente generando posiciones radicales extremas de enfrentarnos directamente a la actividad minera y por otro lado, promoverla sin importarnos los daños que esta traiga consigo hacia el medio ambiente y la sociedad. A las finales lo que tiene que prevalecer es el entendimiento que pueda promover el Gobierno para que puedan llevarse a cabo tanto la actividad minera, como la agricultura y la ganadería sin imposiciones de ningún tipo. Bajo este contexto de lograr los acuerdos necesarios y si a causa de esto la empresa minera retrasa sus actividades extractivas, ¿cuál es el apuro?, acaso puede primar la recuperación de la inversión y la explotación del oro desmedida, sobre el acuerdo por el cual la población cajamarquina se sienta en cierta forma tranquila y apruebe en consenso el trabajo en sus tierras.

Finalmente considero que el diálogo será la principal herramienta que tendrá el gobierno para poder afrontar esta crisis nacional producto de la conflictividad social y ambiental acarreada por la actividad minera. Tenemos que ponernos en el escenario de qué hubiese pasado si otro grupo partidario sería el actual gobierno que estaría afrontando la problemática actual, ¿acaso PPK, Fujimori, Castañeda o el propio Toledo tendrían la credibilidad necesaria para negociar con las empresas mineras a favor de la población?, gracias a Dios que tenemos un gobierno (espero no equivocarme), más respetuoso de la voluntad popular y que en base a la concertación puede lograr beneficios que redunden tanto en la promoción de la actividad minera responsable, como en lograr el desarrollo económico y social que tanto necesita esa parte del país. Repito, espero no equivocarme.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO QUE VA DEJANDO NUESTRO PINTORESCO PERÚ

Palabras y acciones que reviven o matan pasiones

LO BUENO:

- LA COMISIÓN DE ÉTICA Y LOS SANCIONADOS-. En estos últimos meses la Comisión de Ética del Congreso de la República presidida por el pastor Humberto Lay ha sido la vedette que ha captado toda la atención tanto de la sociedad como de los medios de comunicación, debido principalmente a factores como la excesiva carga de trabajo que mantiene en relación a los más de 40 congresistas  con procesos de posibles inconductas y faltas al código de ética lo cual deja mucho que desear y demuestra notoriamente los vacíos institucionales que todavía existen dentro de la Ley de Partidos Políticos y la normatividad electoral, la cual no permite adecuar un verdadero e irrestricto filtro que evite exponer ante la ciudadanía cualquier persona que provista de recursos económicos para las campañas electorales, sean a su vez potenciales delincuentes. Asimismo, otro factor determinante para ocupar la atención mediática de la labor del Congreso interiorizada en la Comisión de Ética, han sido los casos más llamativos como los de Celia Anicama (Robacable), Eulogio Amado Romero (Comeoro) y el paladín de la anticorrupción el todavía vicepresidente de la República, Omar Chehade; los mismos que han sido merecedores de la máxima sanción disciplinaria propuesta por dicha comisión, la cual equivale a 120 días de suspensión de sus actividades congresales, la cual tiene que ser corroborada por el Pleno del Congreso en los próximos días y por otro lado, estarían pasando a la sub comisión de acusaciones constitucionales, lo cual podría agravar más su situación, siendo un posible desenlace el desafuero del Congreso, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el sometimiento a los procesos judiciales pertinentes. Así que esto recién empieza.     

- SE APRUEBA LA PLANTA PETROQUÍMICA EN EL SUR-. Una grata y desafiante noticia para las autoridades de la región sur del país es la firma de un acta de entendimiento firmada esta semana entre la empresa estatal Petro Perú y la empresa brasileña Braskem para el estudio y la construcción de una planta petroquímica la cual de forma estratégica se estaría ubicando en la ciudad de Ilo - Moquegua. Esta propuesta consta de tres etapas, la primera es realizar el estudio de mercado y análisis técnico – económico del proyecto el cual tiene una inversión de 5 millones de dólares y un tiempo de duración de un año; la segunda etapa que es referente a la ingeniería básica que abarca una inversión de 150 millones de dólares con un tiempo de duración de dos años; y finalmente una tercera etapa que implica la construcción de la planta la cual abarca un tiempo de duración de tres a cuatro años. En total la inversión para este ambicioso proyecto llegaría a los 3 mil millones de dólares y en un plazo de seis años estaría operativa la planta, la cual serviría para la producción de polietileno, insumo básico para la industria del plástico y sintéticos. En ese sentido las autoridades regionales y locales de Moquegua tienen que ir visualizando el trabajo que corresponde realizar a corto y mediano plazo a fin de promover las actividades tecnológicas capacitando a la población para que esta pueda ser parte de este ambicioso proyecto tanto en la construcción como en la operación del mismo.

 LO MALO:

-EL PASIVO SOCIO AMBIENTAL DEL APRA-. Sin duda la crisis y desconfianza que se vive actualmente entre el gobierno y la población comprendida dentro de la actividad minera viene desde la gestión aprista anterior, la cual se encargó de promover la minería en el país a costa de contravenir todo principio social, ambiental y de respeto a la población. Este pasivo de mala gestión gubernamental viene estallándole en la cara al actual gobierno que tiene que confrontar principalmente Estudios de Impacto Ambiental mal elaborados y aprobados de forma parcializada para favorecer a las empresas privadas y estas puedan recuperar rápidamente su inversión sin importar el costo social que ello implique. En ese sentido el gobierno tiene que sobreponerse a dicha situación y desde una posición mesurada, encontrar el equilibrio a fin de promover la actividad privada, pero con un irrestricto principio de responsabilidad social y ambiental que beneficie realmente a la población sin tratarlos como ciudadanos de segunda categoría como en anteriores oportunidades.   

-EL ACCIONAR DE LA AUTORIDAD REGIONAL EN LOS CONFLICTOS-. En la conflictividad social y ambiental recientemente registrada en Cajamarca, el accionar de su autoridad regional a mi parecer no ha sido el más correcto. Una autoridad es elegida para gobernar y defender los intereses de su región pero no de la forma en que su presidente Gregorio Santos lo viene haciendo promoviendo la agitación social y con una postura cerrada que por más dialogo que se promueva, le diga tajantemente NO a la minería, lo que demuestra una actitud irresponsable porque paralelamente no promueve actividades alternativas a su posición, a fin de garantizar proyectos que puedan sustituir a la actividad minera y asimismo su población – una de las más pobres del país – pueda tener oportunidades de desarrollo las cuales ni siquiera han sido aprovechadas a través de los actuales impuestos del canon minero. En ese sentido el protagonismo mediático y las ideologías trasnochadas, no contribuyen para nada y por el contrario dejan sin oportunidades de propuestas consensuadas a la población que gobiernan.

 LO FEO:

-LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS EFECTOS-. Como hemos podido apreciar esta semana, el enfoque social acerca de la violencia no sólo se debe centrar en lo que se registra en las calles ó en los estadios, sino que este terrible problema trasciende y se desarrolla dentro de lo que debería ser el lugar más seguro y protegido para el hombre que es su familia. Esta situación que por años vivimos y que ha tomado repercusión recientemente a raíz del asesinato de una menor de 9 años en manos de su propia desadaptada madre, debe llamar la atención efectiva tanto de las autoridades de gobierno como de las judiciales, a fin de planificar un trabajo social a nivel familiar que permita promover los valores familiares determinando posibles anomalías de nivel afectivo entre padres e hijos para tratarlas a tiempo y por otro lado, la justicia debe actuar con celeridad y precisión teniendo como principal misión, salvaguardar la integridad de los menores. 

- ROSARIO PONCE INICIA EN EL MODELAJE CON CIRO (TAIPE)-. Las imágenes de Rosario Ponce en un reciente desfile de modas hablan por sí solas, y es algo que no debería en realidad sorprendernos dentro de nuestra folclórica sociedad, pero igual creo que indigna, sobretodo en el contexto de supuestamente duelo que debería mantenerse producto de la muerte de su ex novio y sobretodo encontrado su cuerpo hace poco. Que lamentable en verdad esta nueva faceta marketera de la familia Ponce – López, en permitir todo lo que sea rentable para ellos sin respetar el dolor ajeno, y que pena también por la gente que seguro luego de indignarse por estos hechos, estará corriendo a las librerías para comprar su anunciado libro de lo sucedido realmente en el Colca. ¿Bueno en realidad da pena o da risa? Ustedes juzguen.

AHORA SI LA DERECHA TIENE PRESIDENTE

Del repudio a la legitimidad, como has cambiado pelona.

Causa extrañeza combinada con cierto humor, poder leer los últimos titulares de los principales medios de comunicación considerados de oposición, los cuales desde la campaña presidencial pasada hasta hace poco habían marcado un evidente distanciamiento en cuanto a todo lo concerniente a Ollanta Humala, esta evidente actitud movida quizás por un escepticismo económico ha sido cambiada ahora por una serie de halagos y comentarios afectuosos hacia quien otrora fuera el enemigo principal del libre mercado, el Chávez peruano o el cáncer o sida según la persona que a su criterio considere cualquiera de las dos enfermedades como la más terrible.

El Comercio, Perú 21, El Correo, La Razón, Expreso, Canal N, etc., han cambiado su enfoque –al menos temporalmente- en cuanto a la forma de ver este gobierno y todo a raíz de las últimas declaraciones que diera el Presidente Humala en relación al Proyecto Conga en Cajamarca y su correspondiente aprobación más allá de las presiones sociales que arraigaban dicha decisión. Titulares como: Se hizo respetar la autoridad, Conga va sí o sí, Ollanta patea con la derecha, etc., son expresiones que denotan cierta alegría camuflada y mucha complicidad con la posición que ha adoptado el gobierno en cuanto al respeto de los contratos mineros y la búsqueda de consenso de ideas para poder articular tanto la minería con el desarrollo social y el cuidado ambiental.

Asimismo reconocidos actores económicos también vienen incorporándose a este séquito de nuevos seguidores del actual gobierno, ahí tenemos por ejemplo los comentarios de Dionisio Romero Paoletti quien señala que ahora se encuentran muy a gusto con las decisiones del Presidente porque está haciendo las cosas correctamente; a eso también se suma Roque Benavides quien ahora expresa abiertamente que con las decisiones tomadas por el Presidente en relación a la actividad minera, está demostrando que quiere hacer un buen gobierno; a eso hay que agregar algunos comentarios de la Iglesia y otros poderes fácticos que en su conjunto y en resumen, ahora ven con buenos ojos la actual gestión de gobierno.

Esta endeble y novísima moción de apoyo por parte de la derecha empresarial más que ideológica, es sin duda circunstancial y va a ir de la mano conforme no vea sus intereses dañados ni se proclamen cambios repentinos en cuanto al rumbo económico de nuestro país; mientras este laissez faire continúe no va a existir ningún problema y el apoyo incondicional a través de titulares aduladores está garantizado. Sin embargo, por otro lado habría que preguntarse si este nuevo respaldo, conviene o no al Gobierno y si Ollanta Humala se la va a creer o no; al menos las últimas encuestas demuestran que producto del actuar del Gobierno en cuanto a la conflictividad social – ambiental, sumado al caso Chehade, ha repercutido en una baja de aprobación de su gestión, sobretodo en los sectores populares. Esperemos por el bien del país que el Presidente no se deje inflar el pecho y por el contrario utilice este nuevo acercamiento con la CONFIEP y la SNMPE para comprometerlos con el desarrollo del país, poniéndole más énfasis en las zonas mineras, que es justamente donde hay más pobreza.

Por otro lado como lo mencioné en artículos pasados, los extremismos y el radicalismo no contribuyen al desarrollo que necesitamos, posiciones como la del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, no contribuyen en nada como contraparte al espectro económico de la derecha que busca promover a como dé lugar las inversiones en nuestro país; tal como lo menciona Mirko Lauer en su columna de ayer, estos movimientos sociales que hoy en día ocupan gobiernos regionales y locales –como en Cajamarca-, no forman parte de la coalición de izquierda del actual gobierno nacional, por el contrario actúan como líberos políticos que tienen un proyecto propio basado en una propuesta radical, intransigente y populista, que se agrava todavía más, producto de los diversos actos de corrupción que ocurren al interior de sus gobiernos y peor aún la ineficiencia comprobada de sus gestiones en cuanto a la adecuada capacidad de gasto público, con lo cual buscan un figuretismo mediático a nivel popular agitando a las masas queriendo ganarse su aprobación, siendo por el contrario su deber principal, promover actividades productivas que generen oportunidades de desarrollo a su población.

Finalmente señalar que para tales efectos, la mejor forma de contrarrestar estas agitaciones populares promovidas cuestionablemente por las propias autoridades regionales, es la reacción rápida del gobierno en cuanto a la revisión de los cuestionados Estudios de Impacto Ambiental aprobados en la gestión neoliberal pasada de Alan García, garantizando que se realicen nuevamente pero de forma transparente y que sea evaluado por el Ministerio del Ambiente y no por el Ministerio de Minería para evitar conflictos de intereses. En ese sentido las empresas mineras deben brindar el apoyo necesario para que este proceso se realice rápidamente y ser de igual forma ambiental y socialmente responsables con los sectores donde realizan su actividad extractiva, quizás no sea como con el gobierno pasado que estaba a su disposición para cumplir todos sus requerimientos, pero esas son las condiciones actuales y a todos nos compromete acostumbrarnos, al fin y al cabo la seguridad y la paz social debe estar por encima de cualquier interés político o privado.