GRAVAMEN MINERO VS CANON MINERO

La agenda Nacional y los Proyectos de Inclusión Social sobre los Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales

A raíz de los tres proyectos de Ley sobre el nuevo gravamen minero presentado hace unos días por el Ejecutivo para la aprobación del Congreso, se ha generado todo un debate promovido principalmente por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y esto debido a que dentro del planteamiento para hacer efectivo el nuevo gravamen minero (llamado en la campaña electoral impuesto a las sobreganancias), se está considerando de alguna manera, restar en el aporte total que realizan las empresas mineras correspondiente al impuesto a la renta, con lo cual repercutiría directamente sobre el canon minero que se genera precisamente del 50% de dicho impuesto que pagan las minas, recursos que finalmente son repartidos entre los distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, regional o local.

Asimismo dicho planteamiento se podría agravar más aún, si se tiene en consideración que estamos a puertas de confrontar una nueva crisis mundial, la cual amenaza con la caída de los precios de los metales a nivel internacional por tres años aproximadamente, y por consecuencia menos ingresos por concepto de impuesto a la renta para el erario nacional y menos canon minero para las regiones y provincias; o en su defecto, menos recaudación para el nuevo gravamen minero que se pretende aplicar sobre el margen operativo de las empresas mineras; es decir por cualquiera de dos las formas, igual la reducción de recursos por concepto de la minería, es casi un hecho, debido a que el impuesto a la renta equivale al 30% de las utilidades de las empresas, las cuales podrían reducirse hasta en 15%, siendo la mitad de este monto, derivado al canon minero.

Recordemos que dentro de la agenda nacional de gobierno, el Estado pretende a través de la aplicación del nuevo gravamen minero, recaudar tres mil millones de soles anuales (lo cual fue saludado frente al óvolo de doscientos cincuenta mil soles anuales, obtenido por García en el gobierno anterior); utilizando dichos recursos para la implementación de políticas de inclusión y desarrollo social, con lo cual se pretende mejorar la calidad de vida de los peruanos, erradicando la pobreza extrema y reduciendo las brechas de desigualdad en el país.

Hasta ahí todo parece bien y creo que todos los peruanos estamos de acuerdo con dicha recaudación y los fines que se pretenden, el problema surge en la aplicación de dicho impuesto y los conflictos de intereses que se generan en su implementación, puesto que para muchos ese nuevo tributo no constituye un real impuesto a las sobreganancias mineras como inicialmente se pretendía, si no por el contrario, al trastocar el canon minero (como señalé anteriormente), serían los propios gobiernos regionales y locales, los que dejarían de percibir parte de su presupuesto que les corresponde, para beneficiar un proyecto nacional a través de la creación del nuevo gravamen minero; siendo las regiones “heroicas” que más sentirían dicha reducción y que la población más pobre les “agradecería”: Ancash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Moquegua, Junín, Tacna y Puno.  

Pero para mayores detalles, ¿Cómo se piensa aplicar este nuevo gravamen minero?; según los tres proyectos de Ley, en primer lugar se dará un trato diferente a las mineras con convenios de estabilidad tributaria. Estas mineras estabilizadas (Antamina, Cerro Verde, Barrick, Yanacocha, entre otras) representan el 60% del impuesto a la renta minero. Estas empresas son mayoritariamente compañías extranjeras, cuyos convenios de estabilidad tributaria las exonera del pago de regalías, y de cualquier cambio en el marco tributario actual. Ante este contexto, el gobierno acordaría mediante un contrato con estas empresas el pago de un gravamen voluntario, con la finalidad de que el monto anual obtenido se aproxime al total que pagarían las empresas sin convenios de estabilidad tributaria y que por Ley, sí les corresponde pagar regalías y que también estarían inmersas en pagar el nuevo gravamen minero. En resumen, estas mineras con estabilidad tributaria pagarían en el papel: impuesto a la renta, repartirán utilidades y el anunciado nuevo gravamen minero.

En el caso de las empresas mineras sin convenio, como Southern Perú o Buenaventura, la primera modificación está en el sistema de regalías. En la actualidad, estas mineras pagan regalías con una tasa de entre 1% y 3% sobre la base de las ventas. Ahora lo harán con una escala de tasas de 1% a 7%, pero sobre la base de las utilidades operativas (es decir, el monto que se obtiene de disminuir a las ventas, el costo de lo vendido y los gastos de operación), a estas nuevas regalías se debe sumar el nuevo gravamen minero. Es decir, estas empresas pagarían el impuesto a la renta, el reparto de utilidades a los trabajadores, las regalías modificadas y el nuevo gravamen; con lo cual se busca acercar tanto a las empresas estabilizadas como las no estabilizadas a un impuesto con una plataforma común, teniendo que pagar más impuestos, las empresas que más ganen. El problema surge para los Gobiernos regionales y locales, en que dicho nuevo gravamen minero, afecte directamente el impuesto a la renta; por lo que se estaría mezclando papas con camotes y no habría un verdadero impuesto a la sobreganancia.

Finalmente considero que este tema es muy sensible, porque ante esta negativa de los Gobiernos regionales y locales, fácilmente el Gobierno Central podría señalar que, en los últimos seis años, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna recibieron S/. 9 mil 44 millones por concepto de canon minero y no se han invertido en obras y proyectos que ayuden a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, acusando de una grave incapacidad para usar esos recursos. De 10 soles que reciben, 8 provienen del canon. Los gobiernos regionales y locales no gastan el 40% de lo recibido, siendo el sur del país, donde se concentra casi la mitad de desembolsos del canon, pero persisten altos índices de pobreza en Cusco, Apurímac y Puno. Por lo que este tema merece la mayor atención posible, debiéndose tratar como mucho sentido común y sobre todo con desprendimiento por ambos lados, teniendo en cuenta que los recursos son de todos los peruanos y lo que necesitamos es que nos garanticen que nuestras necesidades van a ser resueltas en base a una efectiva gestión, venga desde un proyecto nacional de inclusión y desarrollo social, a través de proyectos de inversión pública que impacten y mejoren la calidad de vida por parte de los Gobiernos regionales y locales; o mejor aún, que provenga de un trabajo conjunto que tanta falta hace.